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VÍDEO | Los sindicatos se movilizan contra la “criminalización de la protesta” el 18 de febrero

Juan Miguel Baquero

 

Unos 300 trabajadores están inmersos en procesos judiciales por ejercer el derecho a huelga en toda España, según las organizaciones sindicales. Las causas acumulan peticiones, en total, de 122 años de cárcel. Por este motivo, CCOO y UGT convocan el 18 de febrero manifestaciones en todas las capitales de provincia, dentro de la denominada Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho a huelga, iniciativa de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El desequilibrio en la balanza es evidente, informan los sindicatos. Por un lado, centenares de empleados que sufren la “criminalización del derecho a huelga”. 15 de ellos son andaluces, 13 sevillanos. Por otra, “ningún proceso abierto a ninguna persona por ejercer de contra piquete”. “Ningún empresario”, sostienen, juzgado “por evitar el derecho a huelga”.

Casos como el de Tamara y Ana, dos gallegas condenadas a tres años de cárcel por protestar, son un ejemplo. O el de Carlos y Serafín, trabajadores sobre los que pesa la misma pena tras ser denunciados por la policía después de participar en un piquete durante una huelga de transporte de mercancías. Y, en Andalucía, el de Carmen y Carlos, juzgados y condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Acción global “en defensa de las libertades”

De ahí, la manifestación En defensa de las libertades y del derecho a huelga –en Sevilla parte de Plaza Nueva a las 18:30 horas y finaliza en las Setas de la Encarnación– está enmarcada en el calendario de movilizaciones designado por el CSI. Será “un día de acción global” para defender derechos “atacados por grupos de empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, dice el organismo sindical internacional.

Este “bloqueo” desde algunas organizaciones empresariales supone, según UGT y CCOO, “una ofensiva contra el derecho a huelga” para “acallar la protesta social”. Un “recorte en las libertades públicas”, dice el secretario general de UGT en Sevilla, Juan Bautista Ginés, alimentado “por la reforma del Código Penal y la 'ley mordaza'”. Los trabajadores están “en una situación muy delicada debido a las nuevas leyes que el Gobierno del PP ha provocado”.

Y estas sanciones “por ejercer un derecho fundamental, por ejercer libremente un piquete y luchar dentro de la reglamentación”, convierten a los empleados “en delincuentes”. De los 300 trabajadores “de distintos oficios afectados” a nivel nacional, “el 80% ya está directamente encausado”, apunta Ginés. Como “ocho compañeros de Air Bus en Sevilla a los que piden 66 años de cárcel”, empresa donde el mismo día 18 habrá “una concentración de apoyo”.

“Vamos a manifestar nuestra disconformidad con esta situación que nos está hipotecando”. Además, continúa, “los piquetes son instrumentos de difusión y publicidad de una huelga, recogidos y garantizados constitucionalmente” y que están, por lo tanto, “dentro de la ley”, subraya.

“Ya bastante tenemos con la reforma laboral planteada por Rajoy” que ha provocado, señala UGT, “que haya trabajadores pobres”. Para el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, “esta convocatoria a nivel mundial con sindicatos de más de 170 países” defiende “derechos fundamentales que están corriendo peligro no sólo en España sino también en otros países”.

Esto “añadido a la 'ley mordaza' que quiere imponer el Gobierno de la nación demuestra la importancia de la manifestación” convocada. “Nos jugamos mucho”, subraya, incluso “la posibilidad de manifestarnos libre y pacíficamente”. “En el mismo código penal dice de penalizaciones a empresarios, a quienes impidan el derecho de huelga” aunque, según Vidán, “no hay ningún proceso a ninguna persona por ejercer de contra piquete”. “Lo que nos sirve ahora –precisa CCOO– es que se retire un artículo, el que se está aplicando para criminalizar la protesta, y que no se aplicaba desde la dictadura”.

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