Un año y medio después de que estallara el conflicto, la República Centroafricana (RCA) sigue sumida en una fuerte crisis de derechos humanos y humanitaria. Dieciocho meses en los que el gobierno de transición presidido por Catherine Samba-Panza no ha sido capaz de poner fin a los graves crímenes de guerra y contra la humanidad que siguen cometiendo miembros de los antibalaka e integrantes de las fuerzas de Seleka y sus respectivos aliados. Los 8.500 efectivos internacionales desplegados en el terreno han sido insuficientes para restablecer la paz y la seguridad en el país, y en algunas ocasiones, incluso han sido cometido ellos mismos abusos.
La única manera de reponerse de la orgía de muerte es obligar a responder de sus actos a quienes idearon, cometieron o participaron en esos abusos.
Esto es lo que reclama Amnistía Internacional con la publicación de un nuevo informe en el que además de documentar los horrores cometidos en 2013 y 2014, se citan con nombres y apellidos a personas asociadas a grupos armados que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos.
Entre ellos destaca el expresidente François Bozizé, que pidió a la población defender al país de “ataques de extranjeros” y admitió en Jeune Afrique que había distribuido machetes a las milicias pero no armas de fuego. En las semanas antes de huir del país, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Presidencial fueron responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, torturas, violaciones, saqueos y desapariciones forzadas. O es el caso también del exministro Patrice-Edouard Ngaissona,que alardeabaen medios de comunicación de su control sobre las guerrillas antibalaka, responsables de graves abusos a los derechos humanos. En una entrevista en Radio France Internationale se refería a estos milicianos como niños cuyos actos de valentía deberían entrar en los anales de la historia. Fue incluso detenido pero liberado el mismo día: las autoridades temían que su detención pudiera poner en peligro los esfuerzos de paz y reconciliación en el país. Otro ejemplo es el del también expresidente Michel Djotodi, que se declaró a sí mismo máxima autoridad del país después de que la coalición Seleka, que había contribuido a crear, llegara a sangre y fuego a Bangui en marzo 2013. Durante los 10 meses de su mandato, se cometieron múltiples abusos a los derechos humanos. Fue forzado a dimitir por líderes africanos y ahora vive en el exilio en Benin.
En la RCA no existe un sistema de justicia eficaz ni independiente, ni ahora ni desde hace décadas. Las fuerzas de seguridad son incapaces de proteger a víctimas, testigos, abogados; ni siquiera a los propios jueces, que confiesan que no inician procedimientos porque temen por su vida. Dado que varios miembros de la judicatura han sido asesinados, razones no les faltan para tener miedo.
Por otro lado, el discurso oficial de las autoridades que dirigen el país se mueve en el concepto de que hay que sacrificar la rendición de cuentas en aras de una presunta paz y seguridad. En Amnistía Internacional tenemos mas que comprobado que o hay rendición de cuentas y reparación a las víctimas, o el ciclo de impunidad continúa y tiende a repetirse. La RCA es precisamente un buen ejemplo de ello.
La comunidad internacional haría bien en dar un paso adelante y juzgar sus propios abusos. El episodio más grave en el que está involucrada tuvo lugar el 29 de marzo, cuando soldados chadianos abrieron fuego contra civiles en un mercado de Bangui y, según las Naciones Unidas, mataron como mínimo a 30 personas e hirieron a 300. Aún está por aclararse bajo qué mando operaban estos soldados de Chad, pero esta información es en cierta manera irrelevante. Las víctimas, como en el resto de casos, siempre quieren justicia.
Se están haciendo algunos esfuerzos para acabar con esta situación, como la creación de la Unidad de Investigaciones Especiales y de la comisión de investigación de la ONU. Además la Corte Penal Internacional ha iniciado un examen preliminar de la situación en el país. Esto está muy bien pero hay que robustecer de manera radical estas iniciativas para poder acabar con la impunidad que existe en el país y que se encuentren, por ejemplo, los culpables de la muerte de Saleh Dido, un musulmán de 46 años y antiguo vicealcalde de la localidad de Mbaiki. Saleh Dido se negó a abandonar su casa cuando el resto de residentes musulmanes decidieron huir del pueblo. Dido dijo que la RCA era su país, que pensaba que su actitud podría ser un ejemplo de reconciliación. Confiaba también que recibiría protección por parte de las fuerzas internacionales, pero no fue así y 15 días después de hablar con el equipo de Amnistía Internacional murió linchado por hombres de las milicias de antibalaka. Su cuerpo fue mutilado, y cuando llegaron las fuerzas de mantenimiento de paz a la escena del crimen, uno de los autores del asesinato aún sostenía entre sus manos una de las partes del cuerpo de Dido. Las tropas internacionales arrestaron a varios sospechosos y los entregaron a la policía. En menos de un día, estaban en la calle.
Por Dido y por las miles de víctimas centroafricanas, los culpables deben responder de sus crímenes.
Sobre este blog
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