Trabajadores del 112 de Granada se movilizan para que la Junta asuma el servicio y ponga fin a su precariedad

Los 40 trabajadores del 112 de Emergencias de Granada exigen a la Junta de Andalucía que mejore sus condiciones laborales. Según denuncian, tienen empleos precarios por la sobrecarga de tareas que asumen y por culpa de un sueldo que es mileurista y que no tiene apariencia de mejorar a corto plazo. El motivo de estos males, explican, es que el Ejecutivo tiene externalizado el servicio en empresas que no cumplen los pliegos de condiciones y los pone en una situación de desigualdad con respecto a otras provincias de Andalucía. Quieren que el Gobierno andaluz se haga cargo del 112 y no lo subcontrate más, pero la Junta dice que vigilan que las empresas cumplan con el contrato suscrito con la Administración y que, hasta ahora, se está haciendo.

Sin embargo y para reivindicarse, los trabajadores, que no son funcionarios públicos, sino empleados de una empresa privada subcontratada, llevan semanas protagonizando movilizaciones frente a la sede del Ejecutivo regional en Granada y este 2 de diciembre vuelven a sacar sus pancartas para insistir en sus reclamaciones. Lo hacen porque dicen que llevan 20 años trabajando en un sistema que, lejos de mejorar, no ha hecho más que precarizarse. Desde el sindicato CSIF, el único que tiene representación en el 112 granadino, apuntan directamente a las empresas subcontratadas como las responsables de que los trabajadores tengan unas condiciones laborales poco dignas. Hasta ahora, la Junta tenía cedida la gestión del 112 en Andalucía a Ferrrovial Servicios, pero esta entidad ha sido recientemente adquirida por el fondo de inversión Portobello Capital, lo que llena de más incertidumbre a los profesionales que trabajan para atender las emergencias telefónicas de los andaluces.

El servicio 112 fue creado por la Unión Europea en 1991 con el objetivo de unificar las emergencias a nivel continental y facilitar así que cualquier ciudadano pueda acceder a una ayuda urgente independientemente del país. En España, cada comunidad autónoma es la responsable de gestionar el sistema a nivel regional y algunas, como es el caso de Andalucía, lo tienen externalizado desde hace años. Lo que ocurre en tierras andaluzas es que el gran tamaño de la comunidad hace que haya dos centros territoriales, uno en Sevilla y otro en Málaga, que son los que criban las llamadas y las derivan al lugar en el que sea necesaria la atención. El problema es que, según los trabajadores, las condiciones laborales son distintas en cada provincia, a pesar de pertenecer a la misma empresa, lo que crea desigualdades que afectan incluso a la salud de los profesionales.

Asumir la gestión

Marina Tejero, responsable de Empresa Privada de CSIF Granada, recuerda que lo que piden los empleados del 112 se resolvería “si el servicio lo gestionara la Junta de Andalucía”. Al ser el primer eslabón de la cadena asistencial que sucede en cada emergencia, considera que deben ser mejor tratados porque un fallo suyo implica que todo el sistema pueda colapsar y no se pueda establecer la ayuda adecuada. En el caso de Granada, según Tejero, hay un “exceso de trabajo”. A pesar de que hay dos centros territoriales en Sevilla y Málaga, si el servicio sufre un fallo informático, Granada se usa de comodín. “Por ejemplo, si hay un fallo de Cádiz, las llamadas les entran a ellos también. Incluso durante las llamadas por la Covid, también pasa que las emergencias de lo que no cubren otras provincias, las cubren ellos”.

Un trabajo “extenuante” con el que apenas perciben 1.000 euros de sueldo neto al mes. Una retribución que es mayor en otras provincias, llegando a haber una desigualdad “de 300 a 400 euros”, aseguran. “Llevan cobrando lo mismo desde hace 20 años porque tienen un sueldo base con unos complementos que se han ido absorbiendo con el tiempo”. Según Stéphanie Arderíus, trabajadora del 112 de Granada, el bajo sueldo se explica de la siguiente forma: “Se cobraban 600 euros, añadieron 400 y en eso se ha quedado. Con pagas extras prorrateadas, sin trienios de antigüedad, sin poder acudir al médico si de pronto te sientes enfermo sin que te quiten dinero de la nómina, porque no se asumen los tres primeros días”. De ahí que los trabajadores consideren que, al tener el salario congelado desde hace dos décadas, sus condiciones laborales sean precarias si se tiene en cuenta la carga de trabajo que padecen.

Además, “una parte del personal lleva encadenando contratos precarios durante más de 15 años” y algunos no han sido contratados hasta que ha habido inspecciones de trabajo. Por si fuera poco, denuncian que el convenio por el que se rigen afecta al bolsillo porque les aplican el mismo que tiene un trabajador de telemarketing (Call Center), con la diferencia de que estos cobran pluses y complementos por los productos que consiguen vender. “Pero en el 112 no hay mejoras (porque en el 112 no se vende nada). El plus de nocturnidad supone poco más de un euro por hora/noche y los festivos nacionales y fines de semana están muy lejos de parecerse a los percibidos por el personal de emergencias de otros servicios”, explica Stéphanie Arderíus.

Todo ello deriva en un estrés laboral que pone en peligro el correcto funcionamiento del servicio y, por lo tanto, la vida de quienes lo necesitan. “¿Qué sucedería si un gestor del 112 que toma nota de un aviso y debe enviar los recursos de asistencia, no logra una correcta ubicación de la incidencia y envía los recursos al lugar equivocado? La pérdida de una vida, o varias, no es en absoluto ridícula y no se puede considerar a este servicio como tal, ninguneando a los trabajadores con la responsabilidad que los gestores y las gestoras asumen a diario”. Por otra parte, se ha puesto en marcha una nueva función que obliga a los trabajadores a estar de guardia al menos tres meses al año durante 24 horas sin que perciban ningún extra salvo que reciban una llamada y por lo tanto trabajen. Es decir, han de estar disponibles siempre cuando estén dentro de ese servicio extraordinario y no por ello cobran.

Denuncia que tienen que hacer funciones tanto de centro regional y como de centro provincial al mismo tiempo. “Esto supone una carga adicional del trabajo. Es como pretender que con un equipo de enfermeros y médicos, ocasionalmente usemos a los médicos para hacer algunas tareas de enfermeros y a los enfermeros para hacer algunas tareas de médico. Es decir, que estén frescos y controlen sin fallos lo de unos y otros y además, que lo hagamos sin que medie remuneración alguna”, lamenta la trabajadora.

Arderíus también recuerda que el PP, cuando estaba en la oposición, votó a favor de una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía para la creación de una Agencia de Emergencias 112 junto con el INFOCA. “Todos los trabajadores cumplen con la exigencia de la Junta de adquirir la titulación como Gestores de Atención Telefónica en Emergencias 112, ahora falta que la Junta de Andalucía cumpla con su promesa... Aprobaron la PNL y ahora que la lleven a cabo y no incluyan al personal del 112 de nuevo como personal subcontratado”.

Al respecto, la Junta de Andalucía se limita a recordar que el servicio está externalizado “a una empresa por concurso público, tal y como prevé la Ley de Contratos del Sector Público” y que vela porque las subcontratas cumplan con lo pactado con la Administración. Además, sobre la venta de Ferrovial a Portobello dicen que no pueden “ni deben entrar”. “En este sentido, la Junta de Andalucía, a través de sus funcionarios públicos, ya sea con Ferrovial o con Portobello, seguirá ejerciendo y velando por el cumplimiento del contrato en los términos establecidos en la licitación pública con la misma diligencia que hasta ahora, tal y como le corresponde en el ámbito de sus funciones”.