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Cs pide al Parlamento andaluz reprobar a la ministra Montero un año después de pactar con ella el Presupuesto de 2018

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Daniel Cela

El Parlamento de Andalucía aprobará la reprobación de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, si prospera la proposición no de ley (PNL) registrada por Ciudadanos y que se debatirá en el Pleno de la semana que viene. La formación naranja, miembro del Gobierno andaluz junto al PP, fue quien negoció con Montero los Presupuestos Autonómicos de 2018, hace un año y medio, cuando la hoy ministra ocupaba la consejería de Hacienda y Cs sostenía al último Ejecutivo del PSOE.

La reprobación contará con los votos del PP y previsiblemente con los de su aliado, Vox, de modo que Montero será la segunda dirigente andaluza censurada por la Cámara [el primer consejero reprobado fue el titular de Justicia, Emilio de Llera, en la pasada legislatura]. El texto de la PNL justifica la reprobación de Montero por su “forma partidista y torticera de entender las cuentas públicas que ha puesto en riesgo los ingresos públicos de nuestra comunidad”.

La ministra en funciones, que repetirá como cabeza de cartel por Sevilla en las elecciones del 10 de noviembre, es ahora el principal objeto de ataques del Gobierno andaluz de PP y Cs, que le exige una factura de 1.350 millones de euros pendientes de pago por las entregas a cuenta actualizadas de 2019 [devolución de ingresos por la recaudación de tributos estatales en Andalucía] y la liquidación del IVA de 2017. Además, Ciudadanos le reprocha que no convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar la reforma del sistema de financiación autonómica, caduco desde hace cinco años, y que mantiene a Andalucía “infrafinanciada”.

El Parlamento andaluz aprobó en el mandato anterior un informe, elevado al Gobierno (entonces de Mariano Rajoy), que proponía una reforma del sistema consistente en inyectar 16.000 millones de euros más a las autonomías, 4.000 de ellos para Andalucía. Todos los partidos, excepto Ciudadanos, firmaron ese documento, que fue iniciativa personal de Montero, negociado en primera instancia con Podemos e IU, y que finalmente logró el respaldo por sorpresa del PP. Ahora el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno usa esa propuesta para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez lo que entonces iba dirigido a la Administración de Rajoy, convirtiéndose así en la principal herramienta de confrontación de la Junta con la ministra Montero.

La Junta baraja acudir a la vía judicial para reclamar al Ministerio de Hacienda esa deuda pendiente de 1.350 millones de euros. Hasta hace una semana, Montero se escudaba en un informe de la Abogacía del Estado que limitaba las competencias de un Gobierno en funciones para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades. Sobre esta premisa, la ministra y el propio presidente del Gobierno instó a los barones territoriales del PP a desbloquear la legislatura, absteniéndose en su investidura, para poder desbloquear las entregas a cuenta. Moreno Bonilla lo consideró “un chantaje”, esgrimió que ese dinero no pertenecía al Estado, sino que eran ingresos de los tributos estatales recaudados en Andalucía, que debían volver a las arcas autonómicas.

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