El peaje en el Algarve portugués: tres años de sangría económica a ambos lados de la frontera
El 8 de diciembre de 2011 los conductores que llegaban al Algarve portugués desde el puente internacional sobre el río Guadiana se encontraron con unos llamativos carteles con la palabra “portagens”, que avisaban de que, en adelante, habría que pasar por caja para cruzar una autopista pagada con dinero público, en buena parte de la Unión Europea.
Comenzaban así lo que organizaciones empresariales y sociales a ambos lados de la frontera han coincidido en definir como “tres años de sangría económica” para las dos comarcas más afectadas, la del mismo Algarve y la de la costa occidental de Huelva.
La jornada del 8 de diciembre fue sólo informativa, y al día siguiente se empezó a exigir a los conductores que pasaran por caja, aunque con desfinformación y complicaciones que han hecho que nadie, salvo la empresa concesionaria, haya salido beneficiado de este tema.
No toda la autopista A-22 es de pago. De hecho, las dos primeras salidas (Vila Real-Castro Marín y Altura-Monte Gordo) se pueden coger libres de peaje, pero los carteles informativos y los primeros puestos de pago del peaje están situados nada más pasar el puente, por lo que los conductores pagan por adelantado un dinero que, en ocasiones, no deberían abonar.
Se trata de un sistema de pago de peaje mediante el paso por arcos de control situados en la autopista. Si se ha pagado previamente, por ejemplo a través de internet, se supone que el sistema reconoce la matrícula, pero el pago se hace a través de un enrevesado sistema en la web de Correos de Portugal que hace que mucha gente desista. El resultado es que nada más cruzar la frontera hay gente que pasa por caja, aunque vaya a Castro Marín.
90 millones de pérdidas en tres años
El último movimiento social contra este peaje ha sido la puesta en marcha de la Plataforma Hispano Portuguesa de Afectados por los Peajes en la A-22, que habla de que en estos tres años se han producido unas pérdidas de 30 millones de euros al año a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa.
Este colectivo ha señalado que para la parte española también ha supuesto la pérdida de un 30 por ciento de visitantes en el último año, y en municipios como Ayamonte se ha notado un decrecimiento notable de visitas de portugueses, su principal volumen de negocio extranjero, que llega al 30 por ciento, mientras que el Algarve ha perdido por lo menos un 50 por ciento de visitantes españoles en su tránsito diario.
La Plataforma considera que el impacto ha sido “muy negativo”, por lo que se ha hecho un llamamiento a que se unan todas las fuerzas políticas y agentes socioeconómicos de la comarca, de cara a una reunión que se celebrará el 13 de diciembre para decidir las futuras formas para combatir los peajes en la A-22, que pueden incluir alguna acción sobre el Puente Internacional del Guadiana.
Antes de la creación de esta plataforma, organizaciones empresariales y ciudadanas portuguesas y españolas, entre ellas la Cámara de Comercio de Andalucía representada por la Federación Onubense de Empresarios, suscribieron el “Manifiesto del Algarve”, en el que resumen los perjuicios que ha supuesto el peaje en esta región lusa.
Para los integrantes de la asociación hay un problema económico potencial en el Algarve con este peaje, y se están perdiendo opciones de negocio con respecto a otras zonas turísticas, por lo que se reclama la ayuda de “agentes económicos, políticos, sociales, culturales y económicos”.
Otra de las voces alzadas por los afectados ha sido la del presidente de la agrupación de comerciantes de Ayamonte, Emilio Borrego, que ha pedido al Gobierno portugués que recapacite sobre “la gran barbaridad” que ha supuesto esta medida, y ha entendido que “todavía a ellos -los portugueses- les perjudica más que a nosotros”.
Borrego, que preside la agrupación Centro Comercial Abierto, ha explicado que la tasa sólo está sirviendo “para hacer daño al comercio español y portugués”, y que muchos usuarios se están encontrando “con el problema de que hay máquinas que no funcionan”, además de que llega cuando en Portugal “la situación económica es muy mala, y esta es la puntilla”.
Un 23 por ciento de IVA
No es baladí lo que denuncia el representante de los empresarios ayamontinos. Tan solo habían pasado unas semanas desde la implantación del peaje cuando el Gobierno portugués implantó en todo el país un aumento del IVA hasta el 23 por ciento. Un IVA que grava directamente a la hostelería, la principal fuente de negocio del Algarve en su día a día, lo que ha terminado por dar la puntilla a su comercio más cercano. “En un puente como este deberíamos tener gente esperando de pie en la puerta para sentarse, pero la mitad de los que venían ya no vienen”. Lo explica Joaquim Feliciano propietario de un restaurante en Altura, localidad a la que se llega sin pagar peaje, aunque los conductores no lo saben. Probablemente influye que todos los carteles están en portugués, ni en español ni en inglés, así que ante la perspectiva de pagar, el público se retrae.
Así las cosas, y visto el poco efecto de campañas como “Se llega gratis”, que asociaciones empresariales de los pueblos portugueses libres de peaje han ido realizando en estos tres años, las reivindicaciones han dejado de ir al Gobierno portugués, para mirar a Bruselas.
Entre ellas, el secretario general de la Federación de Transportistas Españoles (Fenadismer), Juan Antonio Millán, ha apelado a la Unión Europea y al Gobierno español para que el peaje en las autovías portuguesas sea tratado con carácter de urgencia, y ha considerado esta “una cuestión de conflicto transfronterizo”.
Ha considerado “primordial” recabar apoyo de la Comisión y el Parlamento Europeo, así como la de los ministerios de Fomento y Asuntos Exteriores, pero hasta ahora,su petición ha caído, como otras similares, en saco roto.
