Cáritas se queda sin 700.000 euros: el reparto de ayudas de la Junta pone en riesgo sus proyectos sociales en Andalucía

La línea de subvenciones con fondos del 0,7% del IRPF a cargo de la Junta por concurrencia competitiva sigue generando dudas y críticas entre las entidades. En este caso, Fernando González, obispo de Córdoba, estima que Cáritas en Andalucía podría perder definitivamente 700.000 euros a raíz de la baremación que ha hecho la administración autonómica y que “obligaría a replantear proyectos, especialmente en algunas diócesis”. Con ello, afectaría a la acción social que realizan día a día a pie de calle con los colectivos más vulnerables.

La disminución de la cuantía económica produce “preocupación” entre los componentes de la organización, admitió. Pese a su carácter religioso, Cáritas es una de las organizaciones que puede beneficiarse de las subvenciones públicas dependientes de la recaudación del IRPF gracias a su cariz social. Sin embargo, y dada su distribución territorial, “cada diócesis depende del voluntariado o profesionales para tener mayor o menor autonomía financiera, así que se ha tenido que revisar los programas en función de los menores recursos”, destacó el prelado durante la presentación del informe IX FOESSA a preguntas de este medio.

La cuestión radica en que la puntuación que ha recibido Cáritas en la presente convocatoria ha descendido 10 puntos en comparación con ediciones anteriores. La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, fue la encargada de publicar el pliego de la convocatoria en mayo del año pasado. Así, las resoluciones definitivas se dieron en diciembre y los primeros efectos se empiezan a ver a principios de este 2026. A partir de lo explicado por el obispo, uno de los criterios para el reparto de fondos es el número de personas en plantilla que desempeñarán los programas sociales, “para lo que se había pedido que se agrupara a los trabajadores”. Esto provocó que, en vez de tener en cuenta los 800 empleados repartidos por toda Andalucía, solo se contabilizaran a los dos trabajadores que hay nombrados a nivel regional.

“Discriminados”

“Estamos preocupados y el diálogo está abierto [con la Junta] para solucionar este problema, porque supone una disminución de más de 700.000 euros que obliga a replantear proyectos”, expuso. Hasta la fecha, la Consejería de Inclusión no ha respondido a las preguntas de este medio.

Las declaraciones del eclesiástico de Córdoba se dieron después de que la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España lanzara un comunicado el pasado 27 de enero. Tras la reunión de los prelados de las diez diócesis andaluzas, señalaron que los criterios de la Junta de Andalucía para la distribución del IRPF suponían que “los pobres que Cáritas atiende queden discriminados con este reparto”. Si bien mostraron que están a la “espera de seguir dialogando”, la cuantía parece que no se recuperará en el corto o medio plazo.

Las subvenciones adscritas al 0,7% del IRPF cuentan con un presupuesto de 56 millones de euros y están divididas en dos líneas: programas de carácter provincial y de actuación supraprovincial. Cáritas formaría parte del segundo grupo, pero las adjudicaciones también provocaron la movilización de las pequeñas y medianas asociaciones. A tenor de las resoluciones, siete entidades formaron la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector con el propósito de unir fuerzas y pedir transparencia en los criterios de la Junta. A diferencia de años anteriores, se exigía una cuantía mínima de 15.000 euros en los proyectos presentados, a excepción de los relacionados con los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.

Esto implicaba inflar presupuestos, criticaban las asociaciones. Una práctica que no realizaron y que supuso una disminución de presupuesto o la eliminación en la baremación definitiva. Con ello, trasladaron que se ha procedido al despido de trabajadores o a la eliminación de programas de acción social. Una cuestión que afecta directamente a los colectivos vulnerables, los principales beneficiados de la labor que realizan. En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz recibió a la coordinadora para intermediar con la Consejería de Inclusión.