Una plataforma de Granada denuncia al presidente de la Confederación del Guadalquivir por un presunto delito contra el medio ambiente

La Plataforma en Defensa del Río Castril y el Ayuntamiento de Castril (gobernado por un partido independiente) han presentado una denuncia en la Fiscalía de Granada contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez. Dicha asociación, con el apoyo consistorial, entiende que el máximo dirigente de este organismo podría haber cometido un presunto delito contra el medio ambiente al no actuar contra la presencia de pozos ilegales en la comarca del Altiplano de Baza que están “secando” la zona, a juicio de los denunciantes. Sin embargo, desde la CHG rechazan “de plano” las acusaciones.

No es la primera vez que esta plataforma, integrada por medio centenar de personas, presenta una querella contra la CHG, pero sí es la primera que se dirigen directamente contra Páez. Además, no es la única persona a la que denuncian, sino que Alejandro Rodríguez, comisario de la confederación, también es señalado por los activistas como colaborador necesario por no evitar la sobreexplotación de los acuíferos de la zona debido a la “omisión continuada de la potestad de policía frente a los pozos ilegales”.

Según fuentes de la plataforma, la denuncia es la consecuencia de una serie de actuaciones que han ido en “perjuicio” de las reservas de agua de la comarca: “Después de las diferentes reuniones mantenidas en el territorio, así como con el Secretario de Estado de medioambiente, Hugo Morán, en la que se llegó a un acuerdo de mínimos y se instó al presidente de la CHG, Joaquín Páez, a la puesta en marcha un Plan de Recuperación de los acuíferos de Baza y una comisión Ciudadana de Seguimiento y habiéndoselo solicitado igualmente por escrito posteriormente en junio del 2023, nos vemos en la necesidad de acudir ante la Fiscalía denunciando los hechos que pueden ser constitutivos de un delito ecológico”.

1.000 hectáreas en riego irregulares

Desde la CHG niegan “de plano” las acusaciones de esta asociación y del Ayuntamiento de Castril sobre la dejación de funciones y recuerdan que todas las actuaciones se basan en lo previsto en el Plan Hidrológico de la cuenca para el periodo 2022-2027. Indican que es un marco normativo “aprobado tras las consultas públicas” de toda la documentación y que recibió “un amplio respaldo de los agentes implicados en la gestión del agua de la demarcación y a nivel nacional”. Afirman que se han realizado “un total de 32 inspecciones, que han supuesto la detección de 1.000 hectáreas en riego de forma irregular, 13 pozos y 15 balsas presuntamente ilegales”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señala que se han incoado 21 denuncias y 15 expedientes sancionadores. Así mismo, se han adoptado “4 medidas cautelares: 2 ya ejecutadas, relativas al riego total de 183 hectáreas y 2 pozos que han sido clausurados; y otras 2 a ejecutar en la próxima semana, que afectarían a 432 hectáreas y a otros 2 pozos”. Según el organismo, la presente campaña acabará con 19 inspecciones más que representarán un total de 881 hectáreas de terreno vigiladas. No obstante, desde la plataforma, aseguran que en esa zona hay más de 500 pozos ilegales.

Un tercio de hectáreas irregulares

Para la asociación, estos argumentos implican que la CHG está reconociendo que al menos un 30% de la superficie es ilegal porque se han inspeccionado más de 3.000 hectáreas de regadío y 1.000 de ellas “son irregulares”. Por otro lado, estiman que “públicamente no se ha hecho nada” ya que, dicen, no hay un plan para la recuperación de los acuíferos. “La sobreexplotación se tiene que arreglar con una buena gestión”, señala Miguel Ortiz, portavoz de esta asociación. Y esa solución no pasa, según esta plataforma, por el trasvase del río Castril para recargar las reservas acuíferas. Un proyecto polémico por el que también han presentado una serie de denuncias y reclamaciones ante la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ortiz asume que desde la CHG “quieren premiar a los que se están llevando el agua, en vez de hacer una buena gestión y paralizar todos los pozos y demás, quieren premiarlos creando la infraestructura de entubamiento del río Castril para recargar los acuíferos que están permitiendo su sobreexplotación”. De ese modo, “justifican la necesidad de agua en Baza” porque se están retirando recursos hídricos de forma “descontrolada”. En la plataforma fijan su preocupación, sobre todo en el hecho de que el plan hidrológico “pospone a 2027” la recuperación de los acuíferos, pese a que más del 60% de los que hay en la zona están “sobreexplotados”.

“Cuesta entender la beligerancia con la que se está actuando en los acuíferos que afectan a Doñana por parte del Ministerio de Transición Ecológica y la propia CHG y que en el Altiplano de Baza sigan mirando para otro lado”, lamentan desde la plataforma. De hecho, ponen como ejemplo la desecación que está sufriendo el río Guardal, ubicado en la misma cuenca, porque no se están poniendo límites a las “grandes explotaciones” de la “agro-industria” que se han instalado en la cabecera de dicho arroyo.

También asociaciones ecologistas como WWF ponen el foco en la mala utilización de las políticas para proteger el territorio. Alberto Adena, portavoz en WWF España, señala que la “ley del agua no es suficiente para recuperar las aguas internas del país”. Al respecto, cree que la situación se puede extrapolar a muchas zonas donde el mal uso de los recursos está “secando” acuíferos como el del Altiplano de Granada, algo similar a lo que ocurre en lugares como Doñana. “La ley es un coladero que permite hacer pozos pequeños sin permiso, lo que deja a las confederaciones hidrográficas sin demasiado margen”. En el caso concreto de Granada, como la plataforma, cree que la solución no puede pasar por trasvasar agua desde el río Castril, sino controlar que no se “sobreexplote” el agua interna.