La Junta destina 120 millones de euros a la lucha contra la pobreza
Con la filosofía de que frente a la paciencia está la “urgencia” de “no dejar a nadie en la cuneta”, el Gobierno andaluz aprobó hoy el decreto-ley contra la Exclusión Social con los que movilizará 120 millones para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente desempleados sin ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. El paquete de medidas se articula en torno a tres programas: un plan de acción social (60 millones), orientado al empleo y por el que se prevén generar 47.000 contrataciones; un plan de solidaridad alimentaria, que garantice alimentación básica a menores y mayores en situación de pobreza y establecer una red coordinada autonómica y local de entidades que velen por proporcionar comida a quienes más lo necesitan (20 millones), y la agilización del ingreso mínimo de solidaridad (44 millones).
Los recursos destinados a sufragar estas medidas están ya consignados en los presupuestos autonómicos de 2013, por lo que con este decreto lo que se hace es activarlos. La única cantidad nueva son los 44 millones destinados al ingreso mínimo de solidaridad, lo que hasta ahora se ha venido llamando salario social, que son el resultado del constante crecimiento de la demanda de esta ayuda, que ya en 2012 solicitaron 55.000 personas, y que se vienen a sumar a los 70 millones que ya estaban operativos para este fin.
De esta norma, surgida de la necesidad de dar una respuesta rápida a la situación de “emergencia social” de muchas familias, la principal novedad radica en el apartado del empleo. En este caso, la Junta tirará de los ayuntamientos para su puesta en marcha. Los que soliciten acogerse a este programa recibirán una transferencia de recursos autonómicos para que puedan proceder a la contratación de unas 47.000 personas, por un periodo de entre 15 días y tres meses, con un salario medio de unos 1.000 euros, para desempeñar trabajos para la comunidad. La Consejería de Salud y Bienestar Social, que coordina la medida junto con la Consejería de Administración Local, tiene diseñado un mapa con el reparto de esos 40 millones que se han dispuesto para esta iniciativa en función de la tasa de paro de cada municipio. En ningún momento los contratos que se oferten podrán suplir el trabajo que ejercen los trabajadores municipales.
Unos mil ancianos con problemas de movilidad recibirán comida a domicilio
En este apartado, según adelantó la titular de Salud, María Jesús Montero, se quiere solicitar la colaboración del Gobierno, de manera que estas contrataciones queden exentas del pago de la Seguridad Social, lo que ayudaría a salvar 14 millones de euros. Un dinero que se redigiría a fomentar nuevas contrataciones.
El segundo pilar de este plan de Acción Social es amortiguar la caída de la contratación en la ayuda a domicilio. Un sector que da empleo, principalmente, a mujeres con escasa formación y que se resiente por efecto de la crisis y los recortes del Gobierno central. En este caso, se prevé una partida de 20 millones para intentar que no se pierdan unos 2.500 empleos, a la que vez que se mantiene este servicio a entre 12.000 y 15.000 beneficiarios.
El segundo de los ejes es el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. Según explicó Montero, supondrá que unos 40.000 escolares recibirán tres comidas al día. El programa se mantendrá en servicio también durante el verano para unos 5.000 menores a través de campamentos que se organizarán en zonas deprimidas. Los 35.000 restantes recibirán comida, precisamente, a través de la red de solidaridad alimentaria, es decir, a través de las entidades, ongs y otros colectivos. También unos mil ancianos con problemas de movilidad recibirán comida a domicilio.
El último programa lo que persigue es agilizar la tramitación para el acceso al ingreso mínimo de solidaridad, para que en el plazo de dos meses los beneficiarios puedan recibirlo.
La ley de renta básica, uno de los hitos del acuerdo de gobierno
Este plan, unido al de acción social, no dejan de ser un sucedáneo de la renta básica, es decir, la recepción de una ayuda a cambio de un compromiso de integración laboral o de prestar un trabajo a la comunidad. Por tanto, son los cimientos de una ley futura aún por desarrollar ya que, según admitió Montero, aún le queda recorrido para su negociación y ha habido que aprobar estas medidas “transitorias y urgentes”, “porque los ciudadanos no pueden esperar” y porque el Gobierno andaluz “no puede dejar a nadie en la cuneta”.
De todas formas, esta ley de renta básica tendrá que ver la luz. Es uno de los hitos del acuerdo de gobierno que PSOE e IU suscribieron hace justo un año. De difícil encaje por la crisis económica, la coalición de izquierdas forzó a que en el documento del pacto se recogiera, al menos, la creación de un grupo que estudiara su implantación. El PSOE accedió. En los tiempos de bonanza también lo llevaba en su programa, pero lo suprimió en el último por una figura de nueva creación. De todas formas, bajo la denominación que sea, tiene que tener salida más tarde o más temprano, por la sencilla razón de que está recogido en el artículo 23.3 del Estatuto de Andalucía.
Aparte de una cuestión clara de competencias, que la presentación de este decreto-ley haya recaído en Montero, cuando un buen porcentaje de las medidas llevan el sello de IU (solidaridad alimentaria), no es otro que compensar el golpe de efecto del decreto-ley antidesahucios de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. El PSOE quería recuperar su cuota de protagonismo, aunque Griñán ya se ha adelantado, porque incluso una semana antes de aprobar este decreto, ya ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convocar una conferencia de presidentes para abordar una “estrategia nacional” contra la exclusión social, teniendo como base la propuesta andaluza.
