El Gobierno andaluz se revuelve contra el requisito de declarar zonas tensionadas para recibir fondos estatales para vivienda
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que la Junta presentará alegaciones al proyecto del Gobierno de España que reserva 90 millones de euros en subvenciones directas exclusivamente a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. “Andalucía no aceptará que los fondos de vivienda dependan de la declaración de zonas tensionadas”, ha advertido Díaz.
Además, según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, Díaz ha explicado que la Consejería lleva semanas trabajando con sus equipos en las alegaciones para defender que Andalucía pueda optar también a unos recursos destinados a resolver problemas de acceso a la vivienda que existen con independencia del modelo regulatorio elegido por cada comunidad autónoma.
El proyecto estatal distribuye los 90 millones entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, mientras que Andalucía queda excluida por no haber declarado zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley estatal de Vivienda. Los fondos pueden financiar, entre otras actuaciones, la promoción y rehabilitación de vivienda asequible o social, la adquisición y urbanización de suelo y la incorporación de viviendas al parque residencial.
Díaz ha cuestionado que la declaración de una zona tensionada se convierta en la única vía para acceder a esa financiación. “No compartimos que una decisión legítima en el ejercicio de nuestras competencias termine penalizando financieramente a Andalucía”, ha señalado la consejera, que ha recordado que la propia legislación estatal configura la declaración de estas zonas como una posibilidad de las comunidades autónomas y no como una obligación.
La Junta planteará en sus alegaciones que el reparto se realice atendiendo también a criterios objetivos de necesidad residencial, como la evolución de los precios de compra y alquiler, el esfuerzo económico de las familias, el crecimiento de la demanda, la relación entre oferta y demanda, la producción de vivienda o la disponibilidad de vivienda asequible y social. De esta manera, la Junta propondrá expresamente que se suprima la declaración formal de zona tensionada como condición exclusiva para acceder a la totalidad de las subvenciones. “No estamos reclamando más por ser Andalucía. Estamos reclamando que Andalucía no valga cero por haber elegido legítimamente un modelo diferente”, ha defendido Díaz, que ha insistido en que “los fondos públicos deben seguir a las necesidades de los ciudadanos”.
El anuncio de Díaz añade un nuevo punto de fricción en materia de vivienda entre el Gobierno central y el autonómico, que ya viró su posición inicial para, finalmente, anunciar en junio que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Plan Estatal 2026-2030 aprobado por el Consejo de Ministros en abril. El plan tiene como leit motiv el blindaje de la VPO, y reserva 7.000 millones para encarar la crisis habitacional en España, 1.200 de ellos para Andalucía: el 60% son fondos estatales y el 40%, autonómicos.
Tras aceptarlo en primera instancia, Moreno se revolvió contra el plan y dio el primer paso para interponer un recurso por un conflicto de competencias, mientras negociaba con Vox para alcanzar un gobierno de coalición. El Gobierno de Moreno cree que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias, vulnerado la autonomía financiera de Andalucía y limitado su capacidad para gestionar estas políticas.
Más vivienda asequible
Durante su comparecencia, Rocío Díaz ha situado el aumento de la oferta de vivienda asequible como uno de los grandes objetivos de la legislatura. La consejera ha defendido el modelo andaluz basado en movilizar suelo, agilizar la gestión, ofrecer seguridad jurídica y sumar recursos públicos y privados para incrementar la oferta. Díaz ha recordado que Andalucía aportará 478 millones de euros, el 40% de la financiación de la nueva fase del Plan de Vivienda 2026-2030, lo que supone multiplicar por seis la aportación autonómica respecto al plan estatal anterior.
Asimismo, la Junta mantiene como objetivos de legislatura impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas y fomentar la rehabilitación de 22.000 inmuebles. Entre las nuevas medidas anunciadas, la Junta pondrá en marcha una línea de avales para facilitar la adquisición de vivienda a las familias numerosas, con una dotación inicial prevista de 25 millones de euros. La vivienda tendrá además un peso especial dentro de las políticas dirigidas a los jóvenes.
En esta línea, la Junta prevé un nuevo programa de ayudas para la compra de vivienda dirigido a menores de 40 años, con 25 millones de euros, y otro programa de alquiler con opción a compra, también dotado inicialmente con 25 millones, que permitirá descontar del precio final de la vivienda el cien por cien de las cantidades abonadas previamente en concepto de alquiler.
A estas medidas se sumará una reserva específica de vivienda protegida, tanto en alquiler como en compra, para menores de 35 años. “No hay emancipación sin vivienda”, ha afirmado la consejera.
El turno de los grupos políticos en la comisión parlamentaria lo ha abierto Por Andalucía, que ha hecho referencia a que “la vivienda es el principal problema para la ciudadanía andaluza, un derecho fundamental que hoy no está garantizado”. Además, se ha referido al precio de la compraventa de la vivienda libre en Andalucía así como a la construcción de viviendas VPO en la comundidad. Igualmente, ha criticado la proliferación de viviendas turísticas bajo el gobierno popular.
Por su parte, desde Adelante Andalucía han cuestionado también la gestión de vivienda pública. Asimismo, ha cuestionado con qué personal se van a gestionar las nuevas promociones de viviendas públicas y qué mecanismos se van a introducir para frenar la especulación inmobiliaria. Por último, el diputado ha cuestionado la falta de declaración de zonas tensionadas.
Desde el grupo parlamentario Vox, han resaltado que “la vivienda es uno de los principales retos de la región”. Así, Bosquet Arias ha planteado la necesidad de “movilizar la vivienda vacía como elemento clave para aumentar la oferta”. Además, ha reclamado “simplificación administrativa”, afirmando que “Andalucía necesita seguridad jurídica, suelo disponible y menos burocracia”.
Para el grupo socialista, el problema de la vivienda se ha convertido también en el principal problema que tienen los andaluces y ha cuestionado cuantas viviendas protegidas ha construido el gobierno andaluz. Asimismo, ha pedido “una colaboración constructiva” con el plan estatal de vivienda 2026-2030.
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