Andalucía reordena el 75,8% del fondo estatal contra la violencia machista a dos meses del plazo tope para gastarlo

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos recibió el pasado mes de abril 15,3 millones de euros del Ministerio de Igualdad para desarrollar políticas de lucha contra la violencia machista. El 12 de abril, la Conferencia Sectorial de Igualdad convocó a todas las comunidades para acordar los criterios de reparto de 100 millones procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un dinero que las regiones deben gastar antes del próximo 31 de diciembre. A menos de dos meses para que expire el plazo, la Junta ha modificado los proyectos contra la violencia machista a los que había consignado gran parte del dinero y ha cambiado las partidas a otros departamentos o secciones presupuestarias con objeto de justificar el gasto a tiempo y evitar tener que devolver el dinero a Madrid.

El pasado 28 de octubre, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó una “transferencia finalista de créditos” por importe de 11,6 millones de euros provenientes del fondo para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Consejería de Hacienda ordenaba una modificación presupuestaria que afectaba al 75,8% de los 15,3 millones que la Junta había recibido del Ministerio de Igualdad siete meses antes. Desde abril a octubre, la Junta diseñó un reparto de esos fondos estatales entre consejerías, que tenían que presentar sus proyectos con el objetivo común de prevenir la violencia machista. Pero a finales de octubre se cambiaron esos proyectos, se transfirieron las partidas presupuestarias de un departamento a otro y se puso el contador a cero para invertir lo acordado con el Estado, pero esta vez con apenas dos meses de margen. Un ejemplo del cambio de criterio fue la decisión de la Consejería de Fomento de devolver a Igualdad un millón de euros provenientes del Pacto, con los que se pensaban habilitar más pisos de acogida para víctimas de violencia machista.

El PSOE ha visto en este movimiento de “urgencia” una falta clara de orientación en políticas de igualdad por parte del Gobierno de PP y Cs. Sospechan que la Junta se gastará el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en otros fines o en cosas que estaban comprometidas en el gasto pero pendientes de pago porque, dicen, “en realidad no tenían proyectos nuevos en mente para 2019”. “Están supliendo con fondos del Estado compromisos de gastos propios, y no necesariamente ligados a la violencia de género, de modo que en realidad no están aumentando los recursos contra el machismo, sino restándolo”, dice la portavoz de Igualdad del PSOE, Soledad Pérez.

Es difícil corroborar esta denuncia, porque todas las partidas del Pacto de Estado que han sido redistribuidas llevan el apellido de “contra la violencia de género”. El cuadro de la modificación presupuestaria, aprobada por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, muestra un desvío de fondos de unas consejerías a otras. Por ejemplo, se destinan 2,9 millones de euros para pagar nóminas del Servicio Andaluz de Salud (SAS): 791.666 euros para sueldos de personal eventual, 58.237 euros para trienios de eventuales y 1,56 millones para complementos específicos de dicha plantilla. En Justicia se mueven 3,3 millones de euros dentro del mismo departamento: Inicialmente iban destinados a reforzar el turno de oficio de abogados y procuradores para casos de violencia machista, y ahora se reasignan a la compra de mobiliario, equipos informáticos y reacondicionar edificios judiciales. En la Consejería de Empleo, sin embargo, se detraen 1,8 millones de euros del Pacto de Estado que se habían incluido en el presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para políticas de inserción laboral de mujeres maltratadas.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), ha defendido en el Parlamento que todas esas modificaciones presupuestarias tienen como finalidad la lucha contra la violencia machista. La partida del Pacto de Estado que recibe el SAS irá destinada a contratar a personal en los centros de salud, sobre todo en el ámbito rural, “para un programa piloto de atención a las víctimas de violencia de género”, explican desde Igualdad. La modificación presupuestaria en Justicia tiene por objeto poner en marcha las llamadas salas Gesell en los juzgados, que sirven para que declaren las víctimas de maltrato preservando su intimidad y anonimato.

Desde Igualdad sostienen que el 100% del presupuesto que han recibido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género “estará gastado y justificado” antes de la fecha prevista. “Si llegamos al 31 de diciembre y no se ha gastado, entonces recibiremos la crítica, pero se va a gastar todo”, advierten. Pero, ¿por qué se han cambiado los proyectos de igualdad y aprobado una modificación del 75,8% del presupuesto cuando faltan dos meses para que expire el plazo de ejecución? El departamento de Ruiz explica que se ha cambiado el destino del reparto de fondos entre consejerías “porque el anterior reparto era un calco que se hizo en 2018 y no tenía sentido mantenerlo”. “El único cambio real de destino es el millón de euros que ha devuelto Fomento, el resto son modificaciones técnicas”, avisan.

Hay un cruce de reproches entre la Administración actual y la anterior por no haber sabido usar bien el dinero contra la violencia machista, en un año que ya supera el medio centenar de mujeres asesinadas por sus parejas (una docena en Andalucía). El anterior Gobierno socialista no recibió los fondos del Ministerio de Igualdad hasta noviembre de 2018, pero antes ya había diseñado un reparto entre consejerías de los 15,2 millones que recibió de la primera partida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tras las elecciones del 2 de diciembre, el nuevo Ejecutivo de PP y Cs hace suyo ese reparto en la mayoría de departamentos, no en todos. En abril de 2019, el Ministerio de Igualdad le asigna a Andalucía la segunda partida de ingresos con cargo al Pacto de Estado para luchar contra la violencia machista y es entonces cuando los nuevos responsables de la Junta deciden cómo y dónde gastar ese dinero. Siete meses después han cambiado el criterio y redistribuido los fondos sin demasiadas explicaciones.

La batalla de igualdad

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y desarrollado posteriormente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha distribuido fondos a las comunidades autónomas en dos ocasiones: 2018 y 2019. La primera convocatoria se demoró mucho por razones políticas -la moción de censura que desbancó a Rajoy, la investidura posterior de Sánchez- y el dinero llegó a las regiones muy tarde, en noviembre de 2018. Se aprobó entonces, de forma excepcional, una ampliación del plazo legal para gastarlo: en vez del 31 de diciembre de aquel año [con el que habrían tenido apenas un mes para invertirlo], se estiró el plazo hasta final de 2019. Seis meses después, en abril de este año, las comunidades recibieron la segunda partida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, generando un “acumulado presupuestario” que tenían que invertir en tiempo récord.

La situación fue compleja para todas las regiones, pero en especial para Andalucía. Cuando llegan los primeros 15,2 millones de euros, el Gobierno de Susana Díaz estaba en funciones, el Parlamento disuelto y los partidos en la campaña de las elecciones del 2 de diciembre. El anterior Ejecutivo socialista sólo gastó aquel primer mes 200.000 euros de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Luego perdió el poder y fue relevado por el primer Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado por Vox.

Las políticas de género y lucha contra la violencia machista se convirtieron desde el principio en una trinchera entre los socialistas y sus sucesores en la Junta, asociados a un grupo de extrema derecha que negaba por primera vez que el asesinato de mujeres y el maltrato tuviera una raíz de género. “Violencia intrafamiliar”, venían a llamarlo. En su defensa, Ruiz devolvió la crítica al PSOE, al que empezó a acusar “de haber dejado sin gastar la práctica totalidad del dinero recibido del Pacto de Estado”. En estricto sensu era verdad, admiten los socialistas, porque sólo estuvieron un mes más en el poder después de haber recibido aquellos primeros 15,2 millones de euros.

El acumulado presupuestario del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -los 15,2 millones del 2018 y los otros 15,3 millones que recibieron en abril de 2019- quedó en manos del nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno, con un plazo corto para gastarlo (antes de final de año) y con la presión de Vox para no gastarlo o gastarlo en otra cosa. El objetivo del grupo de extrema derecha es desmantelar las políticas de género, empezando por modificar el lenguaje institucional y administrativo que reconoce, por ejemplo, la brecha salarial de género, la desigualdad de género o la violencia de género.