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La investigación judicial a Abengoa explota con la compañía embarcada en su enésimo intento de supervivencia

Una trabajadora en la sede de Abegoa de Sevilla, donde agentes de la Guardia Civil han realizado un registro por delitos societarios y contra el mercado y consumidores

Antonio Morente

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Si aplicamos aquello de que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, Abengoa encajaría como un guante en esta descripción. En pleno concurso de acreedores y en medio de una virulenta batalla accionarial, la vertiente judicial ha venido a explotar de manera aparatosa (con masivo registro de la Guardia Civil incluido en Sevilla en la sede central de Palmas Altas) justo cuando la compañía está en vilo pendiente de las dos ofertas que se han presentado para intentar reflotarla, lo que viene a añadir más incertidumbre a la situación.

¿Puede esta actuación ordenada por la Audiencia Nacional comprometer todavía más el futuro de Abengoa? En principio no, porque hablamos de unos hechos que se remontan a varios años atrás, la investigación de la anterior cúpula directiva por la supuesta manipulación de las cuentas de la empresa para ocultar su mala situación. Pero desde luego, todo este ruido no es lo ideal para intentar recuperar una cierta estabilidad. “Todos los días nos levantamos con malas noticias que intentamos sobrellevar”, describía de manera bastante gráfica la presidenta del Comité de Empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez, en una entrevista en Radio Sevilla.

Posible maquillaje de las cuentas

La Guardia Civil fue directa al epicentro del poder en Palmas Altas, al Edificio D donde se ubican, entre otros departamentos, la dirección general y la contabilidad. Tras ordenar a los trabajadores que no tocaran sus ordenadores, que pusieran sobre la mesa sus DNI y que abandonaran las instalaciones, comenzó un masivo registro que se prolongó hasta cerca de las 20 horas siguiendo las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ha decretado el secreto de sumario.

La intervención se enmarca en lo que se conoce como el caso Abengoa II, que tiene en el punto de mira al que fuese presidente de Abengoa hasta 2015 Felipe Benjumea y al exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, junto a otros altos cargos. ¿El motivo? Una posible alteración del estado financiero de la multinacional, lo que se traduciría en una falsa impresión de buena salud económica que siguió atrayendo a inversores. La operación se habría desarrollado antes del preconcurso de acreedores que tuvo lugar en 2015. De hecho, la propia dirección de la multinacional trasladó a la plantilla que se trata de “un procedimiento completamente ajeno a la actual administración” y solicitaba a la plantilla “máxima colaboración” con los investigadores.

La propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, confirmaba este martes que se investigan “supuestos delitos en relación con el mercado y con los consumidores” que se habrían producido entre 2014 y 2016. En concreto, el caso Abengoa II tiene su origen en 2016, en una demanda por falsedad contable y estafa de inversores que interpuso la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, y que además de a la propia compañía está imputada la auditora Deloitte por su supuesta intervención en este maquillaje de las cuentas.

Mirando al futuro

Lo cierto es que la entrada de una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para registrar el corazón financiero de Abengoa ha supuesto revivir el pasado, justo cuando se está más pendiente de saber si hay futuro. Porque la firma energética se declaró en febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de 6.000 millones de euros y no fructificar su última operación de rescate, un descarrilamiento al que no fue ajeno el que la Junta de Andalucía al final no aportase los 20 millones de euros que le correspondían en esta operación.

Pese a tantos avatares, lo cierto es que a día de hoy sobre la mesa hay dos propuestas para reflotarla. Los ojos están puestos en Abenewco 1, que concentra a las más de 300 filiales y la actividad de la matriz de su propio hundimiento. El administrador concursal de Abengoa es el que tiene que elegir ahora entre las dos ofertas que se han presentado para hacerse con el 70% del control de Abenewco 1 y, de esta manera, intentar salvar las líneas de negocio que se consideran rentables. 

Las dos opciones para Abengoa

Eso sí, las dos propuestas son muy diferentes. La primera la ha presentado Terramar Capital y ha generado no poca inquietud entre los trabajadores, ya que se trata de un fondo buitre especializado en liquidar empresas con problemas para intentar sacar el máximo beneficio. La segunda oferta, que verían con buenos ojos tanto el Gobierno central como los bancos que son los principales acreedores, la ha presentado AbengoaShares (que concentra a unos 1.400 accionistas minoritarios que representan el 14,5% del capital) y tiene como principal cara visible y socio industrial al grupo mexicano Caabsa, que cuenta con el aval de haber rescatado a OHL. 

Ambos proyectos, por cierto, cuentan con que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aporte una jugosa cantidad en concepto de rescate. En el caso de la oferta de AbengoaShares y Caabsa estaríamos hablando de hasta 249 millones de euros a cambio de salvar los puestos de trabajo (unos 15.000, de los que alrededor de 3.000 están en Andalucía) y de no deslocalizar la compañía. 

Guerra accionarial y temor laboral

Y a todo esto, como telón de fondo, sigue la pelea accionarial, que ha vivido su penúltimo episodio con la desestimación judicial del recurso que presentaron los accionistas minoristas (integrados en AbengoaShares y que quieren situar a Clemente Fernández como presidente) por la suspensión de la junta de accionistas que tenía que haberse celebrado a principios de marzo. En esa junta los minoritarios se habrían hecho con el control, pero los hasta entonces responsables precipitaron el concurso de acreedores y la cuestión ya está en manos del administrador concursal.

Tampoco ha ayudado a mejorar las cosas el rocambolesco giro que ha dado uno de los balones de oxígeno que debe recibir la compañía, 78 millones de euros por la compra de su sede en Palmas Altas por la Junta para ubicar allí la Ciudad de la Justicia. El que al final se adquiera con el uso indirecto de fondos que la UE envía para superar la pandemia no es precisamente ejemplar por muy legal que sea, una operación que ha salpicado a la empresa sin tener arte ni parte en esta decisión.

Los trabajadores, por su parte, continúan con sus protestas y hace unas semanas se lanzaron a la calle con el grito desesperado de que no se deje caer a Abengoa. Lo dicho, que no es el mejor de los ambientes para estabilizar la situación, y el problema es que lo ocurrido este martes ha sido un nuevo paso en un camino que se antoja largo y lleno de dificultades.

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