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Los exconsejeros Zarrías y Vallejo también piden la baja del PSOE tras su procesamiento por los ERE
Los exconsejeros jiennenses de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo han solicitado su baja voluntaria temporal como militantes del PSOE, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.
La petición, según han añadido, la realizaron el pasado lunes aunque ha trascendido este miércoles, día en que el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra ellos, junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 22 ex altos cargos de la Junta.
Ambos se han adelantado, por tanto, a la decisión del PSOE, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia. Así se establece en el documento que aprobó la dirección del partido en octubre de 2014, donde se fija en la apertura de juicio el momento de exigir responsabilidades a cargos públicos u orgánicos y militantes.
Zarrías, no obstante, dejó su escaño en el Congreso en junio de 2015, después de ser imputado, y Vallejo no formó parte de la candidatura del PSOE de Jaén en las elecciones andaluzas de marzo de ese mismo año. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas, yendo así un paso más allá del Código Ético.
En el caso de la imputación, el documento establece que los cargos afectados deben dar cuentas ante la Ejecutiva Federal, que podrá tomar “las medidas estatutarias oportunas” en función de “los hechos y su gravedad”.
El procesamiento de Zarrías y Vallejo se produce en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política'. En el auto y junto a los expresidentes Chaves y Griñán, también se imputa a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez y Antonio Fernández así como a otros 18 ex altos cargos del Gobierno autonómico.
