Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Síguelo en redes
Más allá de las palabras: hay que poner fin a los ataques y la discriminación contra los coptos en Egipto
43 iglesias y más de 200 propiedades de la comunidad cristiana copta fueron atacadas o quemadas en agosto, aparentemente en represalia por su apoyo a la destitución del presidente Morsi.
La discriminación de esta comunidad es una constante en la historia reciente de Egipto y requiere medidas efectivas.
Jordi Baltà
Coordinador del trabajo sobre Norte de África en Amnistía Internacional —
“Robaron lo que podían, el resto lo destrozaron, y luego prendieron fuego al edificio. No dejaron nada indemne: la misma iglesia, el edificio de servicio, el vestíbulo que se utilizaba para bodas y funerales, la guardería... Incluso destrozaron los baños. Quemaron la ropa que recogemos para los pobres y se llevaron el dinero de las huchas de donativos”.
El 14 de agosto, después de que las fuerzas de seguridad egipcias dispersaran las concentraciones de partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi en El Cairo, un grupo de hombres entró en la Iglesia Ortodoxa de la Virgen, en Nazla, a unos 90 kilómetros de la capital. Horas antes, los altavoces de las mezquitas locales habían denunciado las muertes de “nuestros hermanos”. Cuando investigadores de Amnistía Internacional visitaron la zona pocos días después, encontraron eslóganes como “No hay más Dios que Alá” y “La religión de Dios es el Islam” pintados en las paredes. Un testimonio del ataque indicó que, el día de los hechos, los tres miembros del personal del Ministerio del Interior y el agente de paisano que normalmente guardaban el templo habían huido al prever el asalto.
En pocos días, 43 iglesias y más de 200 domicilios y comercios propiedad de miembros de la comunidad cristiana copta en todo el país fueron objeto de ataques e incendios. Al menos cuatro personas murieron. Como explica un reciente informe de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad no intervinieron para impedir los ataques, pese a que había suficientes indicios de que estos se producirían. Las proclamas de los días anteriores contra la comunidad copta en las concentraciones de partidarios de Morsi y en las mezquitas dejaban claro que los ataques son una represalia del apoyo de la comunidad copta a la deposición del expresidente.
Sin embargo, mientras que las fuerzas de seguridad se desplegaron para proteger los edificios del gobierno, no se dispuso ninguna medida de protección en las iglesias coptas. En algunos casos, los modestos dispositivos de seguridad que habitualmente protegían los templos se retiraron, al parecer, para poder proteger otras “instituciones o intereses vitales”. Durante los ataques, las llamadas de los líderes coptos a los responsables de seguridad de sus regiones no recibieron respuesta. En otros casos, sólo la intervención protectora de miembros de la comunidad musulmana local permitió evitar los ataques a centros coptos por parte de masas enfurecidas.
Tras los ataques, las principales autoridades del Gobierno condenaron los hechos y atacaron a los partidarios de Mohamed Morsi, en el marco del discurso oficial de “lucha contra el terrorismo”. El ministro de Defensa anunció que el ejército aportaría fondos propios para la reconstrucción de las iglesias afectadas. Los líderes de la Hermandad Musulmana reaccionaron tarde para desvincular a sus simpatizantes de los ataques, pese a los discursos pronunciados en días anteriores.
En cambio, las autoridades no han reconocido la discriminación que desde hace décadas sufren los cristianos coptos, principal minoría religiosa de Egipto, ni la impunidad que continúan disfrutando los responsables de anteriores ataques sectarios, cometidos bajo todos los gobiernos desde hace décadas.
Durante el mandato de Hosni Mubarak se documentaron al menos 15 grandes ataques contra esta comunidad. Tras su caída continuaron registrándose ataques bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas de Seguridad. La situación de la comunidad copta tampoco mejoró durante la presidencia de Mohamed Morsi, en la que los ataques continuaron y el discurso sectario creció.
La discriminación se expresa, entre otras realidades, en la infrarrepresentación de la comunidad copta en la Administración Pública, la universidad o las fuerzas de seguridad. Sólo cuatro miembros de la comunidad copta participan en el Comité Constitucional, de 50 personas, que en agosto recibió el encargo de elaborar una nueva Carta Magna. Por otra parte, desde hace años se obstaculizan los proyectos de construir o reparar iglesias coptas o de instalar vallas de protección alrededor de algunas de ellas, una medida que podría haber reducido los efectos de los ataques.
La inacción de las autoridades a la hora de proteger y la discriminación aceptada socialmente transmiten el mensaje de que la violencia hacia la comunidad copta es aceptable. Las principales medidas públicas para hacer frente a la violencia sectaria son las “sesiones de reconciliación” entre comunidades, que no sirven para abordar las responsabilidades ni ponen fin a la sensación de injusticia y discriminación hacia los cristianos coptos. Pese a la “Revolución del 25 de enero”, que condujo a la caída del Gobierno de Hosni Mubarak, y las protestas del pasado 30 de junio, que terminaron con la deposición de Morsi y se caracterizaron por unir a sectores de población muy diversos, los acontecimientos recientes demuestran que no ha terminado la discriminación que sufre este colectivo.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Egipto, prohíbe la discriminación y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión y la igualdad ante la ley. En la práctica, sin embargo, el trato que recibe la minoría copta, igual que comunidades religiosas como la chií o la bahá’i, demuestra que las autoridades egipcias no combaten adecuadamente la discriminación.
La situación de la comunidad copta es una de las numerosas preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con la situación de los derechos humanos en Egipto. Otras cuestiones importantes son el reiterado uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad al dispersar manifestaciones, entre ellas las de los partidarios de Morsi; y la violencia sexual contra las mujeres que participan en concentraciones políticas, así como la violencia contra las mujeres en el conjunto de la sociedad. Por todo ello, el Comité encargado de elaborar la nueva Constitución y los partidos que concurran a próximas elecciones deberían asumir el respeto por los derechos humanos como eje central de sus agendas.
En cuanto al trato hacia la comunidad copta, el reto es ir más allá de las palabras: terminar con la discriminación que le afecta, investigar los casos de violencia sectaria para ofrecer verdad, justicia y medidas de reparación a las víctimas y dar apoyo para la reconstrucción de los edificios afectados. Sólo entonces se podrá superar la utilización de los coptos como “chivo expiatorio” de los enfrentamientos entre Gobierno y oposición y se asegurará un trato justo hacia esta comunidad.
Amnistía Internacional ha lanzado una acción en Twitter para pedir a las autoridades egipcias que se ponga fin a la violencia y la discriminación contra la comunidad copta.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.