Los jueces colaborarán con las administraciones para detectar riesgos de exclusión social en los desahucios
Este miércoles entra en vigor un convenio firmado por la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como representante del poder local, para intentar evitar el riesgo de exclusión social que suponen los desahucios, tanto en el caso de ejecuciones hipotecarias como por el impago de las rentas de alquiler, incluidos los casos de viviendas protegidas.
Básicamente consiste en incrementar la “coordinación” entre las tres partes para detectar esas situaciones y ofrecerle apoyo a los afectados, y en su caso, paralizar el desalojo, si bien esto deberán decidirlo los jueces, de manera que no hay garantía plena de que no vayan a terminar en la calle, o por lo menos, el convenio no lo recoge tal cual. Entre otras cosas porque pese a que la Constitución Española recoge que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, hay leyes que luego no lo garantizan.
En este sentido, pese a todas las normas y planes desarrollados por el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía en la materia durante estos años de crisis, y que son referidos en el convenio suscrito este martes, los firmantes reconocen que no es suficiente y por eso se ha apostado por un paso más con este compromiso de intentar colaborar desde distintos frentes. Lo primero será la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a su acreedor y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto.
En todo caso, cuando se vaya a producir el desalojo, los jueces comunicarán el caso a la Junta de Andalucía, que formulará una propuesta de intervención, pudiendo incluir a la familia en el Programa Andaluz en defensa de la Vivienda y/o tramitar alguna medida de los servicios sociales, o bien considerar que las circunstancias no permiten concluir que se trate de una situación que entre en esta esfera. Una u otra decisión se comunicará a los jueces, que actuarán en consecuencia, pudiendo incluso “pararilizar” el desalojo “de conformidad con las leyes”, extremo que el convenio no entra a concretar más.
El convenio ha sido rubricado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos. Posteriormente, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, lo ha definido como “el más amplio de los que existe en España” y ha destacado que permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable para poder “intervenir con tiempo” y buscar una solución. Se refería con ello a que se establece que cuando el juez detecte situaciones de riesgo de exclusión social lo comunicará “pudiendo incluso suspender el lanzamiento”.
Lo que hará cada parte
De acuerdo con el protocolo, intervendrán los consistorios, a través de los servicios sociales municipales, y hasta tres consejerías. De este modo, “se adoptarán medidas para la pronta detección por el juzgado de una situación de vulnerabilidad” y se dará traslado los servicios sociales municipales, igual que intervendrá por su parte la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con sus programas y evaluaciones. Mientras, la Consejería de Fomento y Vivienda también será informada para la inclusión en su caso de los afectados en el Programa de Defensa de la Vivienda.
Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo. Desde este departamento también se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.
De su lado, el CGPJ se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la administración de justicia y también para la divulgación del convenio, igual que fomentará la colaboración con abogados y procuradores en esta materia.
Finalmente, la FAMP promoverá la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitará al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y promoverá entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados para cada caso.
Desde 2012 la Junta de Andalucía ha atendido a cerca de 10.000 afectados por ejecuciones hipotecarias, “siendo Andalucía la única comunidad autónoma que ha paralizado desahucios en el parque público de viviendas propiedad de la administración autonómica para evitar situaciones de exclusión social”, en palabras de Miguel Ángel Vázquez. Éste ha subrayado que Andalucía cuenta “con la legislación más avanzada de España para garantizar el derecho a una vivienda”, ya que fue “fue pionera en 2013 con la Ley de Función Social de la Vivienda. En este sentido, ha lamentado que la Junta no haya podido realizar una ”acción más contundente“ en esta materia por los ”palos en las ruedas puestos por el Gobierno del PP“ con su recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC).
Desde la Junta de Andalucía han aclarado también que no desahucia de las viviendas de su parque público, pero sí se pueden producir estas situaciones en las de titularidad municipal o promoción privada. El objetivo es que en estos casos se controle que en tres meses vuelven a incluirse en los registros de demandantes de viviendas para que se vuelvan adjudicar y no se queden vacías. Sólo hay desahucios del parque público de viviendas de la Junta de Andalucía en casos puntuales de ocupaciones de gente que no está en los registros de demandantes de viviendas, según las mismas fuentes.
También ha recordado que la Junta de Andalucía trabaja en el anteproyecto de Ley de Retracto, que le permitirá ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, con lo que se facilita la permanencia en su hogar de las familias que se vean en esta situación. Ha sumado a esto la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas, que crea “nuevos instrumentos de arbitraje y protección para evitar graves situaciones de emergencia social”. Entre otras medidas, esta nueva ley creará el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, que ofrecerá a los ciudadanos información y asesoramiento relacionado con el derecho.
En la lucha contra los desahucios, la Junta de Andalucía ha destacado el incremento de recursos destinados a ayudar al pago del alquiler a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio, con un total de 3,8 millones de euros y ya 243 expedientes resueltos. También están las subvenciones para los residentes en el parque público de vivienda que, como consecuencia de la crisis, han visto mermados sus ingresos, con la tramitación de más de 600 expedientes de rebaja de la renta y aplazamiento de pago.
