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Opositores a auxiliar administrativo de la Universidad de Granada denuncian que el sistema de baremación es injusto

Protesta ante la sede de la Universidad de Granada

Álvaro López

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“Es un sistema de baremación injusto”. Así califican un grupo de opositores a auxiliar administrativo de la Universidad de Granada (UGR) al concurso-oposición en el que han participado y por el que ahora temen quedarse sin plaza en la bolsa que da acceso a trabajar como interino por el método en que se ordena dicho listado. El sistema por el que se elige la citada bolsa está provocando que personas que han suspendido el proceso selectivo logren obtener un puesto de trabajo por delante de quienes sí lo han aprobado ya que suman puntos por otros criterios.

Este es el último episodio de una historia que arranca hace un año cuando se llevaron a cabo las diferentes pruebas de la oposición. Ya entonces se detectaron irregularidades en el examen de informática cuando se anuló una de las pruebas por ser excesivamente difícil y se cambió por otra más sencilla en la que se repartieron dos tipos de examen diferente. Algo que “no se contemplaba” en la convocatoria, según denuncia este grupo de opositores. Sin embargo, el proceso selectivo culminó y de los 3.600 aspirantes para las 77 plazas que había en juego, solo aprobaron 98.

Sin plaza, pero aprobados

De las 98 personas que aprobaron, 77 lograron plaza y 21 se quedaron sin ella por lo pasaron a engrosar la bolsa de interinos que pueden aspirar a un puesto cuando la institución necesite cubrirlo. Pero la realidad es que, en los últimos meses, la UGR ha llamado para trabajar a 11 personas que suspendieron, mientras que 16 de las que aprobaron siguen sin trabajo. Por eso denuncian que el reglamento, que se puso en marcha en 2017, es “incoherente” porque puntúa injustamente a los aspirantes al contemplar que para obtener plaza como interino no sea necesario haber aprobado la oposición, ni se tenga en cuenta la nota que se haya sacado en ella. Por el contrario, sí tiene en cuenta que se hayan aprobado oposiciones para el mismo puesto en otras universidades, lo que les permite sumar puntos para estar por delante de los opositores de la UGR que sí han aprobado su correspondiente oposición en esta institución.

“La forma de ordenación por la que se ha optado es en todo punto arbitraria”, denuncian los opositores. No entienden cómo es posible que haya aspirantes que sumen los mismos puntos habiendo suspendido que otros que sí que han aprobado la oposición. Un extremo que tampoco comprenden los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que apoyan a los denunciantes en su causa. Junto a ellos se alineaba también la Gerente de la UGR que en una reunión de la Mesa Sectorial en noviembre, reconoció que era injusto que se bareme de esta manera. En esa línea se había mostrado en todas las reuniones llevadas a cabo desde octubre hasta que en enero ha cambiado su opinión para argumentar que no hay tiempo suficiente para cambiar el sistema y que la nueva bolsa seguirá el criterio establecido desde 2017.

“No podemos callar ya que consideramos inaceptable que para trabajar en la UGR no sea mérito haber superado el proceso selectivo, ni tampoco valorar la nota obtenida en el mismo”, denuncian los opositores sin plaza. Añaden a su vez que han esperado “pacientemente durante todos estos meses a que la situación se corrigiese desde la institución al amparo de ese convencimiento mostrado por Gerencia de que nuestra situación era inaceptable, pero solo nos queda la sensación de que han jugado con nosotros”.

La universidad se defiende

Los opositores se quejan también de que la universidad no está respondiendo a sus quejas. “A día de hoy no nos ha recibido nadie”, aseguran. Como último recurso, han enviado una carta a la nueva presidenta del Consejo Social de la UGR, María Teresa Pagés, a la que le describen el panorama que tienen. Mientras tanto, la institución se ha limitado a defender su modelo asegurando que la nueva lista de interinos “durará unos pocos meses y apenas dará por tanto lugar a la incorporación de nuevo personal”.

Según la UGR, “esto mismo ocurrirá con la lista actualmente vigente. Al tratarse de procesos tan cercanos y de listas de tan corta duración, se ha considerado más justo no alterar las reglas de ordenación”. En todo caso, desde la universidad granadina apelan a la defensa de los intereses de los opositores por lo que se “requiere de su previo conocimiento de los criterios de baremación, y su aplicación, no solo en el concurso-oposición, sino también a la lista de interinos. Para el próximo concurso-oposición, el propósito es negociar con los sindicatos un nuevo baremo y que los aspirantes puedan conocerlo previamente con certeza”.

Niegan que haya habido algún tipo de manipulación tanto en las oposiciones a auxiliar administrativo como en cualquier otra: “Han estado absolutamente libres de irregularidades. Es cierto que la complejidad de organizar un examen de esta magnitud dio lugar a errores, como lo es que éstos se resolvieron con transparencia y dentro de la legalidad”. De ahí que consideren desde la institución que la denuncia de este grupo de opositores responde a “intereses y condiciones particulares de cada aspirante”. Por eso, concluyen que “a este respecto, la Universidad de Granada se regirá por la legalidad vigente, los acuerdos negociados con los sindicatos y, como ya ocurrió recientemente, por las sentencias judiciales que eventualmente pudieran emitirse”.

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