El consejero José Fiscal comparece en comisión parlamentaria para certificar el incumplimiento de una moción sobre agua
El consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha tenido que comparecer este martes en comisión parlamentaria para certificar lo que se temía IU y es el incumplimiento de una moción sobre el uso del agua que se aprobó en pleno a propuesta de este grupo. Ha sido la primera vez que se obliga a que la Junta de Andalucía rinda cuentas porque las mociones son de obligado cumplimiento pero no se había recurrido nunca a esta fórmula de seguimiento recogida en el reglamento.
El objetivo es ver si efectivamente lo que se aprueba en el Parlamento de Andalucía cuando no son leyes sirve para algo. En este caso, la moción fue aprobada hace más de un año, en concreto en el pleno de los días 21 y 22 de octubre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) un mes después. Incluye hasta 23 puntos de los que tenía que rendir cuentas el consejero.
El portavoz de IU en la comisión parlamentaria, José Antonio Castro, ha valorado de forma “muy positiva” que el órgano haya aprobado la comparecencia “con carácter de urgencia del consejero” ante lo que se considera “un incumplimiento flagrante” de los acuerdos de la cámara.
Cabe recordar que IU reclamó este mecanismo de control tirando del artículo 157.6.1. del reglamento que recoge que, una vez aprobada la moción, “la comisión parlamentaria a la que corresponda por razón de la materia controlará su cumplimiento”. Mientras, en su punto 2 describe que “el Consejo de Gobierno, acabado el plazo fijado para dar cumplimiento a la moción, dará cuenta del mismo ante la comisión parlamentaria correspondiente”.
Sin embargo, nunca se había reglamentado, por lo que el presidente de la institución, Juan Pablo Durán, a petición de IU, emitió una resolución en la que estimaba y aprobaba la necesaria comparecencia “fin de que explique por qué el ejecutivo no aplica lo que el Parlamento de Andalucía aprueba”, en palabras de José Antonio Castro.
Qué exige la moción
Entre los puntos de la moción, se instaba a la Junta de Andalucía a avanzar en la información sobre el balance hídrico y las demandas para ser capaz de ofrecer el consumo mensual y anual de agua para abastecimiento en todos y cada uno de los municipios; elaborar un plan de colaboración con otras administraciones para reducir las pérdidas en las redes; aprobar en Consejo de Gobierno, antes de un año, un catálogo de ríos y tramos fluviales reservados, con exclusión parcial o completa del otorgamiento de concesiones, por su interés medioambiental y estado de conservación; e incrementar el cuerpo de guardas fluviales y agentes medioambientales dedicados a estas tareas de vigilancia y control.
Igualmente, debía emprender las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios para prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por la Unesco.
También debía poner en marcha, de manera urgente, del Observatorio del Agua, que ha de encargarse de analizar, profunda y detalladamente, los recursos hídricos de Andalucía y de proponer la planificación de su uso para garantizar la sostenibilidad y el necesario equilibrio entre la protección de esos recursos y el abastecimiento y consumo humano.
