Barcos para rescatar derechos

La Asamblea General de Naciones Unidas resolvió en el año 2000 celebrar cada 20 de junio el Día Internacional de las Personas Refugiadas.

Podría dar la impresión de que esta resolución celebrase la aplicación de los mecanismos de protección internacional necesarios para dar respuesta a la situación de millones de personas, marcando un punto de partida para la gestión eficaz de una injusticia de calado histórico. Sin embargo, la realidad es que la conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas lo único que ofrece es la oportunidad de evaluar y ver cómo se degrada año tras año el papel de las naciones en materia de Derechos Humanos. Lamentablemente, se demuestra cómo se ha intensificado el proceso de reversión de los valores éticos y humanitarios a una velocidad aterradora. Las organizaciones de defensa de Derechos Humanos señalan con insistencia la hipocresía, el incumplimiento y la inoperancia de los Gobiernos.

Preocupa, además, el impasse psicológico y social en el que parece caer la población cada vez que el horror de naufragios, rechazos de los Gobiernos a operaciones de salvamento, devoluciones en caliente, criminalización de cooperantes, internamientos, maltratos, casos de esclavitud a cargo de mafias que controlan las costas libias y un largo etcétera de crueldades, se nos presentan como acontecimientos inevitables. Destaca el ascenso del discurso xenófobo que impulsado desde la extrema derecha (y no tan extrema) está permeando con fuerza en todas las capas de la sociedad.

En este marco, cabe preguntarse qué alternativas y estrategias se pueden llevar a cabo para salir de esta espiral descendente en materia de derechos fundamentales. La Flotilla de la Libertad es uno de esos ejemplos que ilustran perfectamente cómo reaccionar a través de la no violencia y el activismo certero. Conformada en 2009, se encuentra estos días en navegación, hará escala en Cádiz el próximo 23 de junio y seguirá adelante, en su propósito de llegar a Gaza. El objetivo es romper el bloqueo al que está sometida la franja y alertar de una emergencia humanitaria ante la que ni la propia Asamblea de Naciones Unidas parece ser capaz de reaccionar de manera eficaz.

En Gaza residen más de dos millones de personas; el 70% son refugiadas y desplazadas de diferentes zonas de Palestina desde que en 1948 se conformara el Estado de Israel y se iniciara la Nakba. Los setenta años transcurridos desde este desastre convirtieron en indefinido el estatus de ‘refugiado’ de la población palestina. Esta situación es muy incómoda para Israel, ya que el proyecto sionista rechaza reconocer el derecho al retorno tal y como reclama la resolución 194 de la ONU. La mera existencia de las personas refugiadas es un obstáculo persistente en el proyecto colonizador sionista, por eso sus actuaciones muestran claramente la intención de eliminar a la población palestina y no un propósito defensivo, como declaran tras cada asesinato. La región gazatí está sometida, desde 2007, a un bloqueo ilegal por tierra, mar y aire, situación de la que la población no puede escapar por ninguna vía.

Cuesta imaginar cómo puede ser la vida en la que se ha considerado la prisión a cielo abierto más grande del mundo, pero no es necesaria la imaginación cuando tenemos los datos, los relatos y las imágenes.

En Palestina, la memoria no se pierde

La cifra de personas asesinadas en Gaza por el ejército israelí desde el pasado 30 marzo asciende cada viernes. Ya se superan los 135 asesinatos, las 14.000 personas heridas y más cifras que impresionan cuando se mencionan, pero que pasan al olvido en apenas unos días. En Palestina, la memoria no se pierde, han tenido que hacer músculo para evitar que su historia también sea borrada, siempre recordarán todos los nombres y todas las historias de quienes perdieron su vida reclamando justicia.

Además, la población perece lentamente por ausencia de recursos médicos, sanitarios, energéticos, alimenticios, habitacionales, de desarrollo básico... cuestiones que atraviesan la vida de todas las personas que residen en Gaza, acercándolas con persistencia a un futuro insostenible, que es realmente un genocidio programado que eliminará las incómodas reclamaciones del derecho al retorno palestino.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad pretende poner sobre la mesa esta grave vulneración de DDHH, movilizando a cientos de activistas que son capaces de asumir el riesgo que supone esta iniciativa. La primera travesía, en 2010, se saldó con la vida de diez personas que viajaban a bordo del Mavi Mármara. Fueron asesinadas por comandos navales israelíes que nunca llegaron a rendir cuentas por estos hechos. Esta actuación obtuvo la atención internacional que nunca tuvieron las reclamaciones de las personas y organizaciones palestinas desde el comienzo del bloqueo. A pesar del coste en vidas de la iniciativa, quedó patente el potencial que la flotilla posee para dirigir la mirada sobre las tremendas vulneraciones de Derechos Humanos que suceden en la región gazatí, así como la violencia con la que el Estado de Israel reacciona frente a quienes reivindican el fin del embargo y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Hoy más que nunca estamos comprendiendo que un barco puede ser más efectivo reconociendo derechos que un Gobierno. Mientras las fuerzas políticas más reaccionaras construyen un significado devaluado para el término ‘persona refugiada’ con el que legitimar su rechazo, hay quienes salen a la mar para pelearle a la muerte las vidas de quienes merecen, al menos, el derecho a seguir luchando. Lo hemos visto hace unos días con el barco Aquarius y lo vemos cada día en las pateras que cruzan la frontera sur, especialmente estos días atrás en las costas andaluzas, a las que han llegado, en apenas 48 horas, casi 1500 personas, cuatro de las cuales perdieron la vida.

Como en el caso palestino, las personas migrantes y refugiadas que tratan de llegar a Europa son una incómoda molestia para los Gobiernos de la Unión, que ven como amenaza el tener que afrontar las consecuencias vivas de su historia colonialista y depredadora.

Hoy, 20 de junio de 2018, no podemos más que lamentar el naufragio de las instituciones europeas mientras lloramos la muerte de quienes sufren el efecto de la xenofobia estructural. Sin duda, seguiremos batallando para que algún día sus responsables tengan que rendir cuentas. Nunca fue tan evidente que estamos todas en el mismo barco. Una sociedad está perdida si deja morir a personas inocentes que tuvieron la desgracia de verse convertidas en ‘incómodas refugiadas’.