Una veintena de personas fueron agredidas en 2013 al intentar documentar actuaciones policiales
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrada en Andalucía por el grupo de juristas 17 de marzo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la federación andaluza Enlace ha presentado su informe anual sobre 'Las torturas y los malos tratos en Andalucía', en el que se recogen 36 situaciones en las que se produjeron agresiones o malos tratos por parte de funcionarios públicos y que afectaron a un total de 76 personas privadas de libertad o en la propia detención.
En el informe de 2013 destaca CPDT que se han reducido tanto el número de personas afectadas como de casos respecto al informe del año anterior, si bien no deduce que haya habido una reducción del fenómeno de la tortura sino que ha recibido menos denuncias. De hecho, según advierte CPDT en una nota de prensa, el miedo a sufrir represalias, la desconfianza en los tribunales de justicia e instituciones, junto a la agudización de la crisis económica han influido en la disminución en el número de denuncias presentadas. “Pero mucho nos tememos que la reducción del número de denuncias no conlleva una reducción del número de situaciones”, concluyen.
El número de denuncias en relación a la población andaluza es ligeramente inferior a la media estatal, donde se produjeron 252 situaciones y 526 personas afectadas. Mientras en Andalucía se produjeron 9,06 denuncias por millón de habitantes, en España hubo 11,48 denuncias.
Según la CPDT, se mantiene la tendencia observada en años anteriores en cuanto a no denunciar las agresiones sufridas por las personas que participan en distintas movilizaciones sociales. Ello se debe, según muchos de los testimonios recibidos, al temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de Policía y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones. Advierte la CPDT el incremento de años anteriores de denuncias en movilizaciones fueron las que elevaron el número de denuncias.
Este año, además, 17 personas fueron agredidas al intentar documentar las actuaciones policiales (algunas eran periodistas, otras particulares). Una de ellas tuvo lugar en la localidad gaditana de San Roque cuando C.J., periodista de la televisión local, denunció haber sido agredido por un agente de la Policía Local el 23 de octubre de 2013 cuando intentaba efectuar un reportaje sobre los controles policiales en un polígono.
Mención especial a la 'Frontera Sur'
Otros profesionales que formularon denuncias por haber sido agredidos por agentes fueron los abogados mientras ejercían o esperaban para ejercer sus funciones. En concreto, se recogen los hechos acaecidos el 2 de febrero en Sevilla por la Policía Nacional y 31 de diciembre en Ayamonte (Huelva) en la Guardia Civil.
Las denuncias en las prisiones no han cesado, alerta la CPDT, y continúan produciéndose, recogiéndose situaciones en la prisión de Sevilla II-Morón, dos en las de Córdoba y una en la de Sevilla.
Como en años anteriores, CPDT explica que no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2013, ya que algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada.
También, refleja el informe, hay que tener en cuenta que un importante número de casos detortura o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o funcionarios de Instituciones Penitenciarias no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes o presas.
El informe de este año incluye un especial sobre 'Frontera Sur'. La CPDT destaca el uso de material antidisturbios en la lucha contra los migrantes y muy especialmente los acontecimientos del pasado 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta, con la muerte de al menos 15 personas durante la actuación de la Guardia Civil para evitar un intento de entrada por vías irregulares a territorio español, y la desastrosa gestión posterior de los hechos por parte del Gobierno español.
De igual forma, la CPDT considera preocupante el intento de buscar un 'paraguas' político-jurídico para justificar las conocidas como 'devoluciones en caliente' a través de la supuesta cobertura del tratado bilateral hispano-marroquí, de “inverosímiles redefiniciones del concepto frontera (las inexistentes 'tierras de nadie', la idea de que no se entra en territorio español hasta que se supera el último obstáculo fronterizo material o humano…) todo lo que facilita la práctica de la tortura por las fuerzas marroquíes”.
La CPDT infoma por último de que, en España, entre el año 2001 y 2012, se han conocido un total de 752 sentencias condenatorias por tortura o malos tratos, tanto por delitos (379) como por faltas (373), haciendo constar que desde la denuncia a la sentencia transcurre una media de entre 5 y 6 años. En Andalucía, el número de sentencias condenatorias fue de 127.
