La Fiscalía no ve delito en cobrar fondos de la PAC por terrenos de dominio público en La Janda

La Fiscalía no ve indicios de delito en el hecho de que cuatro entidades mercantiles hayan cobrado cuantiosas subvenciones europeas por explotar terrenos declarados de dominio público integrados en la antigua laguna de La Janda (Cádiz). El fiscal no ha encontrado arbitrariedad en la concesión de las ayudas ni fraude por parte de las beneficiarias, sino una “desajustada actuación” de las administraciones públicas, que durante décadas han mirado hacia otro lado permitiendo la ocupación privada de los terrenos e, incluso, su inscripción catastral.

Tal y como reveló elDiario.es Andalucía, la principal de estas entidades (Complejo Agrícolas Las Lomas, S.L.) recibe del orden de cuatro millones cada año en concepto de pago básico de la PAC. Una parte de esta cantidad está vinculada a la explotación de unos terrenos que, según el deslinde de una sentencia del Tribunal Supremo, son de dominio público hidráulico.

Las Lomas es una propiedad histórica de la familia Mora-Figueroa, una de las más ricas de Andalucía, vinculada en su día a la dictadura franquista, y hoy emparentada con los Domecq y con Miguel Arias-Cañete, exministro de Agricultura y Medio Ambiente y excomisario europeo. Se trata de una exitosa empresa que gestiona uno de los regadíos más extensos de Europa, a donde destina una parte sustancial de su producción.

El cobro supuestamente irregular de fondos europeos fue denunciado por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía Europea. A su vez, esta derivó el tema a la Fiscalía Anticorrupción, que lo derivó a Cádiz. La investigación ha acabado recayendo en la fiscalía provincial, que ahora le da carpetazo definitivo.

Terreno público deslindado por el Tribunal Supremo

Los ecologistas pretendían que se investigara el cobro de ayudas directas de la Política Agraria Común por parte de estas cuatro empresas. En los últimos seis años, Complejo Agrícola Las Lomas, S.L. ha recibido 24,51 millones de euros en ayudas con cargo a la PAC; Canteruelas SAT, 1,8 millones; Dehesa de Espartinas, S.L., 1,9 millones; y José Trujillo e Hijos, S.L., algo más de 350.000 euros. Una parte de estas ayudas se ha concedido con motivo de las explotaciones agrícolas que estas empresas realizan de 6.165 hectáreas pertenecientes a la antigua laguna, hoy desecada, de La Janda.

El asunto de la titularidad es complejo, porque intervienen legislación de hasta tres siglos diferentes, la recurrente maraña competencial del Estado español y una realidad física difusa: al tratarse de una laguna, que se inunda o no según la época, el deslinde de lo que es dominio público hidráulico se realiza tomando como referencia el nivel alcanzado por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, tomando de base la crecida ordinaria ocurrida en 1955. Hasta ahí, es dominio público.

En los años 40, todo ese terreno se entregó en concesión a una empresa, Colonias Agrícolas, S.A. (una unión de terratenientes entre los que ya estaban los Mora-Figueroa), que asumió el compromiso de desecar La Janda a cambio de quedarse con la explotación. Sin embargo, en 1964 el Estado decidió recuperar los terrenos y acometer él mismo las obras, indemnizando a los privados por las escasas obras que habían ejecutado. ¿Qué terreno debía recuperar? El límite lo fijó el Tribunal Supremo en 1967, atendiendo a dónde llegaban las aguas en las máximas crecidas ordinarias: eso era dominio público y debía revertir al Estado. En teoría.

Lo cierto es que la administración nunca llevó a cabo ninguna actuación para recuperar la posesión y toleró, hasta hoy, que los privados siguieran explotando en su beneficio ese terreno. En este tiempo, las empresas han inscrito los terrenos a su nombre en el catastro. Y cuando España ingresó en la Unión Europea, empezaron también a cobrar las subvenciones por explotar esa superficie.

Fiscalía: “Desajustada actuación” de la administración, pero no fraude

La Asociación de Amigos de La Janda y Ecologistas en Acción llevan años intentando que alguien ponga fin a esta situación. Una de las vías a las que acudieron fue la penal: si estas empresas habían cobrado subvenciones europeas por explotar terrenos que en realidad son públicos, podía justificarse la comisión de un fraude. La Fiscalía no lo ve así.

El fiscal se basa en un informe de la Dirección General de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica. Allí se constata la titularidad pública de las 6.165 hectáreas, delimitación realizada con “absoluta competencia y legalidad”, y que los terrenos mantendrán siempre la calificación de dominio público hidráulico “aunque se transformen, aunque se desnaturalicen (como así ha ocurrido)”. Sin embargo, también se resalta que a partir de 1973 se pierde su “huella jurídica”, y que la inacción de la administración ha dado lugar a que hoy están ocupados por explotaciones agrícolas de particulares: “Será preciso determinar las consecuencias jurídicas y el coste económico, social y político de revertir esta situación”.

Además, el fiscal ha recibido un oficio de la UDEF donde se relacionan los titulares catastrales de los terrenos, que coinciden con los perceptores de los fondos de la PAC.

En conclusión: según el fiscal, todo esto evidencia la falta de indicios respecto a que las subvenciones se hayan concedido de manera arbitraria, o que los particulares hayan cometido fraude solicitando subvenciones por unos terrenos que son de dominio público. “Al contrario”, dice el fiscal: la situación demuestra una “desajustada actuación de las administraciones públicas concernidas que han permitido la ocupación de terrenos de dominio público y su inscripción en el catastro”.

El archivo de Fiscalía ha frustrado a los ecologistas, que tienen la sensación de que todo intento fracasa al llegar a los órganos gaditanos. Así ocurrió también con la investigación del Ministerio de Transición Ecológica, archivada al llegar a Delegación del Gobierno en Cádiz, que concluyó que la investigación del terreno corresponde a la administración autonómica.

Otros intentos se atascan en los despachos, como el abierto en la Junta de Andalucía después de que se cerrara la vía estatal. “Lo más frustrante ha sido el Ministerio, porque Teresa Ribera mandó una carta diciendo que iba a recuperar La Janda, y las primeras entrevistas fueron efectivas. No sabemos qué ha ido pasando”, lamenta Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Cádiz, que asume que el asunto acabará en los tribunales. De hecho, esa es la vía que parece también ofrecer el fiscal.

El archivo supone por ahora el cierre de la derivada penal de este asunto, pero no afecta a otras vías todavía abiertas. Los ecologistas también lo llevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que contestó por escrito: pediría a la Comisión Europea que investigase. Además, la Junta de Andalucía aseguró en febrero que estaba a punto de iniciar una investigación que podría desembocar en la recuperación posesoria de estos terrenos, después de que el Estado se declarase incompetente.