Las entidades ecologistas critican la “desregulación ambiental” del decreto de simplificación del Gobierno andaluz y apoyan impugnarlo

Tras convalidar la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía el nuevo decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, con los apoyos de PP, Cs y Vox y el rechazo del PSOE y Adelante, las principales organizaciones conservacionistas han avisado de que se trata de una “desregulación ambiental” en toda regla que reduce las “garantías ambientales de las normas andaluzas”.

En un comunicado, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF avisan de que “aprovechando la actual situación de excepcionalidad, el Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto aprobado recientemente por el Gobierno de la Junta de Andalucía (de PP y Cs) por el que se desregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y se eliminan garantías ambientales”, toda vez que el Ejecutivo andaluz defiende la necesidad de solucionar “la maraña burocrática y el exceso de legislación”, que a su juicio constituye “una pesada carga para el crecimiento económico de una región”.

Para las principales organizaciones ecologistas, no obstante, resulta “un auténtico despropósito que, con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena”.

“La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Estos cambios legislativos y normativos pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos”.

Con el nuevo decreto ley, según los ecologistas, “se amplían las actuaciones que se pueden declarar de interés autonómico, lo que facilita su tramitación, en el caso de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales”.

Además, y entre otros aspectos, “se sustituyen los planes especiales y proyectos de actuación en suelo no urbanizable para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas por un mero informe” y “e modifica de la Ley de medidas frente al cambio climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios”.

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, “si las formas y el momento de la aprobación son inaceptables, mucho más lo es el contenido del decreto, representativo de la forma en que la Junta de Andalucía entiende que hay que la crisis, desregulando procesos que nos garantizan el buen funcionamiento de actividades y proyectos; eliminando cautelas bajo el pretexto de agilizar plazos, eludiendo procesos de participación pública, incluso en contra de los objetivos de leyes estatales y directivas comunitarias y, en definitiva, permitiendo el todo vale”.

Por estos motivos, las principales organizaciones ambientales apoyan el anuncio del PSOE y Adelante Andalucía de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.