Siempre hay letra pequeña

La letra pequeña de las normativas gubernamentales viene a ser algo así como la puerta por la que nos cuelan a toda la ciudadanía las malas noticias. Una vez tras otra el Gobierno emite leyes, decretos o reformas que, de manera sibilina, a veces en disposiciones finales, otras agazapadas en sintaxis imposibles o tecnicismos elevados, comportan menoscabo de derechos.

En estos días se ha hecho público el acuerdo entre los sindicatos para la reforma de los subsidios, ese disparate que la vicepresidenta Yolanda Díaz intentó aprobar en su momento a toda prisa y que contenía verdaderos recortes contra los trabajadores, como ya recopilé en otra ocasión. No sé cómo quedará esta reforma definitiva, ya que en las ruedas de prensa solo se anuncian los cambios positivos, que de forma bastante acrítica suelen reproducir los medios. La sorpresa, claro, viene después, en el BOE. Veremos, por ejemplo, qué pasa con la RAI, la Renta Activa de Inserción, una ayuda que Díaz eliminó de un plumazo en la reforma que intentó aprobar.

La última de esta tropelía la hemos conocido recientemente, después de que pareciera que por fin se había conquistado una reivindicación ya histórica: la de equiparar las pensiones de viudedad a las de las parejas de hecho. Era algo que el PSOE recogía sistemáticamente en sus programas electorales, entre otros motivos gracias a la insistente lucha de la Asociación Vida de Mujeres Viudas y madres de hijas e hijos huérfanos contra la Ley General de la Seguridad Social 2007. Del mismo modo sistemático, el PSOE olvidaba ese punto de su programa en cuanto tocaba poder… Hasta hace dos años. Bueno, o eso creíamos, porque nadie se había preocupado de leer la letra pequeña.

La Asociación Vida de Mujeres Viudas y madres de hijas e hijos huérfanos ha presentado una enmienda, pero temen que, como es habitual, no obtengan respuesta en un plazo inferior a cinco años. ¿Por qué, por qué, por qué?

Ahora sabemos que, al final de la disposición adicional número 40 de aquella ley se coló uno de esos puntos que solo se entienden desde la mala baba: la norma impide compatibilizar la pensión de viudedad con las de jubilación y de incapacidad a quienes ganaban más que la pareja fallecida. Hay casi 2.000 personas afectadas, la gran mayoría mujeres, algunas tan conocidas como al actriz Kiti Mánver. Es también el caso de la malagueña Rosa Fernández, enferma de fibromialgia severa, con una menor a su cargo y 700 euros de pensión por incapacidad que no puede compatibilizar con la de viudedad (600 euros) tras la muerte de su pareja de hecho, como le ha comunicado la Seguridad Social.

¿Por qué el Gobierno introduce ese punto? ¿Por qué se niega a equipar los derechos de viudedad entre matrimonios y parejas de hecho con truquitos tan despreciables? ¿Por qué se opone a lo que dicta el Tribunal europeo de Derechos Humanos? ¿Es por moralismo, porque considera que solo el matrimonio otorga carta de naturaleza a la convivencia amorosa? ¿Porque una vez aprobado el matrimonio igualitario quiere acabar por la vía de la asfixia con las parejas de hecho, aunque sea una opción administrativa perfectamente legítima? No lo sé.

Tampoco lo saben en la Asociación Vida de Mujeres Viudas y madres de hijas e hijos huérfanos, y por eso han presentado una enmienda, pero temen que, como es habitual, no obtengan respuesta en un plazo inferior a cinco años. ¿Por qué, por qué, por qué?

Que respondan la ministra Elma Saiz y su predecesor, José Luis Escrivá. Eso, claro, si es que no les da vergüenza.