La lucha de unos vecinos de Granada contra la construcción de un parque eólico que “arrasa” un entorno natural

María José y Antonio llevan meses recorriendo despachos, enviando escritos y midiendo el monte desde imágenes satelitales para evitar que el entorno natural que rodea a Villamena, en Granada, se siga degradando. Temen que la nueva planta de energía eólica que está construyendo Grupo Cuerva arrase con buena parte de lo que un día fue una zona de gran belleza y un activo para la agricultura local. Desde su plataforma, Acción Contra Falsas Renovables del Valle de Lecrín, han podido comprobar que las obras están ocupando el doble del terreno permitido, al tiempo que ven cómo sus alegaciones son ignoradas, poniendo en jaque a un monte comunal que durante generaciones ha servido de pasto y refugio para la fauna local.

El proyecto en cuestión es el parque eólico Barranco del Agua I, promovido por Energía Eólica Barranco del Agua, filial de Grupo Cuerva, que desde hace casi un año se encuentra construcción en el monte comunal de Cónchar, en Villamena y en pleno corazón del Valle del Lecrín. Según la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que expide la Junta de Andalucía, la obra debía ocupar unos 54.328 m², incluyendo plataformas y caminos para los cinco aerogeneradores. Sin embargo, las mediciones de la plataforma indican que ya se han intervenido más de 140.000 m², casi el triple, incluyendo carreteras de más de 12 metros de ancho y barrancos allanados para el paso de camiones.

“Se han superado los 150.000 metros cuadrados. Nos echaron del terreno y hemos tenido que medirlo desde satélite”, explica Antonio desde la indignación de quien se siente ignorado por las administraciones públicas. No en vano, desde su asociación llevan meses intentando que el Ayuntamiento de Villamena actúe para frenar las obras hasta que no se aclaren los daños que se pueden producir a corto y medio plazo. “Han dinamita­do el monte para instalar los molinos y construido planchas de hormigón enormes. Antes era un pasto, un espartal, un ecosistema vulnerable. Ahora está arrasado”, dice María José.

No en vano, el daño aparente, el que han podido cuantificar vía satélite, parece enorme. “El impacto no es solo cuantitativo, sino también cualitativo”, señala Luis Villodres, investigador de la EEZA-CSIC. “Se trata de un monte comunal convertido en monte público, con una vía pecuaria catalogada que ha quedado inutilizable, y además está a apenas 4 kilómetros de la Laguna del Padul, humedal protegido y zona de migración de aves. Los aerogeneradores se sitúan justo en una de las rutas de migración norte-sur de la comarca”. Villodres recuerda que la comarca ya produce en renovables casi cinco veces más energía de la que consume y critica que los vecinos no participan en decisiones que afectan directamente a su territorio. “La sensación es que estamos siendo un territorio de sacrificio”, apunta.

Quejas sin respuesta

Para parar el proyecto, las denuncias y las alegaciones se han presentado ante difentes estamentos: Seprona, Guardia Civil, Ayuntamiento de Villamena y Junta de Andalucía. Y las respuestas, de momento, han sido escasas. El Ayuntamiento de Padul, afectado por la línea de evacuación que atraviesa su municipio, asegura que ha paralizado parte de las obras en su término municipal, mientras Villamena se niega a dar explicaciones a preguntas de este medio. Por su parte, el Ejecutivo andaluz confirma que hace dos semanas se realizó una inspección conjunta con Seprona y que se están elaborando los informes correspondientes. A su vez, fuentes de la Delegación de Fomento afirman que solo cuentan con los informes de autorización, pero no profundizan más ni en las posibles infracciones ni en medidas correctoras.

“El Ayuntamiento de Villamena se esconde tras la burocracia”, lamenta Villodres. “A los ayuntamientos les llega toda la documentación, pero no actúan, aunque legalmente todo lo que pasa en un municipio depende de ellos. Es un argumento cómodo, pero falso”. El investigador recuerda que cuando una obra privada excede los límites autorizados en cualquier construcción, la reacción es inmediata. Sin embargo, en este caso, las denuncias -presentadas tanto por cuestiones urbanísticas como medioambientales- siguen sin respuesta.

Por su parte, Grupo Cuerva defiende que “el proyecto está en fase de construcción y aún no se han implementado las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en la AAU. Todas las actuaciones se ajustarán al proyecto autorizado y es falso que se haya producido un daño irreparable o ocupación de caminos no autorizados”. La empresa insiste en que actúa con transparencia y respeto a la legalidad y al medio ambiente, y que su compromiso con las comunidades locales es total.

En todo caso, el parque eólico Barranco del Agua I forma parte de un despliegue mayor de aerogeneradores proyectado en toda la comarca, conectando municipios como Buñola, Escuza y Albuñuelas hasta la subestación de Las Gabias. Los vecinos denuncian que esta expansión la logran fragmentando proyectos más grandes para simplificar la aprobación administrativa y no tener que recurrir al Ministerio de Transición Ecológica, un recurso que reduce la percepción de impacto ambiental y facilita la tramitación. “Se presentan varios proyectos pequeños en lugar de uno grande y así se evade un control más estricto”, explica Villodres.

Antonio y María José están intentado visibilizar el problema mediante vídeos, fotografías aéreas y solicitudes de información, pero señalan que la falta de transparencia y participación ciudadana convierte a la comarca en un laboratorio de renovables donde la prioridad parece ser la rentabilidad económica: “El alcalde de Villamena reconoció que han recibido 700.000 euros en licencias de obra. Es mucho dinero para un municipio pequeño”, desliza Luis Villodres, apuntando al potencial conflicto de intereses.

Daño ecológico

Pero más allá del dinero y de los metros cuadrados ocupados, los denunciantes insisten en la fragilidad ecológica del área. La zona donde se instalan los aerogeneradores alberga especies de fauna y flora protegidas y está cerca de humedales estratégicos para la migración de aves. La intervención humana, incluso temporal, altera gravemente el equilibrio de estos ecosistemas. “No pedimos que se paralice la energía renovable. Pedimos que se haga de manera legal, respetuosa y con participación de quienes vivimos aquí”, concluye María José.

En Villamena, Padul y el resto del Valle de Lecrín, la tensión entre el desarrollo energético y la conservación ambiental no es nueva. Pero lo que diferencia a este caso con el resto es la combinación de una ocupación excesiva de suelo, vías pecuarias inutilizadas, los ecosistemas afectados y la falta de control sobre las obras. Los vecinos esperan que las inspecciones y la presión mediática logren que se cumpla la legalidad, que se respete el monte y que sean consultados antes de convertir su territorio en un “territorio de sacrificio” para las renovables.