Una mujer desahuciada y discapacitada, ante el juez por ocupar una vivienda vacía de un banco
“Yo no quería llegar a esto”. Montserrat Rodríguez tiene 49
años y una minusvalía reconocida del 71%. Ha pasado varios procesos de cáncer y
distintas operaciones; la última, hace poco más de un mes, del corazón. No
tiene trabajo y su único ingreso es una pensión por enfermedad de 364 euros al
mes. Un dinero insuficiente para pagar una vivienda sin dejar de adquirir
alimentos, ropa o lo mínimo para vivir. Después de recurrir a Cáritas para que
le abonara los dos últimos meses del alquiler de la casa en la que vivía y que
tuvo que abandonar, al salir del quirófano tras una de sus operaciones se vio
sin un techo: “Salía de Reina Sofía (Hospital Universitario de Córdoba) y me
veía en la calle“.
Ante esa situación, Montserrat entró a vivir en una vivienda
vacía propiedad de Cajasur y este jueves se ha sentado ante el juez de
instrucción imputada por un delito de ocupación.
“No podía comprar comida y pagar el alquiler. Recurrí a Cáritas que me
ayudaba con una tarjeta para el economato. Pero un ángel caritativo me llamó un
día y me dijo que en tal calle había una vivienda abierta para mí“, explica
Montserrat, emocionada, antes de entrar en los juzgados de Córdoba. “Ese ángel
éramos todos, Monsterrat“, dice Rafael Carmona, portavoz de Stop Desahucios, en
nombre de los integrantes de la plataforma que han acompañado a esta mujer a su
cita con el juez, para mostrarle su apoyo y denunciar públicamente su situación.
“Nadie puede vivir en la calle, pero menos puede hacerlo
Montserrat con su enfermedad. Tiene todos los requisitos para no
estar en la calle en ningún momento; su cuadro clínico así lo dice. Es una
aberración pasar por los juzgados por esto“, dicen los activistas
antidesahucios.
Porque, además, esta mujer lleva solicitando una vivienda
social desde hace siete años. “Es demandante de vivienda pública desde antes de
2007, reiterada en 2009 y, por último, el año pasado“, explican para denunciar
a continuación que “los máximos responsables directos de esta situación son los
bancos pero también las administraciones“, apunta Carmona. ”¿Dónde están las
administraciones responsables para atender las necesidades de nuestra
compañera. No podíamos permanecer parados ante tamaña afrenta. No podíamos
dejarla sola“.
Siete años demandando una vivienda pública
Siete años demandando una vivienda pública
“Llevo siete años pidiendo una vivienda a Vimcorsa (empresa
municipal de vivienda de Córdoba) y a la Junta de Andalucía“, cuenta Montserrat. ”La Ley
de Dependencia la tengo aprobada pero desde hace tres años no me la abonan
porque dicen que no hay dinero“, denuncia.
“Yo no quería llegar a esto”, repite
entre lágrimas sobre la ocupación de su actual vivienda y su situación
personal.
Con ella vive su pareja, también en paro, quien junto a otros
familiares la atienden para realizar las tareas en casa: “Yo no puedo hacerlo
sola, tienen que ayudarme“.
Su situación personal es el argumento que tiene para
enfrentarse al juez que instruye el caso tras la denuncia por un delito de
ocupación. Y en ese trance, desde Stop Desahucios, esperan que “la justicia dé
prioridad a su situación de emergencia antes que a la sinrazón. Creemos que es
posible que la justicia entienda eso y busque los vericuetos legales posibles“,
dice el portavoz de la plataforma.
Y en su argumentación, los activistas antidesahucios ponen
el foco en el caso de Montserrat para denunciar el incumplimiento de los
derechos humanos básicos como el de la vivienda y la Constitución, en este caso como en el de decenas de familias. “Exigimos la
revisión de todos los procedimientos (de desahucio) que han puesto en la calle
a cientos de familias cordobesas y las animamos a que vuelvan a sus casas. Si
así lo deciden contarán con nuestra ayuda y apoyo“, advierten desde Stop
Desahucios para dejar claro que, si en su mano está, no van a dejar sin un techo a ninguna persona desahuciada por no poder pagar su vivienda.
