“Hay una campaña orquestada por parte de la derecha para devaluar a las organizaciones, también las sindicales”

Francisco Fernández Sevilla acaba de cumplir cuatro meses como secretario general de UGT en Andalucía. Se le nota que el final del verano se le ha aguado por las acusaciones de un presunto desvío de fondos de formación por parte del sindicato para gastos de publicidad. La composición del nuevo Gobierno autonómico le sirve para mirar hacia adelante. Indignado contra quienes atacan a organizaciones como UGT, defiende a ultranza la labor sindical que se hace para proteger a los trabajadores ante las actuales circunstancias.

¿Qué le han parecido los primeros compromisos de la presidenta Susana Díaz?

Su discurso de investidura fue correcto y en la línea adecuada de un planteamiento de izquierdas, tocando los temas que le preocupan a la gente, atendiendo a un cambio en la política económica que sea capaz de generar riqueza y entrar en la senda de creación de empleo, y comprometiéndose a mantener el modelo social de Andalucía a diferencia de otras comunidades. La música suena bien pero debe ir acompañada de la letra.

¿Echó en falta algo?

Quizás eché en falta un mayor compromiso para la realidad del día de mañana. Y es que, mientras se producen esos cambios que generen empleo en la economía productiva, se necesita un plan de empleo especial que resuelva las necesidades básicas que tienen tantos y tantos andaluces y andaluzas que tienen que dar de comer a sus familias, pagar las facturas, etc.

¿Cree que la llegada de la nueva presidenta podría posibilitar el regreso del PP al Pacto por Andalucía, que ustedes también suscribieron?

Sería deseable que hubiera un cambio en las políticas de los diferentes partidos y que se dedicasen más a trabajar por los ciudadanos y menos a pelearse entre ellos. Es necesario el concurso de todos ellos para poner en marcha políticas que den resultados y hacer acción de gobierno. Tanto PP como PSOE e IU deberían llegar a un pacto de trabajo para dar solución real a los problemas de Andalucía.

¿Qué papel juega UGT ahora mismo en esa búsqueda de soluciones?

Somos una organización que ha planteado propuestas y alternativas, dando nuestra visión de la realidad, hablando con empresarios y con el propio Gobierno. Vamos a seguir en esa senda de exigir a la Administración un pacto económico y social que posibilite medidas que cambien la econonomía productiva.

Ustedes alcanzaron un preacuerdo con la patronal para prorrogar los convenios de los trabajadores ante la reforma laboral ¿en qué punto se encuentra?

Se trabajó bien para poder llegar a acuerdos en la mayor parte de los convenios colectivos, aunque no fuimos capaces de cerrar el cien por cien, y en Andalucía quedó un pequeño número muy reducido de casos en los que los trabajadores podían, si el empresario se acogía a la reforma del Gobierno, perder una serie de derechos. Esa circunstancia la tenemos día a día: con cada convenio que no se prorroga, tenemos un problema. Estamos intensificando reuniones de las negociaciones colectivas para cerrar acuerdos antes de que finalice la vigencia de los convenios.

¿Vaticinan problemas a medio plazo?

El problema es la reforma laboral en sí, que ha desestabilizado de forma clara y rotunda el equilibrio que había entre las dos partes, empresa y trabajador. La reforma da a la parte empresarial mucha capacidad de tomar decisiones por su cuenta si no se cierran convenios. El empresario que quiere sacar ventaja de la legislación se retrae en la negociación y aparecen los problemas. No obstante, hasta ahora no tenemos constancia de que haya llevado a efecto la pérdida de derechos en los convenios que se hayan quedado sin negociar. Pero es una espada de Damocles que puede ocurrir cualquier día.

La reforma está recurrida en el Constitucional...

Entendemos que hay varios artículos de la refoma que vulneran la Constitución. Esperemos que se pueda revertir, pero nosotros seguimos exigiéndole al Gobierno, pese a que se vanagloria de que la reforma es positiva y va a generar empleo, aunque todos comprobamos que no ha servido para nada de lo que planteaba y lo único que ha hecho es quitar derechos a los trabajadores.

La fórmula del Gobierno para actualizar las pensiones podría hacer que los pensionistas perdieran poder adquisitivo hasta, al menos, 2021 ¿Cómo valora la reforma de la ministra Báñez?

La ministra aún no ha puesto negro sobre blanco cuál es la propuesta concreta sobre el futuro de las pensiones. Pero lo que ha avanzado de forma verbal no nos gusta en absoluto. Lo que se pretende, aunque se quiera vestir de otra manera, es limitar el incremento de las pensiones. Es decir, que los pensionistas, que están surtiendo a muchas familias, pierdan poder adquisitivo. Si el IPC, como este año, es superior al 0,25%, ya estarían perdiendo poder adquisitivo si se concreta la propuesta. La pensión en Andalucía está en unos 800 euros de media y supondría una pérdida de renta para las familias que más lo necesitan.

Las últimas cifras de empleo hablan de menos afiliados a la Seguridad Social, precariedad laboral, temporalidad... ¿Qué le pareció el entusiasmo del Gobierno central?

Es más de lo mismo. No me parece mal que el Gobierno quiera crear un ambiente de esperanza, que eso a veces es necesario, pero la realidad es muy tozuda y la realidad dice que todavía ni se atisba el final del túnel ni se ven los broten verdes. Los datos decían que iban a ser fabulosos pero si la mejora es de 31 personas el balance es poco positivo cuando hay más de 6 millones de desempleados.

Ha tenido usted que dar muchas explicaciones en el arranque de curso. Acusan al sindicato de quedarse con dinero de los desempleados a través de los programas de formación.

Hay una campaña muy bien orquestada por parte de la derecha para devaluar a las organizaciones, también las sindicales, y se valen de todos los medios posibles, en este caso de una prensa muy cercana a su pensamiento para hacer grandes titulares mintiendo y engañando. Lo único que podemos decir es que todos y cada uno de los programas que UGT Andalucía gestiona conveniados con las administraciones se realizan. Puede comprobarlo cualquier ciudadano. En el último año hemos dado más de 7.000 cursos donde se han formado 107.000 personas, hemos orientado profesionalmente a más de 100.000 personas... En definitiva, cumplimos el objeto de la subvención y contribuimos con los desempleados además con recursos propios, porque las subvenciones se reciben posteriormente a la ejecución del programa. En muchos casos se nos abona el cien por cien de los programas dos, tres o cuatro años después. Esto nos obliga a conveniar con entidades financieras créditos para gestionar dichos fondos. Esa es la realidad, por mucho que les duela a algunos.

Están comprobando si ha habido errores en la contabilidad de los programas, ¿no?

Siempre puede haber algún error, alguna diferencia de criterio de imputación de un gasto, que están muy bien delimitados por la Administración y que de forma ordinaria se solucionan. Los programas de formación son de los mejores que se ejecutan en el conjunto de España. Para garantizar que se subsane algún error, si se hubiera producido, hemos creado una comisión de investigación para clarificar la situación y hemos dotado con un fondo notarial una cantidad del total imputado a a la parte de publicidad para devolver a la Administración, o en su caso, no percibir, porque en algunos casos no hemos recibido la subvención, como le decía.

El fondo es de 115.000 euros para solventar errores ¿Intuyen tantos fallos en la facturación?

Hemos dotado el fondo con la totalidad del programa de formación ejecutado en la parte de publicidad pero eso no quiere decir que la totalidad ni mucho menos de esa parte de justificación del programa esté mal. Los resultados nos lo dirán y seguramente no será necesario. Aquí estamos para verificar que todo lo que se ha hecho es correcto, para garantía de todos, de la Administración y de los ciudadanos.

También habían anunciado que abrirían alguna investigación interna por el caso de los ERE fraudulentos. La jueza ya les ha nombrado en alguno de sus autos.

Somos acusación popular en esta causa y en ella estamos. La UGT Andalucía no tiene nada que ver en absoluto con la situación que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La UGT Andalucía no ha percibido ni un céntimo de euros de los ERE negociados en Andalucía. Eso lo podemos decir alto y claro. Y estamos contestando cualquier acusación que se nos hace sobre dicha circunstancia. Nosotros no hemos hecho nada que no sea legal en relación a ERE. Hemos siempre buscado soluciones para las empresas en crisis y para que los trabajadores que tuvieran que salir de dichas empresas lo hicieran en las mejores condiciones posibles. Esa ha sido nuestra negociación.

¿Qué le parece el auto que señala, sin imputación formal, a Griñán, Chaves y cinco exconsejeros?

En primer lugar, nos sorprende cuando menos que determinados autos de esta causa coincidan con acontecimientos de relevancia para la sociedad pública andaluza. Por otro lado, y según los juristas, el auto resulta bastante complejo, incluso dicen que es la primera vez que se hace uso del artículo 118 bis. En particular diría que, mientras no se demuestre lo contrario, las personas a las que alude el auto son inocentes. En cualquier caso me gustaría destacar que se debería agilizar esta investigación para que el caso pueda ser juzgado y garantizar que, si ha habido mal uso del modelo que funciona en Andalucía para ayudar a las empresas, y que pongo en valor, que los culpables lo paguen.

¿Cree que el nombre de Juan Lanzas, el llamado 'conseguidor' de los ERE, está emborronando el de UGT?

Aquí se trata de lanzar acusaciones por algún tipo de actuación irregular. Con el señor Lanzas, UGT no tiene relación ninguna desde que dejó de tener responsabilidad en el sindicato en el año 2002. Es verdad que siguió pagando su cuota (especial, por estar desempleado, según constaba en nuestro fichero de datos) hasta 2011. Ese año, cuando saltó el escándalo de los ERE y se le relaciona con él, el propio sindicato le abrió un expediente disciplinario que concluyó con su expulsión el 30 de noviembre 2011. Es cierto que hubo un problema administrativo del propio fichero por el cual no aparece de baja hasta marzo de 2013, pero la realidad es la que le digo.

¿Por qué le expulsaron de UGT?

El sindicato no puede permitirse que haya afiliados que no cumplan con los estatutos y con los principios de nuestra organización. Y este señor, todo apuntaba, según el expediente que se le abrió, a que estaba en una situación que no era ejemplo para ningún trabajador y, por tanto, tampoco para estar afiliado a nuestra organización.

¿Qué le diría a quien pudiera dudar de la labor de UGT?

Somos una organización de trabajadores para defendernos, aunque aún suene duro, de la actuación de las empresas, o cuando menos, para estar organizados y conseguir mejoras en nuestros puestos de trabajo. También tenemos alternativas y propuestas al modelo de sociedad, y negociamos con las administraciones la mejora de la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Somos propositivos y somos un sindicato negociador que ha dado resultados muy positivos para los trabajadores. Y en esa línea vamos a seguir, en defender a los trabajadores en sus empresas, en sus puestos de trabajo y exigiendo a las administraciones que se mantenga el modelo de sociedad en el que nosotros creemos y que garantice las necesidades básicas para los ciudadanos. Es nuestra hoja de ruta.