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Vox amplía la petición de datos de empleados de violencia de género a ONG y empresas que trabajan con el Gobierno andaluz

La formación ultraderechista elude reclamar los nombres y apellidos de los trabajadores para sortear el veto del Parlamento, pero exige el perfil profesional, la categoría laboral y el número de colegiación 

El presidente del grupo Vox, Francisco Serrano, ha pedido "una situación detallada" de la profesionales autónomos que trabajan para la Consejería de Justicia y la de Igualdad

La formación ultraderechista denuncia que estos trabajadores no están cualificados, hacen informes "ideológicos" movidos por un "feminismo supremacista de izquierdas"

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Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía. EFE

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha vuelto a reclamar a la Cámara información detallada sobre los empleados públicos que evalúan los casos de violencia de género, a los que la formación ultraderechista acusa de emitir informes "ideológicos" movidos por un "feminismo supremacista". Esta vez, el diputado y presidente del grupo, Francisco Serrano, ha presentado tres solicitudes en el registro del Parlamento para hacer extensible su "investigación" sobre los trabajadores de otros estamentos de la Administración andaluza en materia de lucha contra la violencia machista: una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas. 

En concreto, Vox reclama los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de los trabajadores de la Unidades de Valoración de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia; de la plantilla de la empresa que realiza servicios de peritación judicial para la Junta (Tax Valoración, del Grupo Tinsa); y de los empleados de la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención al Maltrato Infantil (ADIMA)- junto a su Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual (EICAS)-, contratados por la Consejería de Igualdad.

Todo este personal que trabaja para la Junta de Andalucía emite informes médicos, sociales y psicológicos sobre víctimas de violencia de género, unos informes que el diputado de Vox y abogado de familia ha combatido duramente desde su despacho de abogados, y ahora desde su condición política. Las tres solicitudes de Serrano reclaman el mismo tipo de información: "el número de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales o cualquier interlocutor interviniendo -con indicación de su titulación académica, que presente servicios" en las unidades de trabajo de la Junta señaladas.

El presidente del grupo Vox no pide ya los nombres y apellidos de estos funcionarios. Serrano ha corregido el escrito que presentó hace tres semanas y que fue rechazado por la Mesa del Parlamento, porque vulneraba la Ley de Protección de Datos. Ahora su solicitud "se ajusta a derecho", según fuentes parlamentarias, y previsiblemente le permitirá acceder a una información más detallada sobre el perfil profesional de los empleados que examinan a las mujeres víctimas de violencia machista. Además del listado completo, Vox pide "el tipo de vinculación profesional de cada uno: funcionario de carrera o interino, laboral fijo o temporal, o de contratación externa con la Junta en cualquier consejería". También reclama la "situación detallada de cada uno de ellos en sus respectivos colegios profesionales", detallando "el periodo de alta y baja" de cada empleado.

Las tres solicitudes de Vox tienen que ser calificadas por la Mesa del Parlamento, que decidirá si autoriza la entrega de la información requerida. Serrano, que también es portavoz de su grupo en la comisión de Igualdad, mantiene el foco de su actividad parlamentaria en los empleados empleados públicos que, desde distintos órganos de la Administración andaluza, elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, informes que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, ha denunciado "el nuevo intento de la ultraderecha de usar el Parlamento para perseguir a los trabajadores que se encargan de atender a las mujeres víctimas de violencia de género". "Serrano ha pretendido afinar en su solicitud, pero sigue persiguiendo a las ONG y a las empresas que colaboran con la Junta en la protección de mujeres maltratadas", subraya. El PSOE ha votado en contra de que la Mesa califique las solicitudes de Serrano, pero el órgano rector del Parlamento las ha aceptado, gracias a la mayoría de PP, Ciudadanos y Vox (Adelante Andalucía tiene voz, pero no voto).

 

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