Las cláusulas sociales llegan al 75% en los contratos de la Junta de Andalucía con intento de reducción de la patronal
La Junta de Andalucía ha firmado en lo que va de año un total de “4.391 contratos en los que los pliegos han incluido las cláusulas sociales y medioambientales” que se recogieron en una guía elaborada en colaboración con los sindicatos y la patronal, el 75% del total, según ha confirmado este miércoles la presidenta, Susana Díaz. Ésta ha dicho también que 1.148 contratos han incorporado también cláusulas no incluidas en dicha guía. Hay un 25% en los que nos se han incluido porque se trata de prórrogas de contratos previos a este compromiso.
En estos momentos se está elaborando el informe del “impacto” de su aplicación, que se espera tener listo para diciembre. Estos datos los han ofrecido la presidenta en la sesión de control en respuesta a Antonio Maíllo, portavoz de IU, quien le ha afeado la “complicidad de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha intentado que modifiquen dichas cláusulas”.
En este sentido, le ha preguntado “qué voluntad tiene de cambiar esa normativa”, a lo que la presidenta no ha contestado, pese a que el diputado de IU se hacía eco un movimiento de la patronal que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, que rechazan que se pretendan suavizar las exigencias a las empresas a la hora de contratar con la Junta de Andalucía.
En su intervención, ha puesto varios ejemplos de incumplimiento de las cláusulas. Como que a Endesa, sancionada por el Consejo de Gobierno en marzo de 2017 con 400.000 euros “por claúsulas abusivas a clientes y a la que sin embargo se le ha prorrogado el contrato” en instalaciones de la Junta de Andalucía. “Esto contradice lo aprobado”, ha expresado Antonio Maíllo. Sin embargo, Susana Díaz le ha acusado de “demonizar a los empresarios” y le ha recordado que “los contratos en vigor no se pueden rescindir” como ha sugerido el líder de IU.
De su lado, Susana Díaz ha insistido en que gracias a este compromiso, aprobado por el Consejo de Gobierno en octubre de 2016, se está garantizando que dichas empresas respetan los convenios colectivos, subrogan a trabajadores en las mismas condiciones y se evitan situaciones “que otras veces hemos lamentado” como dos meses consecutivos sin pagar salarios, por citar varios ejemplos.
En todo caso, la principal crítica que desde la oposición se hace a la Junta de Andalucía es que dichas cláusulas hayan quedado en una guía en lugar de fijarse como decreto con el que garantizar unas exigencias mínimas a las empresas que presenten servicios a la administración, por ejemplo en materia de respeto a los derechos laborales.
