Los padres de Maloma se querellan contra un veterano del Polisario por acusarlos de secuestrar a su hija
“La familia Morales la retuvo ilegalmente contra las leyes españolas”. Frases como ésta le han valido a Enhammed Ali Alghasi, veterano del Frente Polisario, una querella criminal ante el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla. Según la querella presentada el pasado 24 de junio por los padres adoptivos de Maloma Morales de Matos, Mari Carmen y Pepe, el ex militar saharaui ha cometido un delito continuado de calumnias agravadas.
Desde Suiza, su actual país de residencia, Alghasi ha publicado en su web que la familia adoptiva de Maloma retuvo a la joven contra su voluntad durante los años que permaneció acogida en su hogar de Mairena del Aljarafe y siendo todavía una menor.
Según el abogado de la familia Morales de Matos, la querella recoge en sus 15 folios “una transcripción de las barbaridades que esta persona ha soltado a lo largo del tiempo. Son manifestación en las que les imputa delitos tan graves como el de secuestro, tortura y abusos, con el objetivo de dañar la reputación de mis clientes”.
En su supuesta web informativa, el militar retirado acusa a los actuales padres legales de Maloma de “haber realizado una acogida ilegal que causó daños psicológicos irreversibles a una menor”.
Maloma ha permanecido en acogida desde los 12 años en casa de los Morales de Matos, después de que éstos firmaran un acuerdo con la delegación andaluza del Frente Polisario avalado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, Pepe y Mari Carmen se comprometían a enviar de vuelta a la menor en cuanto su familia la reclamase. Según el testimonio que Pepe Morales, eso nunca ocurrió.
“Se quedó en España porque su familia quiso. Si la familia la hubiera reclamado en cualquier momento, yo le habría pagado el viaje y se habría ido de vuelta”. Morales explica que la relación con la familia biológica siempre ha sido “estupenda. Yo he estado allí dos veces sin Maloma, que no podía viajar. Mi mujer y yo hemos ido para allá y hemos estado viviendo con ellos una semana. Viajábamos para que la familia supiera que Maloma estaba bien”.
En una publicación del 21 de mayo, el veterano saharaui insiste, sin embargo, en que la “intención” de los padres adoptivos de Maloma “de retener a la menor está muy clara” y afirma que “lo de estas familias falsas que, en nombre de la solidaridad, encubren intereses sucios y gravemente dañosos a los menores y sus familias saharauis, debe ser castigado conforme a la ley”.
Maloma decidió su adopción y nacionalidad española
Pepe, que ha sido acusado por miembros del movimiento prosaharui español de haber realizado una adopción encubierta, subraya que “fue decisión de ella cuando cumplió la mayoría de edad. Estamos en un país libre, ella decidió que la adoptáramos y nosotros dijimos que sí”. El año pasado, una vez consumada la adopción, Maloma obtuvo la nacionalidad española y decidió ir a visitar a su familia biológica. Fue allí, en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y pocas horas antes de regresar a España junto a Pepe, cuando entre varios familiares, incluido su hermano mayor, la metieron a la fuerza en un coche, según el testimonio de su padre adoptivo. Desde entonces, sus padres adoptivos no la han vuelto a ver y sólo han podido hablar con ella por teléfono en ocasiones contadas.
Alghasi insiste en varias ocasiones en que la familia Morales de Matos lo tenían todo “planificado” para retener a Maloma contra su voluntad en España, “pues en vez de devolverla al Sáhara según lo convenido y según las normas de acogida de los menores saharauis, fueron dando largas a su familia con la excusa de que estaba enferma”. Pepe Morales niega categóricamente que eso sea así.
“La familia Morales la retuvo ilegalmente contra las leyes españolas y la voluntad de su familia saharaui, por lo que vemos necesario llevarlos a la justicia”, mantiene el veterano del Polisario, quien, si la querella prospera, será el que termine ante los tribunales por el delito continuado de calumnias agravadas con publicidad, tipificado en los artículos 205 y 207 del Código Penal español.
