El PSE remite a la Audiencia Nacional el contrato firmado por Alonso a empresas vinculadas con la Gürtel
El contrato que firmó el ex alcalde de Vitoria y actual portavoz del PP en en el Congreso, Alfonso Alonso, con empresas vinculadas con la trama Gürtel va a llegar a la Audiencia Nacional. El PSE ha decidido remitir la información recopilada al juez Pablo Ruiz que investiga este caso de corrupción. Los socialistas han adoptado este paso tras la comparecencia urgente de esta mañana del alcalde Javier Maroto para aclarar las dudas sobre el contrato de la planta de Gardelegui adjudicado a una empresa vinculada a la trama Gürtel. “Le hemos dado una oportunidad para explicarse y para que responda a nuestras preguntas y no lo ha hecho”, ha reprochado al alcalde la concejala socialista Maite Berrocal. “Por ello vamos a elevar a la Audiencia Nacional todo lo descubierto hasta el momento para que obren de la manera que consideren oportuna”, ha adelantado Berrocal antes de escuchar el segundo turno de intervención de Javier Maroto.
Maite Berrocal ha desvelado que Sufi, la adjudicataria de la instalación de la planta de residuos en 2005 con Alfonso Alonso como alcalde y Javier Maroto al frente del departamento de Hacienda, pagó 330.600 euros a Nige, una de las empresas testaferro de la trama dos días antes de hacerse pública la propuesta de adjudicación de la planta. Los socialistas han insinuado que alguien del PP podría haber filtrado esta información confidencial sobre el resultado de la licitación antes de divulgarse la resolución públicamente. Y han preguntado directamente al alcalde sobre esta posibilidad. “Es evidente que había tres ediles que tenían acceso especial a ese expediente: el concejal de Medio Ambiente, usted, como concejal de Hacienda, y el ex alcalde Alfonso Alonso. Y no es extraño que exista la duda de si alguien informó a Sufi antes de hacerse pública la adjudicación”.
Las adjudicatarias Urazca y FCC, también bajo sospecha
Javier Maroto ha asegurado que ni él ni ningún miembro de su partido han adelantado esa información nunca, ni sobre otros contratos ni sobre las empresas a las que se referían los socialistas porque “como es conocido por todos, tenemos la obligación de preservar esa información hasta que sea pública”, declaraba el alcalde. Javier Maroto ha manifestado que amañar contrataciones públicas sin la connivencia de los técnicos “es imposible” y ha acusado a los socialistas de “ensuciar el buen nombre de los funcionarios” con sus insinuaciones. “Ustedes son los que están quedado en evidencia. Ustedes plantean que en el Ayuntamiento, durante el gobierno de Alfonso Alonso, alguien amañó un concurso para dárselo a una empresa que hacía pagos. Usted sabe que, para hacer eso, hay que tener un mínimo de connivencia con los técnicos participantes porque el Gobierno se dedica exclusivamente a votar lo que los técnicos le ponen delante. Aclaren si consideran si sólo uno, alguno o todos de los siete técnicos han recibido instrucción de Alonso para cambiar un informe de adjudicación. Si dicen que sí, tendrán que atenerse a las consecuencias y explicarselo al equipo de funcionarios”, ha insistido Javier Maroto. “Saben que eso no se ha producido nunca y quiero pensar que tampoco en el tiempo en el que no he estado yo en el equipo de Gobierno”, ha zanjado el edil.
Los socilalistas han aprovechado la comparecencia para desvelar nuevos movimientos en otras dos firmas investigadas en el caso Bárcenas, Urazca y FCC, que realizaron aportaciones económicas al PP y a las que se otorgaron sendos contratos durante el mandato Alonso. En 2006, el ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados firmó contratos con Urazca y FCC para la construcción del centro de interpretación de la naturaleza Ataria y para la prestación del servicio de recogida de basuras en Vitoria, respectivamente. Ambos contratos se adjudicaron después que el PP decidiera, no sin polémica, expulsar a la oposición municipal de la Mesa de Contratación, órgano que estudia las ofertas de las empresas en las adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Vitoria. Los populares justificaron la medida aludiendo a la necesidad de “despolitizar la Mesa” y “darle un perfil exclusivamente técnico”. El PP se quedó entonces como único partido político representado en este órgano hasta que el siguiente alcalde, el socialista Patxi Lazcoz, rebocó la decisión tras acceder a su cargo.
