El TSJ de Castilla-La Mancha anula la zona de bajas emisiones de Guadalajara

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara que había sido aprobada en el pleno municipal del 1 de marzo de 2024 por el equipo de Gobierno de PP y Vox.

La resolución judicial se produce tras el recurso interpuesto por la Asociación Liberum y declara la nulidad de la citada ordenanza “por ser contraria al ordenamiento jurídico”. No obstante, el Alto Tribunal castellanomanchego abre la puerta al recurso de casación ante la Sala tercera del Tribunal Supremo.

El tribunal ha basado su decisión en la inexistencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyera la zona de bajas emisiones y que, de hecho, el propio ayuntamiento ha reconocido que ese plan se modificó para incluir la ZBE, pero ya después de que hubiera sido aprobada. Eso, dice la sentencia, “es incompatible” con la ley.

Con esta tesis en la mano, el Alto Tribunal no ha entrando en el resto de 'pegas' -unas cuantas- planteadas por la Asociación Liberum por pura “economía procesal”.

¿Qué denunció la asociación que recurrió la ordenanza?

La asociación, que ha presentado recursos en otras ciudades de España como Valladolid, alegó “defectos en el procedimiento de elaboración de la ordenanza y falta de documentación esencial. Y es que, decía la demanda, el Ayuntamiento de Guadalajara no creó la ZBE mediante un instrumento de planificación sino a través de la propia ordenanza. Tampoco se usó un procedimiento regular para hacerlo.

La demandante reconoce que existe una memoria sobre la zona de bajas emisiones que data de octubre de 2022 - cuando todavía gobernaba el PSOE- como documento preparatorio, pero no hay uno “definitivo” que cumpla los requisitos del Real Decreto que regula las ZBE y su implantación en España.

También se cuestionaba la participación ciudadana y el proceso de exposición pública antes de poner en marcha la zona de bajas emisiones. “No se ha acreditado de manera bastante la consulta pública previa”, señalaba la asociación. La demanda añade que hubo “una tramitación irregular de las enmiendas” y que de hecho una de las enmiendas se aprobó sin el preceptivo informe de la Secretaría General o de la Intervención General del Ayuntamiento de Guadalajara.

Se destaca, por otra parte, que la propuesta de acuerdo tiene fecha anterior anterior al debate y votación de las enmiendas en Comisión Informativa por lo que los demandantes consideran que el procedimiento fue “incorrecto”.

Además, hicieron ver en la demanda que hubo modificaciones sustanciales sobre la propuesta original sin que eso pasase de nuevo por información pública, para abrir de nuevo posibilidad de alegaciones o que “no hay análisis riguroso de costes y beneficios, ni del impacto presupuestario de la norma”. Tampoco sobre las consecuencias económicas para ciudadanos, comerciantes, empresas y profesionales afectados por la restricción del tráfico.

Por otro lado, faltan informes de las áreas municipales de urbanismo, medio ambiente, policía local o servicios sociales, señala la sentencia, hasta el punto de que se producen contradicciones como que la ZBE permitiría el acceso de vehículos de hasta 18.000 kilos, cuando la Ordenanza General de Circulación lo impediría a vehículos de más de 10.000 kilos.

Ni siquiera se ha acreditado la necesidad o la idoneidad de las restricciones precisamente en la zona afectada por la ordenanza. Finalmente, la demanda señalaba la “incompetencia de la Junta de Gobierno Local para modificar la ordenanza”.

El Gobierno de PP y Vox rechazó el recurso alegando que su ordenanza se ajustaba a derecho, que toda la tramitación había sido “rigurosa y respetuosa” con la ley o que la memoria que data del anterior gobierno socialista resultaba “suficiente”.

Una ordenanza de ida y vuelta en cuanto a su entrada en vigor

La ordenanza que ahora se declara nula por la Justicia ha sufrido además diversos vaivenes en el último año y medio. Durante todo este tiempo, tras aprobarse la ZBE en 2024, el Gobierno de PP y Vox, ha retrasado en varias ocasiones su entrada en vigor primero, y después el cobro de sanciones. La última se ha producido hace apenas unos días.

El pasado mes de marzo el gobierno de PP y Vox al frente del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó retrasar, de nuevo, esta vez hasta finales de 2027, las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones y además decidió que esta zona de restricciones solo se activará si hay “una mala calidad del aire”.

Todo ello después de que el concejal responsable de Casco Histórico, de Vox, Víctor Morejón, asegurase literalmente en una publicación en las redes sociales: “Me paso la Zona de Bajas Emisiones por el forro de lo que rima con emisiones”.

El partido ultra viene negándose a aplicar este tipo de normativa, que viene impuesta desde la Unión Europea y que es obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes para evitar la contaminación en las zonas con mayor afluencia de vehículos.

El PP saca pecho al anunciar que empezará, de nuevo, el procedimiento

Tras conocerse la sentencia, sus socios en el ayuntamiento, el PP, han interpretado que la resolución judicial que anula la ordenanza “refuerza” su postura. Así lo ha dicho hoy el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban.

Si el Alto Tribunal dice que no se han hecho las cosas bien con la ordenanza, por parte del actual gobierno, lo que señala el concejal, en cambio, es que eso les permitirá impulsar una nueva normativa “más flexible” y adaptada a la realidad de la ciudad, según recoge Europa Press, sin aludir a que no se habían hecho bien los deberes, tal y como señala la sentencia.

Esteban ha dicho hoy que la sentencia “no anula la obligación que tenemos los municipios de más de 50.000 habitantes de tener una zona de bajas emisiones”, aunque de facto habrá que volver a empezar un nuevo procedimiento y las limitaciones que marca Europa para evitar la contaminación seguirán sin aplicarse en Guadalajara.

El concejal del PP ha aprovechado de paso para cargar contra el Gobierno de España. Tras pedir “sentido común” en la aplicación de este tipo de normativas valorar que “los tribunales están aplicando la lógica que debe imperar” ha comentado que “hay que revisar la norma a nivel nacional y no aplicar el 'café para todos'”.

Cambios en la zona ORA de Guadalajara

En paralelo, también a preguntas de los periodistas, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara ha defendido el nuevo sistema de estacionamiento regulado, ORA, en la ciudad que se pondrá en marcha en unos días. Señala que se escuchará a los vecinos y no descarta introducir cambios si se detectan problemas en su funcionamiento.

“Lo primero que tengo que decir es que el Ayuntamiento escucha a los vecinos siempre”, ha afirmado Esteban, en respuesta a las críticas surgidas tras la implantación del nuevo servicio, que incluye zonas de estacionamiento limitado y modificaciones en la regulación del aparcamiento.

El edil ha explicado que el nuevo modelo responde a una realidad común en las ciudades: el incremento del número de vehículos. “Donde antes había uno o ninguno, ahora hay dos o tres -coches- por vivienda”, ha señalado, justificando la necesidad de ordenar el espacio público.

Entre las principales novedades, ha destacado la creación de 220 nuevas plazas para residentes, una de las principales demandas vecinales. “Se ha escuchado a los vecinos incrementando el número de plazas de residentes”, ha subrayado, apuntando que estas tendrán un coste reducido, “por menos de tres euros al mes”.

Además, ha avanzado la incorporación de un aparcamiento disuasorio con 450 plazas junto al instituto Brianda de Mendoza, que funcionará como zona verde con un coste de dos euros al día. “Van a ser muchas las personas que podrán dejar allí el coche todo el día”, ha indicado. Respecto al funcionamiento del sistema, Esteban ha recalcado que el objetivo no es recaudatorio, sino mejorar la movilidad y facilitar la rotación. “Se trata de hacer compatible el uso del aparcamiento para todo el mundo”, ha afirmado.

También ha aclarado que los límites de tiempo en la zona azul se mantienen sin cambios. “No hay ninguna novedad, los límites de dos horas más otras dos ya existían”, ha explicado, frente a algunas críticas detectadas.

El concejal ha reconocido que el sistema se encuentra en fase de implantación y ha pedido tiempo para evaluar sus resultados. “Hay que dejar que las cosas se asienten, ver cómo funcionan y comprobar si producen más beneficios que perjuicios”, ha señalado.

En cualquier caso, ha abierto la puerta a posibles modificaciones. “Si en algo nos hemos equivocado o hay que rectificar alguna cuestión, por supuesto que se hará”, ha asegurado, insistiendo en que el Ayuntamiento atenderá las reclamaciones vecinales.

Finalmente, Esteban ha defendido que la regulación del estacionamiento es clave en el actual contexto urbano. “La movilidad y el aparcamiento son un problema en todas las ciudades”, ha concluido.