Andalucía destinará “medio millón” de euros a exhumar a víctimas de fosas comunes hasta 2023 en el primer plan propio del Gobierno de Moreno

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha afirmado que la “concordia”, refiriéndose así a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, es su “prioridad” y que, por ello, la Administración autonómica destinará hasta 2023 algo más de medio millón de euros a exhumar a las “miles de víctimas” que yacen en fosas comunes en Andalucía desde la Guerra Civil.

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, Del Pozo ha explicado que “la gran prioridad” del Gobierno andaluz de PP y Cs “en materia de concordia”, como a ella le “gusta decir”, son “precisamente las exhumaciones”, porque, “realmente”, constituyen “la gran deuda pendiente que tenemos con las víctimas de aquella terrorífica época de España”, dado que “son muchas las personas que todavía no saben dónde están enterrados sus seres queridos y que tienen todo el derecho del mundo a darles sepultura digna”.

Por eso, desde el Ejecutivo andaluz se están “volcando” en este ámbito, de forma que ya está “prácticamente en la última fase de licitación”, la puesta en marcha de un gran contrato, por valor de 509.000 euros, para sufragar las exhumaciones en Andalucía durante tres años, hasta 2023. De rematarse, será el primer plan propio de exhumaciones del Gobierno de PP y Cs, un Gobierno apoyado por la extrema derecha de Vox que no respalda este tipo de políticas relacionadas con la recuperación de la memoria de la dictadura y los años de represión de la misma.

Pero antes de ello, según asegura Del Pozo y desde el inicio de la presente legislatura, el Gobierno andaluz ya lleva “miles de personas” localizadas en fosas comunes. No obstante, este dato no es exacto ya que, como ella misma explicó, “en la fosa de Pico Reja de Sevilla, llevamos ya más de 3.000 cuerpos, de los cuales en torno a 564 presentan signos de violencia” y podrían ser identificados como víctimas del franquismo. “Por eso, las muestras serán debidamente enviadas al laboratorio de Granada”, para su identificación mediante análisis genético, gracias al acuerdo vigente con la Universidad de Granada (UGR). Pico Reja es además, la fosa en la que presuntamente podrían encontrarse los restos del padre de la patria andaluza, Blas Infante.

Las asociaciones memorialistas aseguran que el aterrizaje de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía arrojaba un balance de media legislatura que se caracterizaba por la parálisis a las políticas públicas para resolver las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el franquismo en suelo andaluz. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no había aprobado la apertura de ninguna nueva fosa común (aunque no paralizó las que estaban en marcha) y metió un nuevo bocado al tema en los presupuestos de la región. Un tijeretazo en el recorte a las subvenciones memorialistas.

En Córdoba, la fórmula de Sevilla

En cuanto a la apertura, para la exhumación e identificación de miles de víctimas de la represión franquista en los cementerios de la Salud y de San Rafael, en Córdoba capital, Del Pozo ha avanzado que la Junta ya ha remitido un borrador de convenio de colaboración a las administraciones central, provincial y local para iniciar los trabajos de exhumación, como ya se hizo con la fosa de Pico Reja sevillana.

La consejera ha dicho esperar “que después del verano ya podamos firmar esos convenios y ejecutar, pues, una de las labores de exhumación más importantes que se van a llevar a cabo” en Andalucía, teniendo en cuenta que “es una tarea de cuatro años”, para la que “cada administración va a poner 400.000 euros, lo que significa 100.000 euros al año por administración en un trabajo ininterrumpido”.