Solo el 5% de los supuestos casos de maltrato infantil en Andalucía se notifica desde los colegios

De las 2.084 notificaciones de maltrato infantil, incluyendo 50 supuestos abusos sexuales, realizadas a través del Sistema de Información sobre Maltrato Infantil (SIMIA) en Andalucía en 2015, únicamente el 5,7% procedían de servicios educativos. Solo en el 15% de los colegios en España donde un menor cuenta un presunto caso de maltrato infantil, el centro educativo lo pone en conocimiento de las autoridades judiciales, policiales o sociales.

Son algunas de las conclusiones del anexo al informe 'Ojos que no Quieren Ver'Ojos que no Quieren Ver', presentado en Madrid este miércoles por Save the Children, que explora la problemática de los abusos sexuales en la infancia en España y Andalucía, tratando de dar respuesta a ciertas preguntas, dando a conocer qué son los abusos sexuales (y, en consecuencia, qué no lo son) e indagando en el alcance de los fallos que se han podido producir en la respuesta dada desde la Administración Pública.

El pequeño número de colaboraciones de los centros educativos ante un supuesto caso de violencia sobre menores “se debe en parte a que el Protocolo de Actuaciones ante el Maltrato Infantil de la Consejería de Educación no obliga a notificar un caso de abuso sexual a no ser que se tenga una sospecha fundada del mismo, dejando la carga de la sospecha y la valoración en manos de los profesionales educativos, que no disponen del conocimiento ni de las herramientas necesarias para valorar la veracidad de una revelación de abusos por parte de un niño o una niña que sea una posible víctima”, según las conclusiones de Save the Children en relación a los datos andaluces.

El protocolo andaluz al que alude Save the Children dice específicamente, entre otras cuestiones, que “en todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación”. También se establece que “a través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación contemplada en el SIMIA”.

Según la información facilitada por Save the Children a nivel estatal, de los casos en los que el niño o la niña reveló los abusos sexuales en el centro educativo en toda España, solo el 15% de estos centros lo puso en conocimiento de las autoridades, es decir, Fiscalía, Policía o Servicios Sociales.

“Una realidad que no puede ser obviada”

“El abuso sexual contra menores de edad en Andalucía es una realidad que no puede ser obviada”, dice Save the Children, cuyas cifras muestran que “a nivel del Estado español, incluyendo a Andalucía, entre el 10% y 20% de los adultos han sufrido abusos sexuales durante su infancia”. La organización encuentra diferencias en la respuesta que dan las comunidades autónomas en los mecanismos y las respuestas de las administraciones públicas puestas en marcha para sensibilizar, prevenir, detectar, proteger y reparar a las víctimas de abusos sexuales durante la infancia.

A pesar de que, tras su análisis comparativo, Save concluye que Andalucía “cuenta con uno de los sistemas mejor diseñados para luchar contra los abusos sexuales contra la infancia a nivel estatal, hay todavía mucho campo de mejora para garantizar una política de protección integral que sea capaz de abordar los abusos sexuales en todas sus dimensiones que nos guíe hacia una respuesta eficaz ante los abusos sexuales contra la infancia”.

En Andalucía, como ya informó eldiario.es Aandalucía en una información anterior, 1.169 menores fueron atendidos en 2015 en el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Junta de Andalucia. El 55% de estos casos (643) ocurrieron en el ámbito intrafamiliar, recuerda Save the Children.

La buena práctica de la prueba preconstituida

Según Save the Children, las debilidades y fallos del sistema legal repercuten en una revictimizacion del niño o niña que ha sufrido abusos sexuales, incrementando el posible trauma. En el 78% de los casos estudiados por Save the Children en Andalucía, el niño o niña ha tenido que declarar ante el tribunal, y en la mayoría de las ocasiones ha tenido que repetir la declaración tres veces tras la denuncia, lamenta la organización.

Una forma “eficaz y sencilla” de evitar estos problemas propios del proceso legal es convertir el testimonio de los niños y las niñas en una prueba preconstituida, es decir, dejar grabada la declaración del menor para su uso futuro sin que ésta tenga que repetirse de nuevo, respetando siempre el derecho a la defensa del acusado, opina la organización.

Save the Children lamenta que, aunque la administración andaluza facilita que el testimonio de todos los niños y niñas se preconstituya y se grabe gracias al Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual, “es común que luego los jueces, si el proceso llega a juicio oral, demanden que el niño o niña declare en el tribunal, explica la organización”.

Medidas a adoptar en Andalucía

Además, desde Save the Children se recomienda adoptar en la comunidad andaluza una serie de medidas:

- La puesta en marcha de la Casa de los Niños. Se trata de un único espacio de coordinación entre policía, servicios sociales, juzgados y sistema sanitario, que evita que el menor tenga que acudir a múltiples instituciones. Este cuenta su historia una única vez y recibe atención sin posibilidades de descoordinación o revictimización.

- La Consejería de Educación de Andalucía debe modificar el Protocolo de Actuaciones ante el Maltrato Infantil en el sentido de obligar a la notificación a las administraciones competentes en cuanto un niño o niña releve el abuso a un profesional, sin necesidad de que exista una sospecha fundada sobre la veracidad de la revelación.

- Se debe promover la aceptación generalizada de la prueba preconstitutiva por parte de los juzgados.

- Creación de un registro online en el que se detallen todas las intervenciones (de servicios sociales, sanitarias, policiales, judiciales…) por las que pasa un menor de edad cuando hay sospecha o se revela un caso de violencia.

- Garantizar que todos los niños y niñas acceden a enseñanza reglada y desde etapas tempranas en educación afectivo-sexual.

- Llevar a cabo campañas de concienciación que ayuden a acabar con los mitos en torno al abuso sexual y promuevan la detección y denuncia.