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La cúpula de IU da por zanjada la crisis: “La actuación ha sido legal, justa y verdadera”

PSOE e IU llegan a un acuerdo en Andalucía

Néstor Cenizo

Málaga —

“Buenos días. La normalidad ha vuelto al gobierno de la Junta de Andalucía”. Antonio Maíllo, coordinador de IU Andalucía, ha explicado esta mañana el acuerdo alcanzado de madrugada con el PSOE y que ha servido para que la coalición recupere las competencias en materia de vivienda que le habían sido retiradas el pasado jueves. La devolución se ha formalizado con la publicación de un decreto en el BOJA esta misma mañana. En un acto de precampaña electoral celebrado en Málaga, Maíllo y el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, han insistido en que la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda en la crisis motivada por el desalojo de la Corrala La Utopía, en Sevilla, ha sido “impecablemente legal”.

“La actuación ha sido legal, ha sido justa y ha sido verdadera. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero”, ha dicho Cayo Lara. “No había nada que modificar porque todo era correcto”, ha resaltado, por su parte, Antonio Maíllo. Cuando se le ha cuestionado por las dudas sobre la legalidad del realojo de las familias, Maíllo ha explicado que las ocho familias ya realojadas seguirán en esa situación transitoria. Pero ante la duda de qué ocurrirá con las nueve familias restantes, ha sido menos explícito: para aquéllas “había buscar otras soluciones, y se va a hacer”.

“La causa de la actuación urgente viene determinada porque un juez dice que las administraciones públicas están para esto, para atender a la gente que lo necesita”, ha reiterado el líder de IU Andalucía. “No se han adjudicado viviendas, sino que se ha hecho un realojo transitorio que atiende a situaciones de excepcionalidad”, ha insistido. El realojo transitorio estaría amparado por el artículo 20 de la Ley de Función Social de la Vivienda y en el Reglamento de los Registros Municipales de Vivienda, que, según Maíllo, establecen esa posibilidad para situaciones de excepcionalidad: “Se produce un realojo transitorio, y después esas familias, como cualquier hijo de vecino, se incorporan a las listas para el proceso de adjudicación de viviendas, con los puntos que se merezcan”. Además, ha insistido en que el auto que ordena el desalojo ordena a las administraciones a que “provean lo necesario en aquellas situaciones con menores o familias en riesgo de exclusión social”.

La crisis por el realojo de las familias de la corrala La Utopía ha puesto en peligro el pacto de gobierno entre PSOE-A e IU, “suspendido momentáneamente” a mediodía del viernes. Durante toda la tarde se celebraron reuniones que concluyeron, ya de madrugada, con la recuperación de las competencias en materia de vivienda para la consejería de Fomento, que encabeza Elena Cortés. Maíllo prefiere no hablar de “vencedores y vencidos” tras la crisis, aunque ha asegurado que la situación se ha resuelto “conforme nosotros planteábamos: se ha modificado un decreto que no tenía que haber salido”.

Maíllo ha definido la labor de Elena Cortés como “sobresaliente” y ha llamado a “seguir haciendo política con mayúsculas”. “Estamos muy satisfechos, evidentemente; se han restituido las competencias que no se tenían que haber quitado y se ha atendido a los vecinos que necesitaban un alojamiento por mandato judicial”, ha argumentado. El coordinador de IU Andalucía ha insistido en que el gobierno de la Junta demuestra que se puede hacer política “de otra forma”. “La política se legitima con trabajo: obras son amores y no buenas razones”.

Ambos han tenido también palabras para el Partido Popular, que “se ha quedado con la miel en los labios”, según Maíllo. “Es el causante de todo esto: hacen una operación cuando estaba a punto de cerrarse un acuerdo para una solución transitoria”, ha dicho. Cayo Lara ha pedido al Gobierno que retire los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto y la ley de vivienda promulgados por la Junta de Andalucía. De la misma forma, ha solicitado que las viviendas del SAREB pasen a formar parte de un banco público de viviendas.

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