Bolaños apremia al Poder Judicial a activar “de inmediato” el cuarto turno de juristas para cubrir las 500 nuevas plazas

El Ministerio de Justicia quiere revertir el “déficit” histórico de jueces del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio y cubrir así gran parte de las 500 nuevas plazas que se crearán este 2026. En un oficio remitido este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha tenido acceso elDiario.es, el departamento dirigido por Félix Bolaños urge al órgano de gobierno de los jueces a convocar “de inmediato” esta vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces, que busca empezar a revertir el déficit estructural de magistrados, enfrenta el reto de una implementación que no será ni mucho menos inmediata y que se produce en un escenario de tensión creciente con el CGPJ. Su presidenta, Isabel Perelló, dijo este martes ante el rey Felipe VI que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. 

La ley establece desde 1985 que de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría magistrado dos deben cubrirse por concursos por escalafón (antigüedad), una a través de pruebas de especialización (civil, penal, contencioso, violencia sobre la mujer...) y otra por este cuarto turno. Se llama así porque se suponía que sería una cuarta parte de las plazas: el 25%. La realidad es que solo el 9% de los jueces en activo ha entrado así debido al incumplimiento histórico del CGPJ. El Gobierno afirma que hay un “déficit” de 781 jueces elegidos por esta vía teniendo en cuenta todas las vacantes producidas en ejercicios anteriores, aunque el órgano de gobierno de los jueces lo reduce a 230, según las cifras recogidas en ese oficio. 

El Ministerio pretende que el CGPJ mueva ficha y convoque cuanto antes un proceso sobre el que tiene la competencia “exclusiva” ante “la necesidad de cubrir urgentemente las 500 nuevas plazas que se crearán” este año. Su movimiento se explica también por las enormes dificultades que tiene para dotar de personal a esas plazas por otras vías como la tradicional oposición memorística debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno. 

Por un lado, continúa en tramitación la ley que reforma el acceso a la carrera, que contempla la incorporación de 480 nuevos jueces al año durante los próximos tres ejercicios, así como la puesta en marcha de un proceso de estabilización que permitiría el acceso de alrededor de 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por otro, la ausencia de Presupuestos acota a 200 las plazas que se pueden convocar este año del llamado turno libre (la oposición) porque es el límite previsto en las últimas cuentas aprobadas, las de 2023, que se prorrogarán si no hay acuerdo parlamentario.

Como un efecto dominó

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Distintas fuentes presentes en esa reunión confirman que los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno está analizando esta petición, pero sus técnicos lo ven difícil, ya que la ley dice explícitamente que se pueden convocar “como máximo 200 plazas” para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Argumentan que en 2004 la redacción de la ley presupuestaria era más flexible. 

Es por ello que los representantes del Ministerio defendieron que la única opción para completar esos huecos de forma más o menos rápida es potenciar el cuarto turno, a quienes se sumarían los jueces de las últimas promociones que no tenían puesto de titular y, en última instancia, jueces sustitutos de la bolsa de casi un millar que hay en esta situación. 

Según datos del CGPJ, desde 2014 hasta la actualidad se han convocado 208 plazas para el cuarto turno: 11 en 2013, 50 en 2015, 12 en 2018, 50 en 2020 y 85 en 2023. Por contra, las plazas del turno libre han ascendido en el mismo período en 1.232. Son unas cifras que muestran el boicot permanente del órgano a una vía de acceso que es una especie de puente para que juristas ya en activo y con más de diez años de experiencia profesional –académicos, abogados…– se puedan convertir en jueces por medio de un concurso de méritos donde no se mide su capacidad para recitar de memoria el Código Penal.

Documentación interna del CGPJ reconoce un déficit de plazas del cuarto turno en la última década y recoge que “en la práctica no se vienen haciendo” las reservas que establece la ley, si bien rebaja la cifra a 88. El argumento es que las plazas del cuarto turno “se convocan a largo plazo” y “resulta poco operativo reservar plazas sin juez titular durante periodos de tiempo extensos”. Así, se ha dado preferencia a la modalidad de ascenso por escalafón con la tesis de que eso posibilita que se ofrezcan más plazas a las nuevas promociones que salen de la Escuela Judicial tras haber hecho la oposición. 

En realidad, el proceso del cuarto turno puede ser más ágil: tras superar un concurso con tres fases (valoración de méritos, dictamen y entrevista), su paso por la Escuela Judicial dura solo cuatro meses, en contraste con los dos años que requieren los aspirantes del turno libre. La última promoción del cuarto turno inició el proceso en febrero de 2023 y recogió sus despachos tres años después, en enero de 2026. En el turno libre, desde la publicación de las bases hasta la recogida de despachos celebrada este martes en Barcelona pasaron casi tres años y medio. 

Fuentes del CGPJ explican que se están valorando opciones para agilizar la convocatoria del cuarto turno. Esas medidas, que todavía están en fase de estudio, pasarían por realizar en primer lugar el dictamen y hacer la valoración de méritos de solo aquellos aspirantes que hayan pasado esa primera prueba.