El juez Pedraz cita a Miguel Urbán para declarar como víctima del montaje de la cocaína que orquestó la cloaca del PP

El fundador de Podemos Miguel Urbán Crespo ha conseguido por fin que un juez escuche su testimonio sobre el montaje urdido contra él desde la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El juez Santiago Pedraz ha citado a Urbán como testigo en la causa que dirige en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos en la primera legislatura del Ejecutivo del PP, más intensas en 2016, cuando el partido estuvo cerca de gobernar. 

elDiario.es desveló en mayo de 2025 cómo Urbán fue investigado en aquel periodo por la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior a partir del testimonio de un confidente que aseguraba haberle visto vender 40 kilos de cocaína en el piso superior a un pub de Malasaña. 

El disparatado relato, monitorizado por uno de los mandos de la brigada política del PP, incluía cómo Urbán habría confesado a voces que la cocaína era de Venezuela y que su venta estaba destinada a financiar a Podemos. Antes de marcharse, el entonces eurodiputado habría volcado cocaína sobre la barra del bar e invitado a todos los clientes para celebrar la operación. Urbán, contaba el confidente, era un traficante de menudeo habitual de Malasaña.  

Ese mando policial es José Luis Olivera, hoy jubilado, procesado en el caso Kitchen y en el momento de los hechos director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Su firma está en los documentos que motivaron la apertura de las diligencias de la Fiscalía Antidroga que reveló este medio. El pasado 24 de noviembre, Olivera declaró en la Audiencia Nacional, como testigo, que él solo dio traslado de una fuente del CITCO y que ni siquiera sabía a ciencia cierta, en pleno apogeo de Podemos, quién era Urbán, por lo que tuvo que buscarlo en Wikipedia.

Durante su declaración, Olivera trasladó la responsabilidad de la Operación Cardenal –como se bautizó la investigación a Urbán– a dos subordinados en la etapa del CITCO, un comisario y un inspector jefe que el juez ha llamado a declarar el próximo 22 de enero como testigos a petición de la acusación particular, que ejerce Podemos. El día antes está prevista la declaración de la víctima del montaje, Miguel Urbán. 

La investigación a Urbán resultó un pretexto para dar el salto a las cuentas de Podemos y a su entonces líder, Pablo Iglesias. En la causa consta como investigado el policía Antidroga que utilizó la apertura de la Operación Cardenal para rastrear en las bases de datos al ex secretario general del partido. Cuando declaró en la Audiencia Nacional aseguró que siempre que se investiga a alguien por drogas se consulta a su entorno más cercano. 

De todas las personas que la Policía consideró cercanas a Urbán, la Policía escogió a Pablo Iglesias y a un senador de Podemos con apellido vasco y antigua militancia en la ETA que actuó durante el franquismo, Josetxo Arrieta. 

La primera querella

La querella que dio origen a la investigación de la guerra sucia contra Podemos incluía una conversación entre el número dos de Interior Francisco Martínez y uno de los comisarios de la brigada política. El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad dice a través de WhatsApp: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. Cuando el comisario Enrique García Castaño contesta “nada”, Martínez escribe: “¡Cagüenlaputa!”. La búsqueda sobre los antecedentes de Arrieta, que se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, se había realizado el 8 de enero anterior. 

Entre la documentación que la Audiencia Nacional solicita ahora a la Udyco de la Policía están las “fichas de los investigados” que se hubieran elaborado en el marco de la Operación Cardenal, así como “la totalidad de personas” a las que la unidad antidroga buscó en las bases de datos policiales con la excusa de la investigación por narcotráfico a Miguel Urbán. 

También a petición de Podemos, el juez Pedraz ha solicitado todos los “datos coordinables” que hubiera introducido la policía en esas bases de datos para realizar sus búsquedas y cualquier “documento interno de trabajo, notas o mensajes” que consten en los archivos policiales sobre la citada Operación Cardenal. El juez también se dirige al CITCO, el órgano que dirigía Olivera y de donde partió la declaración del confidente, al que se reclama cualquier documento relacionado con la investigación a Urbán. 

Urbán declarará como testigo en la causa por la guerra sucia a Podemos después de que una jueza de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, rechazara una querella que presentó en relación con el montaje. La Sala de lo Penal confirmó ese rechazo por una cuestión de competencia, pese a que en el momento de los hechos Urbán era europarlamentario. 

La causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente desde la admisión a trámite de la querella, en febrero de 2024, y gracias a las diligencias que va solicitando el partido, ante la inacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y entre confesiones y documentación que van acreditando las maniobras policiales contra la formación política.