2020, un año de “parálisis” en las políticas de Memoria Histórica en Andalucía

Un breve titular corona el balance de la Memoria Histórica andaluza durante 2020: La lucha (contra la desmemoria) continúa. Y también pese a las diferentes lecturas del escenario. La Junta de Andalucía evalúa el año como “muy positivo” mientras asociaciones memorialistas censuran el “discurso lastimero” del Gobierno regional con las víctimas del franquismo y los datos y acciones dibujan la “parálisis” en las políticas públicas que los memorialistas denuncian.

Un ejercicio que culmina, al cabo, con muchos deberes por hacer. Con la búsqueda de los desaparecidos forzados como base de toda reparación. Un año de transición, quizás, que suma el regreso del Gobierno de España a las políticas de Memoria.

Y un 2020 marcado también por la pandemia de coronavirus que amenaza a los impulsores de la Memoria. “Hay una generación que no puede esperar más”, en palabras del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.

Andalucía es la región de España más castigada por la pedagogía del terror fascista con al menos 45.566 asesinados y 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas. Todavía están por resolver la mayor parte de estas graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los golpistas y en la dictadura de Francisco Franco.

Un centenar de estas tumbas ilegales abiertas –desde el año 2004, con criterio arqueológico– ha permitido rescatar de la tierra los huesos de más de 4.000 víctimas del franquismo. Un impulso en el último lustro que retrata la trilogía sobre intervenciones en fosas que completa el libro Tierra de poetas y huesos (2018-2019), publicado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Y, antes, los anuarios Las huellas en la tierra (2016-2017) y Que fuera mi tierra (2015).

La visión “muy positiva” del Gobierno andaluz

“El balance que se hace es muy positivo”, señalan a elDiario.es Andalucía desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que dirige Patricia del Pozo. Todo, subrayan, “a pesar de las dificultades profesionales que han derivado de la situación de crisis sanitaria”.

La autoevaluación del Gobierno andaluz está encabezada por el nombramiento del Comisionado para la Concordia, un puesto ocupado por Francisco Javier Arroyo. Luego, “se ha logrado impulsar las exhumaciones hasta alcanzar una cifra casi desconocida en la historia de la Administración andaluza” y “se han puesto las bases para que en 2021 y hasta 2024, puedan llevarse a cabo exhumaciones en toda Andalucía de una forma mucho más ágil en lo burocrático y eficaz en lo técnico”, sostienen las fuentes consultadas.

La Junta, además, destaca que ha “actualizado el mapa de fosas de Andalucía”, mejorado “el procedimiento de toma de muestras y análisis de ADN” y desarrollado la Ley regional con el Comité Técnico de Símbolos. O la ampliación del catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, la elaboración del “primer informe sobre bebés robados” y las “gestiones para devolver objetos robados por los nazis a familiares de sus propietarios”, entre otras cuestiones.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, sostenido por la ultraderecha de Vox como socio externo, también saca pecho con las exhumaciones de fosas del franquismo. “Se han financiado trabajos de exhumación en Sevilla y Almadén de La Plata, de investigación y localización de fosas en Cádiz y Villanueva de la Concepción”, según la información aportada a este medio. Y con el impulso al Protocolo de Córdoba que cimenta el futuro convenio para el trabajo conjunto de todas las administraciones, desde la local a la estatal.

“Se ha culminado el proceso de convocatoria de subvenciones para actividades memorialistas, concediéndose subvenciones a 6 Entidades Memorialistas, 9 Ayuntamientos y 4 Universidades Públicas”, subraya la administración andaluza. La Junta recalca además que ha mantenido “el contacto con el ámbito memorialista a través de las sesiones del Consejo de Memoria Histórica, con el Comité Técnico de Exhumaciones e incluso con la Coordinadora Andaluza de Memoria Democrática”.

Desde esta plataforma no perciben del mismo modo el escenario. “Las fosas del franquismo en Andalucía es una cuestión incómoda para el Gobierno de derechas”, apunta Antonio Manuel Mateos, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica, en una tribuna para elDiario.es Andalucía.

La Junta “paraliza” la búsqueda de fosas comunes, “recorta” el presupuesto en políticas públicas, dice Mateos. Es “un Gobierno que sigue instalado en un discurso lastimero con las víctimas, a las que acompaña en su duelo, mientras las abandona en la acción política de la que es responsable”, manifiesta.

Las fosas como base de la Memoria

Sin embargo, la más importante asignatura pendiente de España con las víctimas del franquismo está en las fosas comunes, según Naciones Unidas. Y en este capítulo, la Junta no ha impulsado trabajos nuevos o que no estuvieran ya encarrilados en años anteriores. Y Andalucía suma un tercio de los ejecutados por Franco. Una parte importante de los asesinados por los golpistas, además, en ciudades sin guerra como Sevilla, Córdoba, Cádiz o Huelva.

Haciendo repaso a 2020, en la capital andaluza está en marcha el proceso de exhumación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando gracias a la licitación municipal. Ahí yacen centenares de víctimas y, entre otros cargos políticos y sindicales, el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante.

Pico Reja ya es la segunda mayor fosa común abierta en suelo andaluz con más de 300 represaliados rescatados durante el primer año de intervención arqueológica por el equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Ya ha comenzado el proceso de identificación genética de las muestras óseas desde la Universidad de Granada.

En Córdoba se han realizado catas en el cementerio de San Rafael para localizar fosas comunes. En esta tarea, como en Sevilla, participan todas las administraciones: ayuntamientos, diputaciones, Junta y Gobierno de España. Los trabajos arqueológicos en el camposanto cordobés de La Salud encontraron 21 víctimas para confirmar la existencia de estos enterramientos colectivos.

Las investigaciones históricas señalan que Córdoba suma más de 4.000 ejecutados por el terror franquista. Andalucía sigue teniendo la mayor fosa común exhumada en Europa occidental: 2.840 esqueletos recuperados del cementerio de San Rafael en Málaga.

Y otro tirón lo sigue dando Cádiz. En la capital gaditana comenzaron en diciembre los trabajos de localización de la fosa sur del patio 1 del cementerio de San José. Además 2020 acumula procesos arqueológicos en Jimena de la Frontera, San Fernando, La Línea, Prado del Rey, Jerez de la Frontera… La Diputación de Cádiz también sigue activando la apertura de fosas comunes y subvenciones a proyectos memorialistas.

Políticas públicas Vs parálisis institucional

Por eso el aterrizaje de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía afianza en media legislatura la parálisis a las políticas públicas para resolver las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el franquismo en suelo andaluz. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no ha aprobado la apertura de ninguna nueva fosa común y ha metido un nuevo bocado al tema en los presupuestos de la región. Un tijeretazo en el recorte a las subvenciones memorialistas.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de España romperá el bloqueo de PP y Cs, más la extrema derecha de Vox, a la reparación a las víctimas del franquismo: el nuevo marco legal podría servir para seguir abriendo fosas comunes o para acabar con símbolos de la dictadura de Francisco Franco como el enterramiento en una iglesia de Sevilla del genocida Gonzalo Queipo de Llano.

En 2021 arranca el primer Plan de Exhumaciones estatal. Un diseño que pretende acabar con décadas de retraso en la búsqueda de los desaparecidos forzados. Aunque solo podrá exhumar a unas 25.000 personas de las decenas de miles de ejecutadas por el fascismo español, según un informe al que tuvo acceso elDiario.es y que ahora ha sido publicado. Desde el año 2000 se han abierto en toda España más de 740 fosas y recuperado alrededor de 9.000 esqueletos. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez también ha retomado las subvenciones públicas.