Hoy nos enterábamos, no sin cierta resignación, que el Ayuntamiento de Madrid pasaba a estar intervenido por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Cristóbal Montoro es esa suerte de villano de dibujos animados que ha encontrado en Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato la horma de su zapato y que, como el cartero, siempre llama dos veces.
Esta pelea no es algo nuevo. Tras la modificación del artículo 135 de la Constitución, dictado por la troika y con el PSOE como colaborador necesario, se aprobó la conocida como Ley Montoro y se modificó la Ley Bases del Régimen Local. Con ella se atacó de forma directa la soberanía de las instituciones más cercanas a la gente: los ayuntamientos. Estos se vieron obligados a reducir las inversiones y empezar a priorizar el pago de unas deudas que, en muchos casos, no habían generado los actuales gobiernos. Unas deudas ilegítimas y contraídas por una mezcla de mala gestión, enriquecimiento propio y capitalismo de amiguetes.
Esta forma de actuar por parte del ministerio es totalmente injusta, ya que la deuda municipal representa solo el 5% del total de la deuda española. Pero a pesar de eso los municipios cumplieron con la parte que los tocaba, porque en caso contrario podían verse intervenidos o sus ingresos congelados. Los ayuntamientos han cumplido tanto que las corporaciones municipales han aportado 7.500 millones de euros de superávit al cómputo del estado y ha sido su gestión la que ha permitido a Montoro presentar una cuentas dignas a los organismos europeos
Desde la llegada al gobierno madrileño de Carmena la disputa con el Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha sido permanente. Tanto es así que, como se explicó también por aquí, intentaron impedir que el ayuntamiento invirtiera 230 millones de euros (que son muchos millones) en sus barrios, guarderías y polideportivos. El gobierno de Ahora Madrid respondió llevando al ministerio a los tribunales. Porque aunque es una ley injusta y contra la que hay que luchar, la estaban cumpliendo.
Los conflictos con otros municipios gobernados por fuerzas del cambio, como el de Cádiz, tampoco se han hecho esperar. Badalona, que también es un ayuntamiento valiente, inició acciones propias de desobediencia.
Esta situación, que ya es de por sí muy grave, se vuelve aún peor cuando observamos que el ministerio de Hacienda no trata a todos los municipios por igual. El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular y aupado por Ciudadanos, en la práctica va a hacer exactamente lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid: interpretar de forma diferente a como lo hace el ministerio los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta semana se aprobarán expedientes de modificación presupuestaria por valor de 37 y 2,5 millones de euros para inversiones financieramente sostenibles. Buena parte de estas inversiones son necesarias y positivas para la ciudad. ¿La diferencia? Que Montoro no va a dejar caer a la única gran ciudad que les queda en España.
El problema es que mientras Montoro permite la desobediencia malagueña, carga con todas sus fuerzas contra un ayuntamiento que reduce su deuda en más de un 40%, tienen 1.000 millones de superavit o aumentan un 74% las inversiones sociales. Y que tiene en el punto de mira a una ciudad como Cádiz, que ha reducido en 40 los 275 millones de deuda que se encontraron al llegar al mismo tiempo que remunicipalizan el servicio de playas o implantan un bono social para que nadie deje de tener acceso a algo tan básico como el agua.
Este es un combate político prioritario, que permite comparar los dos modelos de país que propone cada bloque. Por un lado, quienes siguen atacando la autonomía local, reduciendo competencias y financiación a la vez que gestiona mal, se endeuda más y enriquece a unos pocos. Por el otro, los municipios que adelantan el país que queremos: uno que ponga en el centro otra economía, más justa, más solidaria, más eficaz.
Cualquier cambio político real en este país pasa por la supresión de la Ley Montoro y la modificación del artículo 135 de la Constitución. Pasa por devolver autonomía a los municipios, se mejora su financiación y se persigue el endeudamiento por gestiones nefastas. En ello estamos.
Cristian Gracia Palomo es politólogo y miembro de la Red Municipal Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes.
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