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Un juez federal bloquea la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, muestra un plano del salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca durante una rueda de prensa con Mark Rutte.

Juan Gabriel García

Nueva York —
31 de marzo de 2026 21:49 h

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El proyecto megalómano de Donald Trump para construir un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca ha sido bloqueado por un juez federal. El magistrado Richard Leon ha dictaminado este martes que el presidente estadounidense carece de autoridad para financiar las obras, estimadas en 400 millones de dólares, mediante donaciones privadas. Leon ha subrayado que Trump no tiene amplia autoridad para realizar este tipo de cambios en la residencia presidencial, tal como sí ha defendido el magnate.

“El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de primeras familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!”, ha escrito el juez en un fallo de 35 páginas. Y ha añadido que “ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que dice tener”.

El pasado mes de octubre, Trump demolió buena parte de la sección oriental del ala este de la Casa Blanca. En esta área donde hasta entonces habían estado las oficinas de la primera dama y un cine, el presidente quiere erigir su salón de baile de más de 8.000 metros cuadrados. Las imágenes del futuro espacio, con grandes arañas doradas colgadas del techo y unos techos rematados en tonos dorados, se asemejan mucho a la sala de baile de Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Palm Beach.

Trabajadores demuelen el ala este de la Casa Blanca por orden de Trump el pasado mes de octubre.

La demolición de esta parte de la residencia presidencial el año pasado ya despertó críticas por parte de la oposición. Sobre todo porque el proyecto del salón de baile aún ni siquiera había sido aprobado por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la agencia que tiene jurisdicción sobre la mayoría de obras y renovaciones de edificios gubernamentales en la región.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica había pedido, en vano, parar la demolición, mostrando su preocupación de que el salón de baile de 8400 metros cuadrados “sobrepase la propia Casa Blanca”. La residencia ejecutiva tiene un tamaño de unos 5000 metros cuadrados. En su momento, numerosos demócratas también hicieron notar su preocupación por cómo Trump estaba cambiando unilateralmente lo que se considera el patrimonio de todos los estadounidenses. Ya entonces, el senador demócrata de California, Adam Schiff, compartía el martes una imagen de las primeras demoliciones y escribía: “Algunas metáforas se escriben solas”.

De hecho, en su sentencia, el juez Leon también exige a Trump que cite al menos una ley que le autorizara a demoler el anexo de la sala este sin ningún tipo de aprobación congresional. La administración ha estado sosteniendo que el Congreso ya autorizó implícitamente al presidente a realizar dichos cambios cuando destinó varios millones de dólares para la modificación y el mantenimiento de la residencia presidencial.

El bloqueo de este martes es el resultado de una serie de litigios entre el magistrado Leon y los abogados de la Casa Blanca. Anteriormente, el juez ya había bregado con los argumentos del departamento de Justicia para poder demoler la zona del ala Este. En uno de los muchos escritos, Leon remarcó que la Casa Blanca no se puede comparar a cualquier otro proyecto de patrimonio del país. Se trata de “un lugar especial”. “Es un símbolo emblemático de la nación”, decía.

Más allá de la cuestión de patrimonio histórico y del impacto visual que tendría el salón de baile -es mucho mayor que el resto del edificio-, también han suscitado preguntas la financiación. Las obras se están llevando adelante mediante donaciones privadas y entre los grandes mecenas, vuelven a estar las grandes tecnológicas. Google, Amazon y Palantir. La pregunta que flota en el aire es si los directivos de estas compañías recibirán un trato especial, u otros beneficios, a cambio de desembolsar dinero para la construcción.

Poco antes de que se conociera el fallo judicial, Trump ya había cargado en su red social contra una demanda que el Fondo Nacional para la Preservación Histórica le ha impuesto. El presidente tachaba a la agencia de ser un “grupo de lunáticos de izquierda” por las dos querellas que ha presentado: una por el salón de baile y otra por la reciente decisión de reformar el Kennedy Center. Según anunció en su momento el magnate, la remodelación del centro de artes en Washington podría implicar tener que demoler el edificio “hasta los cimientos”. 

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