La consejera andaluza de Empleo admite la falta de recursos para reactivar los cursos de formación a parados

La nueva consejera de Empleo del Gobierno andaluz, Rocío Blanco, se ha percatado de que en su departamento “todo está judicializado”, que hay una montaña de expedientes de ayudas sin justificar, que el interventor colabora con los jueces en los casos abiertos que salpican al ámbito de su competencia, y que toda esta “herencia recibida” le ocupará tanto tiempo y esfuerzo que difícilmente podrá poner en marcha una agenda propia. Blanco ha comparecido este martes por primera vez tras el Consejo de Gobierno con un anuncio insólito que ha improvisado a preguntas de los periodistas: a su consejería le faltan recursos (y personal) para afrontar todo ese papeleo burocrático y judicial, de modo que le ha pedido dinero al consejero de Hacienda para desatascar las ayudas para cursos de formación a parados. Sin “un plan de choque fuerte, las políticas activas de empleo están paralizadas”, admite.

Su queja es, por tanto, coincidente con la de sus tres antecesores en el cargo, tres consejeros de Empleo socialistas cuyo mandato se recuerda, sobre todo, por la gestión de los numerosos casos judiciales que inundan este departamento y tienen al ralentí unas políticas de formación a parados en una comunidad con un 22% de desempleo.

La montaña de expedientes de ayudas a la formación de parados sin justificar que la Consejería de Empleo está revisando, uno a uno, desde hace cuatro años -desde que se iniciaron las investigaciones judiciales- impide al nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos poner en marcha su nueva agenda política. Ésta es la llamada de alerta que ha hecho hoy Blanco. La nueva consejera de Empleo tiene sobre la mesa de su despacho un dossier de “52 páginas de casos judicializados” que afectan a su departamento, entre ellos los que dejaron bloqueados durante años las ayudas para cursos de formación a parados.

Blanco ha “heredado” unas políticas activas de empleo “paralizadas” y los problemas de gestión interna de un área muy sensible del Gobierno, acorralada en los últimos años por asuntos que investigan los tribunales como el fraude de los ERE, las supuestas ayudas irregulares para la formación de parados o el reciente caso Faffe, que investiga el gasto público en prostíbulos con cargo a una tarjeta de crédito de esta extinta fundación adscrita a la Consejería de Empleo. “Nuestra prioridad es recuperar todo el dinero que se ha perdido en los ERE y en los cursos de formación por falta de justificación”, sostiene.

Parte de la herencia recibida también es la investigación interna de Empleo sobre los expedientes de ayudas a la formación sin justificar, que inició el ex consejero del ramo, Luciano Alonso, y continuaron sus sucesores, José Sánchez Maldonado y Javier Carnero. Su departamento estaba revisando, uno a uno, los 8.509 expedientes vivos de ayudas para cursos de formación a parados concedidos entre 2007 y 2012. Cuando se produce el cambio de Gobierno, hace dos meses, la Junta había revisado ya más de 6.000 expedientes, y detectado irregularidades en casi 1.500 ayudas. De ellos, la Junta reclamaba el reintegro de 143 millones de euros a empresas de formación por no haber justificado debidamente el uso correcto de las subvenciones. “Son datos que no creo que tenga vida para terminar con la justificación de los cursos en corto, medio ni en largo plazo”, ha admitido la nueva consejera, tras anunciar “un plan de choque fuerte para rebajar la justificación de los expedientes de cursos de formación por resolver”. “Esto además es la pescadilla que se muerde la cola, porque ahora la formación está parada”, sentencia. 

Ese “plan de choque” que ha anunciado Blanco tiene como objetivo “reactivar los cursos de formación a parados”, herramienta fundamental de las políticas activas de empleo que dependen de la Junta, y que representan una estrategia “esencial” para una comunidad con una tasa de desempleo del 22%. La judialización de estas ayudas a la formación obligó al anterior Ejecutivo a paralizarlas durante años. Cuando se reactivaron, se aplicaron unos criterios más exigentes para autorizar la concesión de ayudas (no se autorizan nuevas ayudas si no se ha justificado el gasto de las anteriores) y eso hace que “la formación para el empleo esté parada”.

En 2012, el Gobierno de Susana Díaz ordenó bloquear las políticas activas de empleo cuando salieron a la luz las primeras irregularidades en la contratación a empresas de cursos de formación a parados. Después de cinco años de parálisis -en paralelo a las investigaciones judiciales- la Junta reactivó estas ayudas, pero con criterios de garantía y exigencia más estrictos que ante. Los nuevos requisitos que se impusieron a las empresas para optar a ayudas se endurecieron y el desarrollo de los nuevos cursos a parados es hoy claramente inferior al previsto. De la primera convocatoria, tras los cinco años de varón, sólo empezaron 273 cursos de formación, el 20% de los 1.492 que la Consejería de Empleo había prometido cuando anunció la oferta de subvenciones. En los primeros cursos ofertados se inscribieron 4.042 parados, cuando Empleo esperaba llegar a los 22.380 beneficiarios. El presupuesto total de las ayudas a la formación asciende a 64,9 millones de euros.

La nueva consejera del ramo, elegida por Ciudadanos, se ha quejado de que aún existe “un parón en seco” en la formación para el empleo, y ha repetido varias veces que su departamento trabajan junto a Hacienda en “un plan de choque” para agilizar la tramitación de las ayudas. Desde su departamento niegan categóricamente que el objetivo será “rebajar o flexibilizar” los criterios de exigencia a las empresas de formación a parados, lo cual equivaldría a volver al modelo anterior al escándalo judicial. “Eso no va a ocurrir”, aseguran. 

Lo que sí ha cambiado es el criterio con el que PP y Ciudadanos, ahora en el Gobierno andaluz, abordan el manejo de la información sobre los expedientes de ayudas sin justificar en manos de la Consejería de Empleo. En la legislatura pasada, PP y Ciudadanos formaban parte de la oposición al Gobierno socialista de Susana Díaz y acusaban reiteradamente a los consejeros de Empleo de “ocultar datos al Parlamento” sobre las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a la formación de parados detectadas por la propia consejería en una investigación interna.

Ahora la nueva consejera de Empleo admite que su departamento “no es fácil, porque está todo judicializado”. “Se ha formado un cordón sanitario en la consejería” para evitar incurrir en nuevas irregularidades, dice. “Todo está judicializado y estamos colaborando con los jueces. Pero no es de recibo que estemos dando una información que se está dando en sede judicial”, ha respondido Blanco, cuando le han preguntado por expedientes de ayudas bajo sospecha de los que sus predecesores ya daban cuenta ante la Cámara en el mandato anterior. Luego ha recalcado que “si el Parlamento se lo pide”, se proporcionará la información que está saliendo de la investigación interna de los expedientes de ayudas bajo sospecha.