La jueza Núñez Bolaños contraataca y denuncia a los fiscales que la acusaron de “desatender” el caso de los ERE

María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que se encargó de investigar el caso de los ERE, ha decidido contraatacar a quienes dudaron de su labor y ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que pide la apertura de un expediente disciplinario contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los seis fiscales de la delegación de Anticorrupción en Sevilla que la acusaron de un “retraso injustificado” en varias macrocausas, entre ellas el caso de los ERE. Hace justo un año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó aquella denuncia de Anticorrupción contra la jueza y defendió su instrucción “correcta, ágil y ordenada”.

Doce meses después, y según adelantó El Independiente, Bolaños no quiere que la cosa se quede solo en el respaldo del órgano de gobierno de los jueces y ha acudido a la Fiscalía para que aquellos que pensaron y difundieron que estaba “desatendiendo” voluntariamente casos en los que dirigentes de la Junta de Andalucía estaban siendo investigados puedan ser también, de algún modo, investigados.

Desde el pasado mes de septiembre, Bolaños sigue como titular del juzgado cuyas riendas cogió a mediados de 2015 pero sin poder seguir investigando las citadas macrocausas que, ya desde el primer momento, no le fue fácil abordar porque su antecesora, Mercedes Alaya, no quiso cedérselas en un principio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó hace unos meses el acuerdo alcanzado entre Bolaños y el juez de adscripción territorial José Ignacio Vilaplana, quien ejerce labores de refuerzo desde 2016, para el reparto definitivo de competencias y que la alejaron de dirigir dichas investigaciones, en manos ahora definitivamente de Vilaplana. Aquella decisión se tomó apenas unos días después de que la Comisión Permanente del CGPJ tomara conocimiento del archivo del expediente a la jueza. “La instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables”. Antes, abogados del caso ERE habían salido en defensa de la jueza Bolaños, calificando la denuncia de la Fiscalía como “auténtico desatino”.

Núñez Bolaños llegó pisando fuerte, en junio de 2015, dejando sin efecto uno de los autos de su antecesora, que tampoco se lo puso nada fácil en su aterrizaje en el juzgado de los ERE: dijo que en ella no se daban “las máximas de seriedad y rigor necesario” y que mantenía una “estrecha amistad” con el entonces consejero de Justicia, el socialista Emilio de Llera, poniendo en duda su imparcialidad. La 'respuesta' de María Núñez fue, apenas unos días después: acordar la histórica división en piezas del caso de los ERE, en contra del criterio mantenido por Alaya durante varios años. El CGPJ, a propuesta del TSJA, que en principio dejó a Alaya seguir instruyendo las causas, apartó luego de todas las macrocausas a Alaya, que ya disponía de su plaza en la Audiencia. El PP, acusación particular en todos esos casos judiciales (ERE, cursos de formación, Faffe, avales y transferencias de la agencia IDEA), desde entonces ha puesto en duda, como hizo Alaya, la profesionalidad de Núñez en un serial de desencuentros a los que salió al paso finalmente la Audiencia el año pasado, calificando de “incomprensibles” las acusaciones de los populares, que han tratado de recusarla repetidamente.

Cabe recordar que a finales de 2016 el CGPJ acordó el archivo de las denuncias presentadas por el PP andaluz contra la jueza por el caso de los cursos de formación. En aquella ocasión había sido denunciada por haber incurrido supuestamente en falta de motivación de las resoluciones judiciales. El PP había promovido una recusación “administrativa” de la jueza pero el CGPJ la rechazó por ser “algo inexistente y ajeno” al ordenamiento jurídico español. El CGPJ también archivó la denuncia del PP-A contra Núñez por la supuesta filtración del archivo del caso de la formación.

La jueza María Núñez tomó en primera instancia muchas decisiones diferentes a las de su antecesora, que llevaba 17 años como titular en el juzgado y que en junio de 2015 tomó posesión de su cargo como magistrada de la Audiencia (en la misma sección que conocía los recursos del caso ERE), entre ellas permitir grabar las comparecencias en el interior del juzgado o anular, nada más llegar, el auto que imputaba a dos exconsejeros en el caso de la formación.