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Sobre este blog

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Cómo sobrevivir un año electoral con los derechos de las mujeres reforzados

Una mujer le pinta la cara a otra en la manifestación en Madrid del 8 de marzo de 2022.

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Como todo el mundo anda muy atareado, especialmente en los partidos políticos que están con sus programas electorales y confeccionando las listas que les permitirán ocupar escaños en parlamentos autonómicos y nacional, vamos a intentar ayudar en lo posible.

Y para que no se nos escape lo básico, queremos recordar al menos tres avances importantes que se han hecho en esta legislatura, tres medidas que siguen pendientes, tres puntos que deberán arrancar durante los próximos cuatro años, y tres líneas rojas que no se pueden cruzar de ninguna manera para recortar los derechos de las mujeres.

3 avances importantes

1 ¿Qué es una víctima de violencia de género? Por fin lo tenemos claro y se incorpora en nuestra legislación la definición de víctima con enfoque de género que establece el Convenio de Estambul. Un instrumento europeo sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, que España ya ratificó en 2014.

Hablamos de la mujer que sufre violación de sus derechos humanos, discriminación y violencia por el hecho de ser mujer. Unas violaciones de derechos humanos que se pueden cometer tanto dentro de la pareja como fuera de ella, que implica o puede implicar daños o sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos, laborales o económicos; o solo las amenazas de que esos daños puedan producirse.

2 La ley del “sí es sí”. Sí, sí, una gran ley, que por primera vez en España visibiliza la violencia sexual y aborda de manera integral la prevención, atención y protección para las víctimas de este tipo de violencia. En 2018, Amnistía Internacional denunciaba cómo se cuestionaba, no protegía y juzgaba a las mujeres que sufrían este tipo de violencia, además de ofrecerles una atención absolutamente desigual según la comunidad autónoma en la que se hubiera producido la agresión.

Y no es un tema menor, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, un 13,7 por ciento de las mujeres residentes en España a partir de los 16 años (más de 2,8 millones de mujeres) ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.

La ley del sí es sí, pone en el centro el consentimiento de la mujer, expresado libremente, y que puede ser revocado si esta lo decide. O lo que es lo mismo, la mujer decide sobre su cuerpo y su deseo, además de cómo, dónde y cuándo. Una recomendación que también recoge el Convenio de Estambul. Y es sobre dicho consentimiento desde donde deben ser juzgadas las agresiones sexuales.

3 La decisión de abortar corresponde solo a la mujer. Aprobada la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que protege los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las mujeres y adolescentes y su derecho humano a la salud reforzando el acceso al aborto seguro. Las adolescentes de 16 y 17 años no necesitarán autorización de sus progenitores o tutores. Tampoco las mujeres con discapacidad, tal y como se recogía en la Ley de 2010.

Se eliminan otros aspectos de la ley que cuestionaba la capacidad de las propias mujeres para decidir, como el llamado “plazo de reflexión” que obligaba a esperar tres días, una vez tomada la decisión de abortar, antes de someterse a la intervención. O la obligatoriedad de recibir información acerca de recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo, otra barrera que pone en cuestión la autonomía de las mujeres para decidir.

3 medidas pendientes

1 Poner fin a los estereotipos de género. La ley del sí es sí pretende luchar contra los estereotipos y prejuicios que perjudican y revictimizan a las mujeres tras haber sido víctimas de violencias sexual, tanto si deciden poner una denuncia como si no. Por ello es necesario priorizar la formación con enfoque de género de las autoridades que estén en contacto con la víctima (policía, personal sanitario, forenses y personal de la administración de justicia, incluidos los jueces).

2 Un centro de crisis 24 horas por provincia. La ley del sí es sí, contempla el derecho a la asistencia integral y accesible (tanto telefónica como especializada) a través de la creación de Centros de Crisis que atiendan a las mujeres víctimas de violencia sexual 24 horas al día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa.

El gobierno se ha comprometido a que en 2023 todas las Comunidades Autónomas cuenten con este tipo de centros, y ha destinado un total de 66 millones de euros para la puesta en marcha de estos centros. Y aunque numerosas comunidades autónomas ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y violencia sexual, lo cierto es que solo Asturias y el ayuntamiento de Madrid cuentan con centros de crisis. Nueve comunidades han anunciado su puesta en marcha: Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura, Euskadi, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. Hay que darse prisa, que 2023 ya está aquí y estamos a punto de que se acabe la legislatura.

3 Que los “motivos de conciencia” no dificulten el derecho al aborto. para garantizar que las mujeres son atendidas por los servicios públicos de salud si deciden abortar, algo que contempla la nueva Ley del Aborto. De cada 100 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en España, solo el 15,5% tienen lugar en hospitales y centros sanitarios públicos. La mayoría (el 85,5%) se siguen haciendo en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad pública.

Según datos de sanidad, en 2021 los hospitales públicos de Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, no notificaron ningún aborto. En 12 provincias, además de Ceuta y Melilla, ningún centro público o privado notificó alguna interrupción voluntaria del embarazo, por lo que las mujeres de Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres y de las ciudades autónomas que abortaron tuvieron que hacerlo en otras provincias.

3 puntos para impulsar

1 Refuerzo de unidades forenses. Según datos de Fiscalía, siguen existiendo dificultades para la realización y posterior valoración a tiempo de los informes de las unidades de valoración integral forense tanto de la víctima como del agresor, imprescindibles para el proceso judicial y la protección de la víctima. Las valoraciones forenses urgentes de riesgo solo se realizan en algunas fiscalías y de manera muy desigual.

2 Mejor protección para víctimas de violencia de género. Un problema social que debe ser respondido y visibilizado como tal en cualquiera de sus formas. Y que se sigue enfrentando a trabas importantes como la falta de la debida diligencia en las investigaciones, escasez de intérpretes y de atención letrada adecuada, tratos irrespetuosos cargados de estereotipos, así como un porcentaje importante de sentencias absolutorias que “produce sensación de impunidad”.

La pérdida de confianza en la justicia disuade a las víctimas de denunciar. En el 2022, de las 49 mujeres asesinadas, 21 habían puesto denuncia (un 43%) y 28 no lo habían hecho (57%), una cifra superior a otros años. Entre las que sí habían denunciando, once tenían medidas de protección y cinco estaban vigentes en el momento del asesinato.

3 Control de la ciberviolencia. Las redes sociales en demasiadas ocasiones se convierten en un lugar peligroso para las mujeres en general y especialmente para las que denuncian la violencia y defiende los derechos de las mujeres activamente. Reciben agresiones verbales, acoso, se vulnera su intimidad y se las amenaza.

La violencia sexual on line es también un hecho. El 7,2 por ciento de las mujeres de más de 16 años ha recibido imágenes explícitas, el 15’2 por ciento han sufrido acoso reiterado por parte de una misma persona, y en el 4’3 por ciento de los casos el acosador ha publicado fotos suyas. Los efectos de este ciberacoso en el 54 por ciento de las mujeres han sido ataques de pánico, ansiedad, estrés, y pérdida de confianza.

3 líneas rojas que no se pueden cruzar

1 Ni un paso atrás con el consentimiento. La voluntad de la mujer debe seguir siendo y sin poner en duda el baremo desde el que se juzguen las agresiones sexuales.

2 Consenso político. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 y que sigue en vigor supuso un gran avance en cuanto al compromiso de todos los partidos políticos para abordar todos los tipos de violencia contra las mujeres. Actualmente se está revisando.

3 Educación sexual obligatoria. Reforzada tanto en la Ley del sí es sí, como en la reforma de la Ley del Aborto con el objetivo de educar a los y las más jóvenes para disfrutar libremente de una vida sexual sana.

Estos días mujeres y hombres de toda España saldremos a la calle para celebrar el 8M. Hay motivos. Pero también sigue habiendo argumentos para seguir luchando.

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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

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