La pobreza infantil sube un 11% en siete años en Andalucía, según Save the Children
La pobreza infantil en Andalucía, lejos de mejorar o mantenerse, empeora más intensamente que en otros territorios. El porcentaje de población menor de 18 años en 2015 en situación de pobreza relativa (cuando se dispone de una renta igual o menor al 60% de la renta media estatal) era del 44,6%, mientras que la media del Estado se encontraba en un nada desdeñable 29,6%, según un informe de Save the Children presentado este martes en Madrid. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza sitúan a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población infantil en pobreza relativa, únicamente por detrás de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La infancia andaluza se aleja así de la del resto del Estado. Si en 2008 Andalucía ya mostraba porcentajes alarmantes de población infantil en situación de pobreza relativa (33,5%), casi 7 puntos por encima de la media nacional en 2008 (26,8%), en 2015 la brecha entre la infancia andaluza y la media estatal se había duplicado hasta llegar a 15 puntos. Son cifras del informe 'Desheredados' sobre desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas, en el que Save the Children y que pone especial hincapié en tres vertientes concretas: la protección social, la vivienda y la educación.
La infancia andaluza más vulnerable sufre de una triple desigualdad: intergeneracional al estar las niñas y niños más empobrecidos que otros grupos de edad; interterritorial, al superar como se ha dicho en 15 puntos la media estatal de infancia viviendo en pobreza; y entre los propios niños y niñas andaluces, ya que la caída de ingresos desde la crisis ha sido desproporcionada en las rentas bajas.
La pobreza afecta en mayor medida a la infancia que a otros grupos de edad andaluces. Esto es consecuencia de que la caída generalizada de los ingresos en la comunidad autónoma entre 2008 y 2015 ha afectado más a los hogares con niños y niñas a cargo. De ahí que el índice GINI infantil supere en un punto al GINI de la población general (36 puntos frente a 35). El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución igualitaria. Un índice de GINI de 0 representa la igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 representa el máximo de desigualdad.
“Los pobres son cada vez más pobres”
Esta caída de ingresos ha golpeado desproporcionalmente a los niños y niñas de los grupos de renta más baja; el primer quintil de renta ha visto reducido en un 38% sus ingresos disponibles entre 2008 y 2015, frente a una reducción de un 23% para el resto de los quintiles.
Según el informe, la pérdida de ingresos entre los más vulnerables se traduce en un incremento de la intensidad de la pobreza: los pobres son cada vez más pobres. Esta realidad se refleja en el porcentaje de niños y niñas viviendo en Andalucía en situación de pobreza severa (cuando dispone de una renta igual o menor al 40% de la renta media estatal), un 25,7% (418.370 niños y niñas) o en el porcentaje de niños y niñas viviendo en situación de privación material severa, que ha pasado de un 8,7% en 2013 a un 9,8% en 2015.
Por otro lado, el número de niños y niñas que viven en hogares dónde nadie trabaja o donde hay baja intensidad laboral se ha disparado entre 2008 y 2015, sufriendo el mayor impacto los niños y niñas de los grupos de renta más baja, donde el porcentaje de niños y niñas que residen en hogares con esta situación de baja empleabilidad ha pasado de un 26% en 2008 a un 47% en 2015.
Segun Save the Children, “los índices de pobreza y desigualdad infantil en la Comunidad Autónoma andaluza presentan un aumento constante y sostenido desde 2008, año del inicio de la crisis, sin que las políticas públicas puestas en marcha para la lucha contra la pobreza y la desigualdad infantil hayan conseguido contener estas tendencias negativas. Además, se pone de relieve que la salida de la situación de pobreza de los niños y niñas andaluces se encuentra cada vez más lejos”.
Prestaciones sociales “ineficaces”
Recoge el informe que “la desigualdad en Andalucía no se ve apenas afectada por las transferencias sociales al hogar, aquellas que deberían diseñarse para proteger a los niños y niñas. A pesar de los altos índices de pobreza infantil, tan sólo un 12% de los niños y niñas andaluces recibe alguna prestación al hogar. Dos tercios de los niños y
niñas andaluces son beneficiarios indirectos de algún tipo de ayuda; sin embargo, la capacidad de las prestaciones sociales para reducir la desigualdad resulta ineficaz“.
Por otro lado, los gastos de vivienda son de los más regresivos en los que incurren las familias, detalle el informe, llevándose una muy considerable porción de la renta familiar de aquellos que menos tienen: el 50% de los ingresos de los niños y niñas del 20% más pobre de la población se va a pagar la casa y los gastos relacionados. En Andalucía, prácticamente la mitad de los niños y niñas del primer quintil sufre sobrecargo de los gastos de vivienda.
En otra parte del informe se indica que, a pesar del poder igualador de la educación, determinadas “debilidades” del sistema educativo andaluz impiden que aquellos con más dificultades puedan alcanzar a sus compañeros; es más, en algunas ocasiones, ya sea porque las plazas de educación 0-3 no están ocupadas por los grupos más vulnerables o por la segregación, incrementa la desigualdad. De 2008 a 2015, el Abandono Escolar Prematuro del 20% más pobre de los niños y niñas se redujo tan sólo en un 2,7%, diez puntos porcentuales menos que para el conjunto de la población.
Save the Children propone una serie de recomendaciones para cada apartado, como el fortalecimiento de las prestaciones sociales al hogar no contributivas mediante la modificación del Ingreso Mínimo de Solidaridad; dotar de recursos presupuestarios suficientes al reciente Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020; fortalecer con recursos humanos y presupuestarios los servicios de atención familiar de los Servicios Sociales Comunitarios; o aumentar el número de viviendas en régimen de alquiler social disponibles; entre otras cuestiones.
