Hoy no voy a centrarme en lo rural. No hablaré de los campos que me han ocupado media vida, ni de la tierra que uno aprende a escuchar como quien escucha a un hijo.
Hoy escribo desde otro dolor: el de ver cómo comenzamos a perder servicios que pertenecen a todas las personas, bienes comunes que deberían permanecer a salvo de cualquier intento de apropiación. Y entre ellos, el más esencial de todos: el agua.
El pasado jueves viví un desagradable acontecimiento en la reunión del Observatorio del Agua de Emasesa, a la que asistí como representante de Fundación Savia y donde, sin previo aviso y en un gesto que quebró la serenidad habitual de los organismos públicos, se confirmó que AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimientos y Saneamiento) fue expulsada del Observatorio del Agua de EMASESA, entidad pública que gestiona el agua en el área metropolitana de Sevilla.
Ante la noticia de que AEOPAS no había recibido la convocatoria, la Mesa Social del Agua de Andalucía, cuyo varios componentes son miembros, presentó un escrito en el Observatorio donde expone que “se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que ha regido este órgano desde su creación” y por tanto “reclaman su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo del agua…”.
La decisión cayó como un portazo seco, inesperado por AEOPAS y por nosotros pese a las cartas enviadas por AEOPAS durante meses -nunca contestadas- en las que se pedían fórmulas de colaboración, espacios de encuentro y mecanismos para reforzar la gobernanza compartida del agua. Esas misivas quedaron suspendidas en un silencio administrativo que hoy revela su verdadero significado.
Resulta especialmente doloroso porque AEOPAS no era un invitado circunstancial de este foro: era uno de sus principales impulsores, una de las columnas que sostuvieron la idea de que la gestión del agua urbana debía construirse entre todos, desde la cooperación técnica, la participación social y la transparencia como norma.
La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA no puede entenderse como un mero desacuerdo procedimental. Es un gesto que perfora la confianza pública, un síntoma claro de que algo profundo se está reconfigurando en el gobierno del agua urbana en Andalucía. Cuando se aparta del debate técnico a quienes han defendido la transparencia, la planificación y el interés general, lo que se está haciendo es vaciar de contenido los espacios de participación para que otras lógicas, muy distintas, puedan avanzar sin resistencia.
Desde hace tiempo se intenta instalar la idea de que da igual quién gestione el agua: público, privado o mixto; todo sería lo mismo. Pero ese discurso, tan cómodo para algunos, es la antesala de un proceso más amplio: la mercantilización del agua. Si se borra la diferencia entre lo público y lo privado, también desaparece la necesidad de proteger lo común. Y el agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio.
La expulsión de AEOPAS forma parte de ese movimiento. Su ausencia abre paso a organizaciones dominadas por intereses empresariales que presentan la gobernanza como un escaparate y no como un espacio vivo de control ciudadano. Cuando los órganos consultivos se llenan de entidades vinculadas a empresas adjudicatarias de contratos públicos, los límites del conflicto de interés se desdibujan, la transparencia se debilita y la ciudadanía pierde su voz en decisiones estratégicas que deberían pertenecerle.
Este proceso no ocurre de golpe. Es progresivo. Se va deteriorando la capacidad pública, externalizando funciones, reduciendo inversión, desgastando la estructura municipal… hasta que la privatización parece el único camino posible. Y siempre se repite la misma historia: lo privado se envuelve de modernidad; lo público se deja caer para luego declarar su supuesta ineficacia.
Pero todo esto no sería posible sin algo más grave: la permisividad, la mediocridad o la complicidad de una parte de nuestra clase política. Como denunció Matías Picavea hace más de un siglo, demasiados responsables públicos parecen “más preocupados por saquear que por planificar”. La frase era un aviso entonces y lo sigue siendo hoy.
Nos encontramos ante una encrucijada. Si permitimos que el agua se deslice hacia la lógica del mercado, estaremos renunciando a un derecho fundamental que pertenece a todas las personas por igual.
Si dejamos que se silencien las voces que defienden la gestión pública, estaremos aceptando que la democracia retroceda un paso más.
Hoy, más que nunca, tenemos que preguntarnos: ¿Queremos un agua gestionada para la ciudadanía o un agua gestionada para el beneficio Porque lo que está en juego no es solo la composición de un observatorio. Lo que está en juego es la dignidad de un bien común que nunca debió salir de las manos del pueblo.
Sobre este blog
En Abierto es un espacio para voces universitarias, políticas, asociativas, ciudadanas, cooperativas... Un espacio para el debate, para la argumentación y para la reflexión. Porque en tiempos de cambios es necesario estar atento y escuchar. Y lo queremos hacer con el “micrófono” en abierto.
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