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Las fianzas de las viviendas se destinarán a políticas de acceso a la vivienda para familias con pocos recursos

IU insta a la Diputación a exigir a los bancos que pongan a disposición de los registros municipales sus VPO

Olga Granado

La Consejería de Fomento y Vivienda suma, por decisión del Consejo de Gobierno de este martes, una nueva competencia: la gestión de las fianzas de las viviendas en alquiler y por los contratos de suministros (luz, agua y gas) de las mismas. Hasta el momento estaba en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de manera que los interesados deberán saber que tienen que dirigirse a otro departamento. Paralelamente, se asumirán “mejoras en la tramitación para reducir el plazo de reintegro”, o sea la devolución del dinero a los inquilinos cuando acaban los contratos, y “mejorar la transparencia y calidad del proceso”, según ha informado el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez.

Ha explicado también que el cambio obedece a la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de la Función Social de la Vivienda. Es así porque la mayor parte de las liquidicaciones que resulten de esta gestión -o sea, el dinero extra que se genere de la diferencia entre fianzas constituidas y devueltas- vaya a políticas de acceso para familias con menos recursos y a rehabilitación. Hasta el momento no tenían un objetivo tan específico, según reconocen desde la Junta de Andalucía, pero el decreto que se ha aprobado este martes obligará a que por lo menos el 70% de esas liquidaciones tengan ese destino.

No es mucho dinero. De hecho, en los presupuestos autonómicos de 2014 hay una previsión de gasto de 30 millones de euros para devolver las fianzas a los inquilinos que dejen de serlo, y una estimación de ingresos en el mismo capítulo por valor de 38,3 millones de euros por las que se constituyan nuevas. Esos 8,3 millones de euros de diferencia son los que se destinarán en un 70% como mínimo a políticas de acceso para familias sin recursos y a rehabilitación, o sea, poco más de cinco millones de euros. Otra novedad es que, además, las liquidaciones serán trimestrales y no por cada año, de manera que se podrá hacer un seguimiento de las partidas disponibles para este objetivo. Una comisión mixta entre las dos consejerías se encargará de ello.

Conviene aclarar también que el dinero de las fianzas no se toca, sino que se deposita en cuenta, dado que la petición de su devolución se puede exigir en cualquier momento si se rompe el contrato y la vivienda se deja en condiciones, por lo que tiene que estar disponible. Lo que ocurre es que ese volumen de fianzas genera un crédito, unos recursos equivalentes que son incorporados a los presupuestos autonómicos y es con lo que se trabaja.

La fianza la entrega el inquilino de una vivienda o también como usuario de un suministro, ya sea al arredandor o a la empresa de servicios, como garantía del contrato. Se debe depositar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, y la Junta de Andalucía también está obligada a devolverla en el mismo tiempo cuando lo pida el arrendador. Su formalización conlleva beneficios fiscales para los dos.

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