Personas refugiadas: la no acogida de hoy, el conflicto de mañana

Les llamamos ‘refugiados’, pero son personas que han sido erradicadas de su hogar. Únicamente son demandantes de acogida en un lugar donde buscan refugiar su vida y la de su familia. Esta falsa denominación de ‘refugiados’, que suena a voluntad de eludir responsabilidades, evidencia que no son la generosidad ni la justicia las que inspiran el tratamiento de las víctimas de intereses crueles. De hecho, de un tiempo a esta parte podemos observar cómo el derecho de acogida de las víctimas se ha convertido en un deber a evitar. No hay más que analizar las políticas de las naciones de la Unión Europea para comprobar que la acogida se entiende como una obligación asumida, como una carga ante la que no existe más remedio. No hay, por tanto, una voluntad real de hacerlo.

De estas políticas, tanto europeas como españolas, se desprende que el núcleo no son las personas, sino el poder económico que dictamina lo que ha de hacerse con ellas. La realidad es que ha habido política de acogida, pero se pone en práctica obligada por las normativas y la praxis de otra época.

Hay numerosos ejemplos que reflejan la voluntad de no acogida, entre ellos:

a) El porcentaje de reconocimiento administrativo de asilo es mínimo, con respecto a las personas solicitantes o a las que les asiste el derecho.

b) La Unión Europea admitió su deber de acogida, pero lo hizo limitando considerablemente las cantidades de personas, a través un reparto humillante y discriminatorio e incumpliendo, además, los compromisos que adquirió.

c) La suscripción de acuerdos y pactos con terceros países, como Marruecos, Turquía y Libia, sin tener en cuenta las condiciones de seguridad y otros riesgos inherentes, pero asegurando su falta de presencia en la frontera.

d) El confinamiento de personas demandantes de refugio en campos de concentración, donde terminan siendo condenadas al olvido.

Así, la finalidad real de las políticas de asilo no es el verdadero acogimiento de las personas sino, más bien, la gestión de unas prácticas derivadas de unas determinadas exigencias políticas.

Atención externalizada

No obstante, a título personal puede existir una atención a las personas acogidas con hondo sentido humanitario. Pero lo cierto es que el cometido exigido al entramado humano, dedicado al funcionamiento de los centros de acogida, es de gestión fiel a la literalidad de un proyecto muy ajeno a las condiciones exigidas para una auténtica acogida. Prueba de la falta de interés político en el asunto es el hecho de que la atención de acogida se externalice, desplazando la responsabilidad del Estado a las ONG y, de estas, a empresas subcontratadas.

Existen diversas muestras de esta realidad, pero no hay ninguna más evidente que un centro de acogida aislado de cualquier núcleo urbano. La pregunta es: ¿qué clase de acogida puede ofrecer España a las personas solicitantes, si el primer obstáculo para su integración lo erige la ubicación del centro al que las destina? Si inicialmente se les excluye de la sociedad, ¿cómo se pretende que comiencen a integrarse en la misma?

Esto sucede en un centro de acogida situado en las afueras de Sevilla, en el Polígono Industrial Majaravique, concretamente en el kilómetro 4.5 de la vía que une Sevilla con el pueblo de La Rinconada.  El centro, gestionado por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), por su situación ofrece dificultades para la socialización de quienes en él residen, condenándoles al aislamiento. En puridad, no es más que una concreción de la política europea y española actual con respecto a las personas refugiadas, que va recortando sus derechos progresivamente y en la que prima la mera gestión frente a una acogida de personas real, humana y solidaria.

En el contexto expuesto, el día 15 de octubre un grupo de unas 60 personas acudieron a la sede de la APDH en Sevilla, para denunciar su situación. Su intención era, exclusivamente, solicitar a la asociación que les ayudara a defender sus derechos como personas acogidas.

Masificación

El centro en el que se encuentran no es adecuado porque dificulta la integración de las personas allí asignadas, pero también por otros motivos. Por una parte, porque aloja a multitud de familias que encuentran una infinidad de impedimentos para acompañar al colegio y al instituto a sus hijas o para ir a la consulta médica más próxima cuando un hijo enferma. Por otra parte, porque el edificio está junto a una carretera en la que el tráfico es alto, no habiendo un paso de peatones que permita cruzar a la parada de autobús, al otro lado de la vía. Por último, es de reseñar que en el edificio conviven alrededor de 180 personas de todas las edades, nacionalidades, idiomas y condiciones personales. La masificación implica una grave dificultad para la convivencia en unas condiciones dignas.

Por todo lo anterior, creemos que el antiguo hotel Majaravique, dedicado en la actualidad a centro de acogida de personas solicitantes de asilo en primera fase, se inscribe en la línea política de personas refugiadas configurada por los últimos gobiernos.

Es muy importante subrayar que personas refugiadas, migrantes llamados “económicos” y menores extranjeros dependientes, no se encuentran en la indiferencia social, son de interés generalizado y es por ello por lo que son objeto de las políticas partidistas. En cada falta de respeto o en cada práctica de menosprecio a las personas extranjeras se trasluce la xenofobia. Pero además, dada la dignidad de las personas y la sensibilidad social patente, si quienes tienen obligación de brindar una acogida humanitaria a las personas extranjeras, las dejan expuestas a la exclusión, al menosprecio social y al borde de la delincuencia, sin duda deben repensar muy en serio su razón de ser.

La exclusión de hoy es, sin duda, el conflicto de mañana.