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ENTREVISTA | Esteban Beltrán, director Amnistía Internacional España

"Una ola de gobiernos democráticos usa por primera vez, tras la II Guerra Mundial, la idea nazi de humanos e infrahumanos"

El responsable de Amnistía Internacional asegura que espera "atento" para ver si el Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos, apoyado con Vox, "en violencia de género e inmigración será Dr. Jekyll o Mr. Hyde"

Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España en Sevilla 17 enero 2019

El responsable de Amnistía Internacional en España desde hace 22 años, Esteban Beltrán, visita Sevilla el día después de la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía. Un día histórico en el que Moreno Bonilla se pondrá al frente de un Ejecutivo construido entre PP y Ciudadanos apoyado por la ultraderecha de Vox que, por primera vez tras el franquismo, entra a un parlamento español.

Amnistía, con siete millones de socios y activistas, noventa mil de ellos en España, acaba de lanzar "Siete razones para defender leyes que protegen específicamente a las mujeres de la violencia" y la recogida de firmas "No consiento. Basta ya de obstáculos para las víctimas de violencia sexual" sobre un tema del que Vox, a través de su líder regional, Francisco Serrano, volvió a hacer bandera en la investidura. Anunciaron que derogarían "las normas con perspectiva ideológica de género" e insistieron en suprimir "la supuesta Memoria Histórica" y "expulsar a 52.000 migrantes".

¿Preocupa a Amnistía Internacional el nuevo gobierno andaluz? ¿Por qué?

Hay que descubrir si en violencia de género e inmigración seguirán el programa PP y Ciudadanos o el de PP y Vox. Si serán Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Esperamos tener interlocución pronto con el nuevo gobierno. Y desde ya estamos atentos.

¿Qué cuestiones suscitan más su atención?

Primero que Andalucía, junto a Catalunya, la comunidad con más denuncias por violencia de género y ataques sexuales, no retroceda sino que fortalezca su agenda de protección, creando ese Centro de Emergencia 24h para víctimas que recomienda el Consejo de Europa y que no existe aún en ninguna autonomía. Segundo, que en salud, donde el acuerdo PP-Ciudadanos sí recoge aspectos interesantes para reducir listas de espera, aumentar prestaciones, convertir contratos temporales del SAS en permanentes y aumentar salarios, en efecto, se vuelva a niveles previos a la crisis de 2008. Y, en tercer lugar, que no se desvirtúe la Ley de Memoria Histórica andaluza, sujeta a estándares internacionales de "verdad, justicia y reparación" con esa Ley de Concordia de PP-Vox que no debe silenciar a las víctimas del franquismo.

¿Qué peligro entraña que el PP haya dejado de hablar de violencia de género para hablar de violencia doméstica o general?

Es un paso atrás serio, contrario a la tendencia mundial de muchos años de que son agresiones que sufren las mujeres por serlo. Y si la nueva terminología se plasma en medidas políticas veremos efectos muy negativos.

¿Apoyan incluir el delito de feminicidio en nuestro Código Penal?

Ese delito existe sobre todo en Latinoamérica, pero para nosotros no da la solución. Los dos elementos clave son visibilizar las agresiones sexuales, junto a las de género de parejas y exparejas, con estadísticas distintas y ese Centro 24h y acabar con la injusticia de que las mujeres no sean creídas, tengan la carga de la prueba. Todo el Estado, de la Policía al Poder Judicial, debe proteger  las mujeres.

En el Parlamento andaluz, Vox ya vincula crimen y paro a inmigración. Pero es que el PP e incluso el PSOE trabajan por devolver menores no acompañados. ¿Teme que, por miedo al éxito de la ultraderecha, se normalicen medidas que ya está en marcha en EEUU, Brasil, Italia, Austria, Hungría…?

El riesgo es que se hace pasar por verdades mentiras repetidas. El programa Vox y PP habla de evitar un efecto llamada que no existe. A Europa, en 2018, llegaron 114.000 refugiados o migrantes cuando, en 2016, fueron un millón. Si el flujo a España ha aumentado es porque se han cerrado otras rutas a Europa. Quienes sufren guerras y miserias siguen arriesgando su vida en el mar. Así llegaron 54.000 personas a España en 2018. Un reto para salvamento y acogida, pero poco frente a los 47 millones de habitantes que somos. La migración bien organizada puede ser positiva para el país. A Alemania llegaron, en la emergencia humanitaria, un millón y medio de refugiados y el Círculo de Empresarios informa de que 400.000 están trabajando. De esa experiencia, los derechos humanos salen fortalecidos.

Repatriar migrantes abona el miedo

¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre menores migrantes?

Tiene que primar el interés superior del menor. Y cuando llegan huyendo de la guerra, hambre o maltrato, repatriarlos no parece el mejor interés, ¿no? Son once mil en toda España, dos mil trescientos en Andalucía. ¿Es una cifra desbordante? Ellos no son el problema, sino la pobreza, las guerras y la represión. Además, repatriarlos alimenta el discurso de atemorizar a la sociedad con los migrantes.

¿Qué opina de que el programa piloto del Gobierno Sánchez en migración sean retornos incentivados a Mali con 500€ y capitalización del paro de quienes de los 25.000 tengan permiso de trabajo y derecho a la prestación?

En sí, las repatriaciones voluntarias, si son realmente voluntarias, no constituirían violación de derechos humanos. El problema de la UE y España con la migración y los refugiados es que todas las medidas se enfocan en que no llegue nadie. Transmiten el miedo de que hay que protegernos de un asalto que es falso. En plena ola de gobiernos como el italiano y austriaco instalando ese miedo. De Mali hay que decir que al norte del país en ningún caso se puede retornar a nadie porque hay un serio conflicto armado. Y que la medida abona el mensaje del miedo. Pero es que quienes huyen de Mali y son rescatados en el Mediterráneo no tienen ya ni puerto seguro para bajar porque se está violando el derecho del mar.

¿Le preocupa que Trump, Bolsonaro, Salvini, Orban, la ultraderecha en gobiernos de Polonia, Austria, Noruega, Finlandia, creciendo en Dinamarca, Holanda, Francia, Alemania, ahora en España sea un neofascismo coordinado?

Por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial se viola un consenso que existía en la comunidad internacional, que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ese consenso, en la Declaración Universal Derechos Humanos (10 diciembre 1948) nació tras el holocausto y los cincuenta millones de muertos del conflicto. Luego se siguieron violando derechos humanos, pero ningún gobierno democrático había negado el principio de igualdad por el hecho de ser humano. Eso se quiebra cuando se demonizan colectivos: refugiados tachados de terroristas, inmigrantes a los que se criminaliza, mujeres, indígenas… Se vuelve al concepto de los años 30, nazi, de proteger a los humanos de los infrahumanos, que dijo Goebbels. Lo hacen gobiernos democráticos, no dictaduras, y con apoyo de parte de la población.

Reto del activismo: conectar con la mayoría

¿Qué perspectiva ve de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo?

Es el momento de dar la batalla de las ideas. ¿Qué queremos que prevalezca: igualdad, solidaridad, salud, educación, vivienda o la ley de la selva, el miedo y las fronteras? Lo que se viene en todas las elecciones, europeas, regionales y locales es la contraposición del movimiento más activo que nunca feminista y de defensores de derechos humanos frente a gobiernos que no creen o son directamente hostiles a la igualdad humana.

Si es una coyuntura de excepcional amenaza, ¿tiene Amnistía Internacional prevista una coordinación excepcional con ONGs, sociedad civil?

Los militantes de derechos humanos tenemos que salir de nuestra zona de confort para, más allá de los convencidos, convencer a la mayoría persuadible de que los derechos humanos les afectan a ellos. ¿Qué le preocupa a la mayoría de andaluces? Que el sistema de salud está en un estado deplorable. Quizá le preocupen menos cuestiones de tortura y malos tratos, pero sí, mucho, los desahucios que puede afectar a miles. La clave es convencer de que las minorías necesitan protección, sí, pero educación, salud y vivienda digna son derechos humanos básicos, de todos. Más aún, lo que da estabilidad a un país es el respeto a los derechos humanos y, entre ellos a esos pilares del Estado de bienestar. Ese es el cambio de paradigma fundamental a hacer.

¿Qué cree que pesa más en la tendencia involucionista: la manipulación en redes sociales (fakes news) o la frustración por la precariedad creciente?

La desigualdad es el perfecto caldo de cultivo de las políticas de demonización del otro. Propaganda y mentiras siempre han existido. En cada país, ahora, hay elementos propios: en Hungría la demonización de los refugiados, en Filipinas de los drogadictos, en España, por ejemplo, el choque identitario territorial… Pero el común denominador en todo el mundo es la desigualdad económica creciente a partir de la crisis de 2008, la austeridad y políticas fiscales que hacen que no se invierta en educación, salud y vivienda, precarizando, dejando a la intemperie, a cada vez más gente. Eso permite abonar la preocupación y el miedo. De forma que, sobre ese caldo de cultivo, crece lo que ahora está pasando: la negación de la igualdad de derechos de todos los humanos.

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