Andalucía propone un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos en el nuevo modelo de financiación
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha propuesto este miércoles la creación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos con recursos estatales y de las comunidades autónomas, “a modo de hucha”, para garantizar siempre el nivel de gasto público en el conjunto del país incluso en épocas de crisis. Esto permitiría, según ella, “atenuar los efectos del ciclo” gracias a la reserva de “recursos generados en época de bonanza”.
Durante su participación en la Tribuna Andalucía del Forum Europa, la consejera ha esbozado medidas que cree que deben ser tenidas en cuenta para abordar la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. De hecho, Andalucía trabaja en la elaboración de un documento que sirva como posicionamiento común para este debate y para el que se espera contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La previsión es que esté el 10 de agosto. “Va a haber una negociación política dura, pero esperamos lograr el consenso cuando estén las conclusiones de los expertos”, ha manifestado.
“Andalucía no quiere más que nadie pero tampoco menos”, ha comenzado la consejera, quien ha insistido en la necesidad de “hablar de equidad y no de solidaridad” porque “no es inocente que usemos un vocablo u otro indistintamente” cuando se habla de financiación. De este modo, ha explicado que la propuesta que se quiere hacer desde Andalucía se construye sobre cinco pilares: la suficiencia financiera, la corresponsabilidad y autonomía fiscal, la equidad, la sostenibilidad y la lealtad institucional“.
Junto a la propuesta de ese fondo de sostenibilidad de los servicios públicos, ha apostado por “una distribución vertical, consensuada y razonada” de los recursos y de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. “La manera más justa sería usar los porcentajes relativos que competencias de las comunidades autónomas suponen en el gasto público total para aplicarlos a los ingresos de la Administración General del Estado”.
También ha defendido la referencia de la población para la configuración de los servicios públicos “ya que son fundamentales las variables y ponderaciones que se utilicen para su determinación” o “se perpetuarán las diferencias”.
Tampoco quiere que quede fuera de este debate la “armonización fiscal”, en concreto en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, “que se ha convertido en una herramienta de competencia entre los territorios”. En esta línea, ha advertido de la necesidad de evitar un “frankenstein fiscal” si cada comunidad autónoma “va por su lado” con las rebajas de impuestos.
Finalmente, ha apuntado que “habrá que desactivar” mecanismos que se pusieron en marcha con la crisis como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Pago a Proveedores, lo que entiende que debe hacerse de manera progresiva.
