Absueltas las antiguas cúpulas de UGT y CCOO en Andalucía por la gestión de las residencias de tiempo libre de la Junta

“No se aprecia por irregularidad, desde el punto de vista penal, en la conducta de los investigados, por lo que deberá acordarse el sobreseimiento de las actuaciones”. El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha dado carpetazo a la denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra las antiguas cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía, a las que atribuía un presunto delito de malversación por no devolver a la Junta de Andalucía 6,7 millones de euros recaudados con la gestión de las residencias de tiempo libre. El juzgado también archiva las actuaciones contra tres ex directores generales de Trabajo de la adminstración autonómica que estaban siendo investigados.

Año y medio después de la denuncia de la Fiscalía, presentada en junio de 2020, el juzgado concluye que “no resultan indicios que permitan concluir con la probabilidad, y no solo la posibilidad, de que la parte investigada, con su actuación, haya incurrido en delito”. El fiscal había expuesto que entre 2003 y 2006 el sindicato CCOO-A presuntamente se apropió de 4.025.433 euros y UGT-A, de 2.699.365, según un informe de la Guardia Civil. Los denunciados por parte de CCOO-A fueron en cncreto sus ex secretarios generales Julio Ruiz y Francisco Carbonero y las exsecretarias de Servicios Juana Mancilla y Maribel Hernández, mientras que en UGT-A lo fueron el ex secretario general Manuel Pastrana y el exsecretario de Administración Federico Fresneda.

La Fiscalía también señalaba a Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, ex directores generales de Trabajo de la Junta, a los que acusaba de prevaricación administrativa por omisión porque su obligación era que los sindicatos ingresaran el dinero en las arcas públicas y no lo hicieron. El Ministerio Público había incoado diligencias de investigación después de una denuncia presentada en julio de 2019 por la Junta, cuyo gabinete jurídico apreció “indicios de un delito de grave de malversación”. La Fiscalía consideró que el presunto delito no había prescrito por la vía penal, aunque admitía que la posible responsabilidad de Guerrero, Ruiz y Mancilla ya no podía ser castigada.

Señala el juzgado que “no se deduce de la instrucción practicada” que los tres exaltos cargos (Guerrero falleció durante esta instrucción), en los respectivos periodos en que ejercieron como directores generales, “hubieran evitado de una forma dolosa la reclamación de las cantidades adeudadas por las entidades sindicales”. “Sin perjuicio de que por circunstancias externas, que no se ha acreditado que fueran imputables a los referidos investigados, se hubiera provocado un contexto de retraso y cierto abandono en la reclamación de aquellas cantidades, no resulta con la suficiente claridad de lo instruido el elemento subjetivo del injusto que consiste en haber actuado 'a sabiendas' con una presunta intención de eximir por la vía de hecho a UGT y a CCOO del abono de cantidades que tenían que ingresar por aquella gestión de las residencias de tiempo libre”.

Exclusividad de gestión hasta 2005

Las residencias vacacionales de la Junta eran gestionadas por las organizaciones sindicales, que recaudaban el importe de la estancia de trabajadores públicos en estos centros e ingresaban el dinero en sus cuentas, aunque sólo podían quedarse el 20% de lo obtenido por los gastos de gestión, ya que el 80 % restante era para la Administración. La Junta había calculado inicialmente en 7,4 millones el importe que los sindicatos recaudaron de trabajadores que veranearon en estas residencias entre 2000 y 2006. La gestión de estos centros corrió a cargo de CCOO y UGT hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo, tras un recurso presentado por el sindicato USO, anularon esa exclusividad en 2005.

La liquidación dejó un saldo a favor de la Junta de 3,2 millones que debía pagar CCOO y 1,8 millones por parte de UGT, pero ambos sindicatos, a los que Guerrero notificó el importe en 2006, “desoyeron de manera contumaz los requerimientos de pago” y ningún exdirector de Trabajo hizo algo para conseguir la devolución de esas cantidades, según la denuncia de la Fiscalía.

El Gobierno del PSOE en la Junta acudió a la vía contenciosa-administrativa para recuperar el dinero, pero el TSJA consideró en 2017 que las posibles responsabilidades ya habían prescrito. Dice ahora el juzgado en ese sentido que “las cantidades que presuntamente se habrían dejado de ingresar en el erario público a disposición de Junta de Andalucía, y que en su momento fueron objeto de reclamación ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJA, estuvieron contabilizadas en los libros correspondientes de ambas entidades sindicales, pendientes de la eventual reclamación del organismo público competente”.