La Diputación de Sevilla refuerza su inversión en VPO para racionalizar los precios: 350 euros al mes en alquiler y 115.000 en venta

“La vivienda no es un problema, es el problema”. Así define el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, una cuestión en la que considera que la institución provincial tiene mucho que decir, con aportaciones económicas directas, ayudas bancarias para que los ayuntamientos puedan financiar la construcción a interés cero y un urbanismo no especulativo que tiene como mascarón de proa el proyecto de Cortijo de Cuarto, que acogerá hasta 3.000 hogares protegidos.

El objetivo con estas iniciativas es no sólo aumentar la oferta inmobiliaria, sino que tengan acceso a la misma dos sectores “que se están quedando fuera del mercado” en palabras del propio Fernández: los jóvenes y las familias con menos recursos. De esta manera, y gracias a las condiciones que impone la Diputación para acceder a estas ayudas, las casas que se construyan no podrán tener un coste superior a los 350 euros al mes sin son en alquiler y de 115.000 en venta.

El primer paso en esta hoja de ruta se ha dado con el Programa Sevilla 2030, que prevé subvenciones que permitirán la construcción de 1.182 inmuebles en venta o en alquiler, en 37 promociones distribuidas por 31 municipios. La aportación directa de la corporación provincial es de 69,3 millones de euros, para financiar el 50% de las iniciativas de viviendas de alquiler, con un tope máximo de renta mensual de 350 euros al mes.

Acuerdo para la financiación

Asimismo, aportará 50.000 euros por cada inmueble destinado a la venta, cuyo precio no podrá ser superior a 115.000 euros. El resto de la financiación correrá a cargo de los ayuntamientos, que se pretende facilitar con un acuerdo que se ha suscrito con CaixaBank Andalucía. De esta manera, se establece un marco de colaboración entre la entidad bancaria y la Diputación para facilitar el estudio de cada proyecto (cada uno es diferente) así como su financiación.

El paso previo para ello fue la aprobación por unanimidad en el pleno de julio de una línea de ayuda financiera específica sin intereses, destinada a estas acciones de vivienda del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) dotado con 33 millones de euros en 2025. El FEAR funciona como una especie de ICO (Instituto de Crédito Oficial) con carácter provincial, gracias al cual el ayuntamiento de turno podrá recibir un préstamo a interés cero y sin gastos de comisión de apertura para financiar la parte que le corresponde.

El FEAR tiene dos líneas de actuación, la primera de las cuales es una ayuda financiera para actuaciones relacionadas con los gastos necesarios y previos al otorgamiento de licencia de obra, que podrán incluir, entre otros, los gastos técnicos y de planificación vinculados a la redacción de proyectos y/o estudios técnicos, gastos de licencias y gastos jurídicos y urbanísticos previos. Para ello, el municipio podrá solicitar hasta un máximo de un millón de euros. La segunda permitirá abordar actuaciones relacionadas con los gastos de construcción gestión, promoción y comercialización de las viviendas públicas protegidas, para lo que el consistorio podrá recibir hasta cinco millones.

La idea de un “urbanismo público”

El presidente de la Diputación defiende que estas iniciativas son posibles en aplicación de su convencimiento de que “el dinero público se tiene que usar para construir vivienda protegida igual que se hacen centros de salud, parques o colegios”, que discurre en paralelo con que “hay que abandonar la idea de que la solución corresponde únicamente al sector privado”. Asimismo, aboga por apostar no sólo por la vivienda protegida en alquiler sino también en venta, “un modelo que funciona” y al que quieren acceder muchas familias.

Fernández defiende así la idea de “un urbanismo público” que complemente al privado, pero que “contribuya a evitar la especulación con el suelo público” para así abaratar costes, poniendo para ello un ejemplo automovilístico: “Si hubiera sólo coches de alta gama tendríamos que hacer vehículos de protección oficial para que la gente accediera a ellos, pues con la vivienda lo que está ocurriendo es que toda es de alta gama”.

Por eso, insiste en que “hace falta la intervención pública muy contundente en el mercado”. A esto añade otro elemento para la reflexión, valorar la posibilidad de la “industrialización de la vivienda” construyendo elementos de los hogares en paralelo que luego se ensamblen llegado el momento. “Esto permitiría ir más rápido, abaratando tiempos y precios”.

El gran barrio de Quarto

Otra forma de este “urbanismo público” es lo que la propia institución provincial ha hecho con sus suelos de Cortijo de Cuarto, donde ha diseñado un proyecto sobre 150 hectáreas, de las que 70 serán zonas verdes. Ahí se está haciendo un “uso del suelo sin especulación”, una iniciativa que el presidente provincial considera que debe ser “un gran escaparate para Andalucía”.

El objetivo es apostar por un modelo equilibrado y de utilidad social, todo un nuevo barrio en Sevilla capital (bautizado como Quarto) con entre 5.500 y 6.000 viviendas, “de las que como mínimo 3.000 serán protegidas”. El proyecto, que está ahora en fase de tramitación urbanística, persigue que las VPO que aquí se construyan no cuesten más de 120.000 euros.