Andalucía prepara un 'plan B' frente a la Lomce
La Junta de Andalucía está preparando un 'plan B' “alternativo” a la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que trate de “minimizar” los “efectos más negativos” y su “impacto” en la comunidad autónoma. “No vamos a esperar a que se apruebe”, ha enfarizado la consejera de Educación, María del Mar Moreno, porque la aplicación de su desarrollo reglamentario será “lento y profundo”.
La idea en la que ya trabaja el Gobierno regional es convocar de forma “inminente” el Consejo Escolar de Andalucía para que medio millar de docentes y expertos, de dentro y fuera de la comunidad educativa, ejecuten un “análisis a fondo” a ver de qué manera Andalucia puede presentar “alternativas” dentro de los “márgenes legales” que permita la normativa estatal, entre los que ha citado los contenidos curriculares, los horarios de las asignaturas o la autonomía de los centros.
Según ha insistido Moreno durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el frente alternativo de la Junta da voz a la comunidad educativa, que se ha mostrado contraria a la aprobación de la Lomce. La consejera no quería hoy “sumar críticas” a la ley, si bien ha recordado que la Lomce rompe la igualdad de opotunidades en la escuela, avanza en la privatización de la educación y supone una “regresión ideológica” que retrotrae “30 años atrás”.
El 'plan A' es que la Lomce “no salga adelante”, ha señalado Moreno, pero el “diálogo sin éxito” durante su tramitación ha conllevado que la Junta decida plantear un 'plan B' “participativo”, consistente en convocar en junio al citado Consejo y la “movilización” de la comunidad educativa “que ayude a buscar alternativas”. La consejera ha reconocido que se trata de una ley orgánica que tendrá “mayoritariamente” aspectos “que no se podrán discutir”, si bien confía en tenga algunas “decisiones abiertas” para las comunidades.
Autorizados 34,58 millones para contratar el comedor escolar en 118 centros públicos
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos para contratar, en régimen de concesión, la gestión del servicio de comedor escolar para 118 centros docentes públicos de Andalucía, que beneficiarán a 11.000 alumnos Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla. Los contratos se adjudicarán por dos años con un presupuesto de 34,58 millones de euros, en el que se incluye la posible prórroga por otros dos.
Los comedores objeto del acuerdo son los que “hasta enero” gestionaba la empresa Brassica (los contratos fueron suspendidos por la Consejería tras “reiterados incumplimientos”) y que suponen la “normalización” del servicio en los centros afectados. Entre los datos aportados por la consejera destacan las bonificaciones de entre el 10% y el 100% en función de la renta familiar (con una partida mensual de 7,5 millones de euros). Con estas contrataciones, tres de cada cuatro usuarios se beneficiarán de algún tipo de descuento, incluida la gratuidad total para la mitad de todos los escolares (con un ahorro anual de 800 euros por niño para las familias). En 2008, el porcentaje que se beneficiaba del cien por cien de la bonificación era del 19,4% por el 50% a partir de de ahora.
Un total de 1.809 centros docentes públicos ofrecen comedor escolar en Andalucía para más de 200.000 escolares. 31 empresas de restauración (25 de ellas andaluzas), trabajan este curso para el sistema educativo. La red en su conjunto genera 8.000 puestos de trabajo directos. La Consejería de Educación lleva “tres años” sin subir el precio del menú escolar (4,50 euros), ha insitido Moreno, que ha destacado la “mejor” gestión en este sentido por parte de Andalucía respecto a otras comunidades.
En el tema de los interinos, la Junta “no es el enemigo”
Cuestionada por la situación de los 4.502 docentes interinos andaluces que este año no han podido obtener plaza, cuya plataforma ha auspiciado la ocupación simbólica del IES Las Aguas en Sevilla, la consejera de Educación ha indicadio que, en este punto, la Junta “no es el enemigo”. “Estamos trabajando en buscar soluciones; no hemos dejado de trabajar” para que la normativa estatal “tenga el menor impacto”.
Para acompañar sus palabras ha aportado un dato (de CCOO, según aclaró Moreno) del que se desprende que, a raíz del Decreto Ley 14/2012 que acarreó la salida de los centros de los interinos que cubrían las bajas y sustituciones durante el trascurso del curso académico, en el total del país han sido unos 61.000 los afectados (4.502 de ellos en Andalucía).
La Junta dice que agilizará la contratación de personal docente e investigador
También en el ámbito académico, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que permitirá ahorrar trámites y cubrir plazas vacantes de personal docente e investigador en las universidades públicas andaluzas. Según ha explicado el portavoz del Eejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, la legislación estatal impide desde 2012 contratar profesionales más allá de la tasa de reposición “infranqueable” del 10% que establece el Real Decreto 20/2011, de medidas en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
La nueva norma incluye tanto la incorporación de personal para la reposición de plazas por jubilaciones como a la contratación con carácter temporal de profesores e investigadores. La competencia otorgada a la consejería será ejercida teniendo en consideración los acuerdos que se alcancen en el Consejo Andaluz de Universidades, así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de cada centro.
