Recta final en la negociación de la PAC con ventaja para Andalucía

La Política Agraria Común (PAC) significa para Andalucía unos 250.000 perceptores de ayudas de la UE , es decir, uno de cada tres en España. Este territorio es potencia agroalimentaria y supone el 35% de la renta agraria nacional. El sector supone un peso del 12% sobre su PIB (producto interior bruto). Por eso se juega mucho en el marcado 2023-2027, que relevará al vigente periodo transitorio y en cuyo diseño la Junta de Andalucía, de la mano de las organizaciones agrarias, ha peleado por introducir cambios en el planteamiento inicial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (PAMA) para el Plan Estratégico Nacional de cara a la aplicación en nuestro país de la PAC, que llega con un recorte de 40.000 millones de euros.

Desde el Gobierno de Andalucía, que llevó 30 propuestas de modificación sobre el documento elaborado por el departamento del ministro Luis Planas, han sacado pecho de la última propuesta negociada con el MAPA porque creen que se han incluido sus grandes demandas y se ha “reconducido” el debate. Entre las organizaciones agrarias, menos entusiasmo, porque siguen considerando dañino para el sector este plan. Los acuerdos alcanzados antes de las vacaciones, para un debate todavía no concluido pero que debe estar cerrado antes del 31 de diciembre, se centran en cinco frentes.

Se descarta el agricultor genuino

El MAPA quería cambiar la figura de agricultor activo por la de agricultor genuino. En el caso de la primera, la vigente, es agricultor activo el que, del total de ingresos agrarios, un 20% procedan de la venta de sus productos y hasta el 80% de subvenciones. En cambio, con el agricultor genuino, el MAPA proponía que para ser considerado como tal habría que tener un porcentaje de ingresos agrarios sobre los totales del declarante del 25%. Esto dejaba fuera de la PAC a más de 55.000 andaluces. Finalmente se mantendrá la primera fórmula. Se tiene en cuenta de este modo que muchos son profesionales del sector, con su trozo de tierra, pero también tienen otras ocupaciones. Es decir, tienen en el campo “un complemento importante en su renta”, en palabras de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en referencia a lo que llama “agricultor pluriactivo”.

Un mínimo de 20 regiones productivas

El MAPA partía de la necesidad de reducir las 50 regiones productivas en España, consideradas por Luis Planas una “barbaridad”, lo que puso en alerta a todas las organizaciones agrarias. Llegó a plantear reducirla a menos de 10, de forma que las regiones productivas que reciben más fondos se fusionaran con las de menos, obligando a su vez a la convergencia entre los que beneficiarios. Esta propuesta iba a tener impacto sobre todo en Andalucía, donde los fondos por hectárea están por encima de la media y serían derivados a otros territorios. Finalmente se ha llegado a un compromiso de mantener como mínimo 20 regiones productivas.

Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores de Andalucía (Asaja), su coordinador en Sevilla, Antonio Caro, se mostró desde el principio en contra de este cambio en un sistema “consolidado y que funciona” porque es “reflejo de la diversidad” agraria del territorio. De este modo, Asaja firma con COAG y Cooperativas Agrarias un documento en el que señalan que esa cifra de regiones productivas “supone ya una reducción más que importante, del 60%, con respecto al anterior periodo”, y subrayan que “perjudicaría gravemente la diversidad productiva de Andalucía”, por lo que no se conforman con la última propuesta.

Mantenimiento de los derechos de pago

Pero además de un sistema de ayudas directas basado en regiones, se defiende que su gestión esté igualmente sustentada en derechos de pago que no se pierdan con los cambios porque Andalucía parte de una posición de ventaja. Esta exigencia de Andalucía frente a otros territorios ha sido asumida en la mesa de negociación. Se trata de posibilitar la continuidad de la ventaja competitiva para que los jóvenes accedan a la agricultura y ganadería. La idea es prolongar lo suficiente el periodo transitorio para que no existan reducciones de la renta importantes. “Sobre todo queremos que ningún agricultor salga fuera de la PAC y que Andalucía mantenga su status quo”, dice la consejera.

Ecoesquemas de forma paulatina

El debate de los ecoesquemas, por el que se propone vincular el 20% de las ayudas directas a su cumplimiento, es el único pendiente de concretar, ya que se ha pospuesto a septiembre. “La idea es articular ecoesquemas atractivos para que se acojan a ellos el mayor número posible de agricultores y ganaderos, y que, de esta forma, España contribuya al cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por la UE”, dice Carmen Crespo.

Pese a los recelos, Andalucía parte con ventaja dado que actualmente es la comunidad autónoma con mayor superficie destinada a producción ecológica: 1.065.259 hectáreas, más del doble que la segunda, Castilla-La Mancha. El presidente de la asociación profesional española de producción ecológica (Ecovalia), Álvaro Barrera, sostiene que “la producción ecológica requiere la financiación necesaria para liderar la transición a una economía verde con la que alcanzar los retos del Green Deal”. Defiende “una PAC de consenso, que contribuya a la sostenibilidad de todos los ecosistemas agrarios y que proporcione estabilidad a agricultores y ganaderos, con el presupuesto necesario para poder afrontar con éxito las importantes y necesarias oportunidades que se plantean”.

Nuevas producciones

Sí hay consenso en cuanto a las ventajas que supondrá el nuevo diseño a la hora de permitir incorporar las frutas y hortalizas entre los perceptores de las ayudas directas, y sobre todo, la creación de un programa sectorial para el olivar tradicional. Este supone en Andalucía 1,6 millones de hectáreas y viven de ello unas 250.000 familias. Se reconocerá como ecoesquema, entre otras cosas por su papel como sumidero de CO2. De hecho, más de 150.000 hectáreas de olivar están dentro de espacios protegidos.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía, Cristóbal Cano, aboga por mecanismos de regulación y políticas promocionales diferenciadas para el aceite de oliva virgen extra procedente de este olivar tradicional. “Hay que promocionar claramente ese aceite diferenciado, de la máxima calidad, procedente de un olivar tradicional que es el que da vida a los pueblos, que fija la población al territorio y lucha contra el cambio climático”, asevera.